El FreSU advierte que el actual Salario Mínimo Vital y Móvil es el más bajo de la historia y equivale a apenas una octava parte de lo que exige la ley. Según el frente gremial, la licuación de ingresos bajo la gestión de Milei ya superó los 67 billones de pesos y forzó un endeudamiento masivo de los hogares.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) volvió a poner sobre la mesa la dramática brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el costo de vida en la Argentina. A través de un informe de su canasta básica, el espacio multisindical determinó que en junio pasado se necesitó un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $3.000.352 para garantizar las condiciones de vida que establecen el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
El monto exigido por el frente gremial, que nuclea a las tres centrales obreras, representa más de ocho veces el salario mínimo legal actual, el cual se ha consolidado en términos de poder adquisitivo como el más bajo de la historia argentina contemporánea.
Pérdida billonaria y hogares sobreendeudados
La investigación de los sindicatos le pone cifras concretas al impacto de las políticas económicas de Javier Milei. Desde el inicio de la gestión libertaria, los trabajadores perdieron 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales, un proceso de licuación que se aceleró en los últimos siete meses con una caída real del 6% en los haberes del sector público y del 5% en los del sector privado.
En promedio, el perjuicio patrimonial individual se traduce en una pérdida de 2,5 millones de pesos por cada trabajador privado y de 14 millones de pesos por cada estatal en lo que va de la gestión.
Frente a la imposibilidad de sostener los gastos cotidianos básicos con sus ingresos, las familias se volcaron masivamente al financiamiento informal y bancario. Como consecuencia, la deuda de los hogares creció en 46 billones de pesos y los niveles de morosidad se multiplicaron por cuatro en el último año, saturando por completo la capacidad de crédito de las familias.
Para justificar el monto reclamado, el FreSU detalló el desglose de lo que debería costar la cobertura de las necesidades vitales elementales que exige la ley para un hogar promedio: la canasta estimada contempla $650.867 para transporte, esparcimiento y vacaciones; $640.428 para una alimentación adecuada; $596.339 destinados a garantizar una vivienda digna; $365.553 para salud y asistencia sanitaria; $330.039 para previsión social; $268.502 para educación y $148.624 para vestimenta.
El FreSU, integrado por gremios de peso como la UOM, ATE, la Federación Aceitera y sindicatos docentes, ratificó su plan de lucha frente a lo que consideran un «plan de exterminio de la industria nacional» y un ataque directo a los derechos laborales elementales, insistiendo en que el salario mínimo debe volver a cumplir su rol de garante de una vida digna.
