Por Celina Calore
La sequía más aguda de los últimos sesenta años ha llegado a su fin. Sin embargo, sus consecuencias estarán presentes a lo largo del año electoral.
Por un lado, la merma de exportaciones agropecuarias estimadas en más de 20 mil millones de dólares impacta negativamente sobre una balanza comercial y, probablemente, revierta el superávit alcanzado el año pasado. Esto se suma a la situación crítica de reservas para hacer frente a las continuas presiones cambiarias que, pese a los controles existentes, tienen impacto en la economía interna a través de las brechas entre el tipo de cambio oficial y los financieros.
El doble impacto se completa por el lado fiscal, ya que las agroexportaciones representan el 65% de la recaudación por derechos de exportación. Según estimaciones del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), la merma de los ingresos fiscales por esta vía podría alcanzar 1 punto del PBI.
La falta de dólares para hacer frente a las distintas demandas de la economía argentina es un problema recurrente que ha inducido a frecuentes devaluaciones bruscas, y solo agravaron la situación preexistente. Es sabido que el traspaso a precios de estos saltos cambiarios exacerba la inflación y la pobreza, ejemplos de ello han sido la devaluación del 20% en enero de 2014 -que provocó un nuevo piso inflacionario cercano al 20% interanual- y las devaluaciones del 100% durante el 2018 -que elevaron dicho piso al 40% interanual-. En la Argentina de hoy, con 100% de inflación interanual y 40% de pobreza, parece no haber margen para una nueva devaluación, y evitarla es la tarea que se ha impuesto el Gobierno.
El actual contexto de vulnerabilidad cambiaria y el monitoreo constante del cumplimiento de metas asumidas con el FMI obliga a tener cierta audacia y creatividad en las medidas que busquen evitar un nuevo salto de la divisa norteamericana. La última revisión del organismo dio luz verde al desembolso de los 5.400 millones de dólares para el repago de la deuda con el mismo Fondo Monetario, a la vez que, considerando los efectos de la sequía, relajó la meta de reservas que debe cumplir el BCRA en el primer trimestre. No obstante, se mantuvo firme en cuanto a las metas fiscales y monetarias que deben cumplimentarse.
En ese sentido, el Ejecutivo dio a conocer durante la última semana ciertas estrategias por medio de las cuales se busca sopesar parte del impacto de la sequía sobre las cuentas fiscales y robustecer las reservas internacionales.
El preanuncio de un nuevo Dólar Agro es una reedición del Dólar Soja, ampliado a ciertas economías regionales entre las cuales se destacan arroz, vino, maní y cítricos. Esta medida implica ofrecerle al sector un dólar diferencial con una ventana de 30 días para el caso de la soja, buscando acelerar las ventas de aproximadamente 7 millones de toneladas que se retienen de la producción 2022. Para las economías regionales, la ventana sería de 90 días. El tipo de cambio ofrecido sería un 45% mayor al que hoy pueden acceder, ubicándose cerca de los $300.
El impacto de la aceleración de estas exportaciones se estima en un mínimo de 5.000 millones de dólares. Además de acumular reservas, el Estado aumentaría la recaudación vía retenciones a las exportaciones, ayudando a cumplir con la meta de reducción del déficit. El correlato es la necesidad de pesos para garantizar ese dólar diferencial sin perder de vista el corset que impuso el FMI respecto a la emisión monetaria.
El canje de bonos en dólares de los organismos públicos anunciado 15 días atrás es otra herramienta que busca estabilizar el mercado cambiario. A partir del decreto 164/2023, los organismos del Estado que tengan títulos públicos denominados en dólares bajo legislación extranjera deberán canjearlos por bonos duales –atados la inflación o a la tasa de devaluación- con un plazo de 13 años. Además, los organismos públicos deberán desprenderse de sus tenencias de títulos en moneda extranjera bajo legislación local –BONARES-. El 70% de lo recibido por la venta de estos títulos deberán canjearlos por bonos duales, el restante deberá ser utilizado para los objetivos y metas de sus presupuestos de este año
El impacto de esta medida va en línea de cumplir con la meta fiscal y monetaria acordadas con el FMI y puede evaluarse desde distintas aristas. En primer lugar, se reduce la deuda externa con legislación Nueva York por 4.000 millones de dólares, ya que se deslistan Bonos Globales. En segundo lugar el impacto fiscal, ya que el Tesoro espera obtener financiamiento absorbiendo pesos del mercado a través de la venta o subasta de los Bonares. Por último, el impacto cambiario, ya que la mayor oferta de bonos nominados en dólares es una herramienta de intervención en el mercado de dólares financieros que permitiría contener la brecha con el tipo de cambio oficial sin la utilización de reservas internacionales.
En simultáneo, las máximas autoridades de Gobierno que visitaron EEUU buscaron acelerar el desembolso de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID y la Cooperación Andina de Fomento, para que ingresen alrededor de 3.000 millones de dólares que den aire suficiente para pasar el invierno.
El ministro de Economía, Sergio Massa, parece haber planteado una estrategia de ajedrez en materia económica para transitar este año electoral: ir planificando cada movimiento de piezas a medida que se desarrolla el juego, con el claro objetivo de evitar una devaluación que pueda dañar aún más el entramado social.
