El economista Jorge Marchini alertó sobre la «excusa» de los precios internacionales y la desprotección del mercado interno tras la derogación de la Ley de Abastecimiento por el Decreto 70/2023.
En un contexto de asfixia para los sectores productivos, una coalición de entidades empresarias nacionales presentó una carta abierta al Presidente Javier Milei denunciando una política económica «abiertamente antiproductiva». El documento advierte que, mientras el Gobierno se vanagloria de una supuesta mejora en los indicadores, la realidad incontrastable es un abrumador empeoramiento para la mayoría de los habitantes, con una caída estrepitosa del mercado interno y una apertura importadora que liquida miles de fuentes de trabajo.
Carta abierta- al Pte. J. Milei- de entidades empresarias nacionales- 100426
En declaraciones a FM La Patriada, el economista Jorge Marchini desmanteló el discurso oficial que sostiene que «el peor momento ha pasado». Para el especialista, el país atraviesa una crisis de costos profunda: «La realidad es que hay una descomposición de la capacidad de costo en Argentina; producimos un millón 300 mil toneladas de urea, pero se borra su precio local porque el mercado interno está muy golpeado». Marchini señaló en el programa A Quemarropa que, a pesar de contar con alimentos baratos y condiciones excepcionales en agro, minería y petróleo, la renta diferencial se la llevan sectores concentrados mientras el pueblo paga precios de guerra.
Marchini también apuntó contra las justificaciones del equipo económico sobre la inflación, calificándolas de maniobras distractivas. «El nivel de desocupación está creciendo y la nueva excusa ahora es el tema internacional por el aumento de los precios. Argentina es un país ganador en precios internacionales pero la sociedad está peor». Según el economista, la soberanía energética y alimentaria del país debería permitir amortiguar estos impactos, pero el Gobierno ha decidido políticamente no hacerlo, permitiendo que la codicia de los sectores concentrados dicte el ritmo de la economía.
Finalmente, tanto el informe técnico como la misiva de las PyMEs exigen al Congreso declarar la emergencia productiva y social para frenar lo que consideran un abismo inminente. El punto de quiebre institucional se sitúa en la derogación de la Ley de Abastecimiento a través del Decreto 70/2023, una medida que Marchini y las entidades tildan de «increíble y abiertamente inconstitucional». Sin esta herramienta, el mercado interno queda desprotegido ante conductas especulativas, profundizando una crisis donde, según el texto, «la estadística no esconde que muchos comen un pollo, pero a la mayoría ni siquiera le alcanza para olerlo».
