A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo estableció los criterios de acceso y control para las Pensiones No Contributivas, cumpliendo con un fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la ley sancionada en 2025.
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, una decisión que marca el inicio de un nuevo esquema operativo para las políticas de inclusión y seguridad social en el país. A través del Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, se establecieron los criterios de acceso y permanencia para un renovado sistema de Pensiones No Contributivas, cumpliendo así con la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793.
La medida pone fin a la parálisis de la norma, cuya ejecución había sido suspendida previamente por el Poder Ejecutivo alegando falta de recursos. Sin embargo, el juez federal Adrián González Charvay declaró la invalidez de dicho freno, advirtiendo que condicionar los derechos de las personas con discapacidad a la disponibilidad presupuestaria resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales. En consecuencia, el nuevo decreto define con precisión los mecanismos de control, procedimientos administrativos e incompatibilidades con otros beneficios, buscando compatibilizar la protección estatal con la inserción laboral.
Uno de los cambios más significativos de la reglamentación es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esta figura implica la conversión de oficio de todas las prestaciones otorgadas con anterioridad, lo que obliga a la autoridad de aplicación a iniciar un proceso de identificación y verificación de las condiciones de miles de beneficiarios actuales. Asimismo, el texto dispone la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad a la estructura del Ministerio de Salud, bajo una concepción que busca integrar la atención sanitaria con la protección económica y social.
En términos de implementación federal, la normativa instruye a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para unificar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar, en un plazo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. Estas acciones se desarrollarán mediante convenios de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La emergencia, que entró en vigencia el pasado 3 de febrero, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con la facultad del Ejecutivo de prorrogarla por un año más si las condiciones lo requieren.
