La FTCIODyARA denunció que el gobierno de Javier Milei busca criminalizar la protesta social tras la denuncia impulsada por Patricia Bullrich contra el secretario general de ATE. Reclaman respeto a los derechos constitucionales y llaman a un plan de lucha contra la reforma laboral y la persecución sindical.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) expresó un enérgico repudio a la denuncia penal presentada por el gobierno nacional contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La acción judicial, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se enmarca en la previa de la jornada de paro y movilización que el gremio estatal realizará este miércoles 19 en reclamo de aumentos salariales, la detención de los despidos y el freno a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Desde la organización sindical sostienen que la denuncia constituye un nuevo capítulo en la ofensiva gubernamental contra el derecho a la protesta y la organización gremial. “Las excusas no ocultan que el gobierno nacional persigue a Aguiar porque defiende los derechos de las y los trabajadores estatales”, señalaron, remarcando que el dirigente “cumple su deber fundamental” al representar a sus afiliados en un contexto de ajuste y recortes.
La FTCIODyARA apuntó además contra la doble vara de los funcionarios del actual gobierno, recordando que muchos de ellos —incluida Bullrich— protagonizaron fuertes manifestaciones durante gestiones anteriores. Entre ellas, las marchas opositoras durante la pandemia, el respaldo político a la empresa Vicentin tras el fraude millonario al Estado, y la participación en las protestas de la Mesa de Enlace en 2008, cuando los cortes de ruta y el desabastecimiento se extendieron durante cien días.
“Pero ahora que son gobierno, les parece un delito el ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta, a la libertad de expresión y a la huelga. Quien protesta de pronto es ‘golpista’”, denunciaron.
El comunicado también alerta sobre la intención oficial de avanzar contra quienes encabezan reclamos laborales: “Quieren encarcelar a un trabajador, a un dirigente que defiende los derechos de la clase trabajadora castigada por las políticas económicas de este gobierno”.
Frente a este escenario, las y los aceiteros y desmotadores expresaron su solidaridad con Aguiar, con ATE Nacional y con todos los dirigentes gremiales perseguidos por el gobierno. Además, exigieron que el Ejecutivo respete los derechos garantizados por la Constitución, en especial el derecho de huelga, y convocaron a la CGT y a todas las centrales sindicales a iniciar un plan de lucha unificado contra la reforma laboral y la criminalización de la protesta.
