Más de 90 organizaciones, movilizan desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, mientras en Diputados se debate la creación de una pensión reparatoria.
A 11 años del reconocimiento a la identidad de género en Argentina, ley que trajo la democracia para las personas trans y travestis, el colectivo, con más de 90 organizaciones, realizará hoy, 24 de mayo, la Primera Marcha Plurinacional para exigir de manera urgente la aprobación de una «Ley de Reparación Histórica para las sobrevivientes».
La movilización, convocada desde el colectivo de las «Travestis Trans Históricas Argentinas» integrado por personas mayores de 40 años sobrevivientes de todo el país, partirá a las 15 desde Plaza de Mayo y finalizará con un festival artístico cultura, en el Congreso de la Nación, donde se compartirá un documento.
Con respecto a la cuestión climática, la organización convocante publicó en sus redes: «Si llueve marchamos igual. Si pudimos sobrevivir a este sistema, no nos asusta una tormenta. ¡Nos vemos en las calles compañerxs!».
La demanda es por «reparación y reconocimiento por todo el daño que nos causaron: la persecución, las violaciones, las torturas, las caídas presas, el homicidio de tantas compañeras y amigas. Por una persecución institucional tanto del Estado como de la sociedad toda, y hasta de la propia familia», afirmaron las activistas que impulsan desde hace más de 8 años un proyecto de ley de reparación histórica a nivel nacional. «Nos negaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir», dijo a la agencia de Presentes Patricia Rivas, sobreviviente trans de 56 años, activista de Travestis-Tras Las Históricas Argentina.
La ley que impulsan se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las personas trans y travestis mayores de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género. El objetivo es exigirle al Estado argentino una reparación por los años de persecución sistemática que ha padecido el colectivo, tanto en dictadura militar como en democracia, con los edictos contravencionales.
Rivas, en diálogo con FM En Tránsito, explicó que «la ley de reparación histórica es un reconocimiento de un resarcimiento económico como dieron también a los familiares de desaparecidos». «Mucha gente va a decir que en el ‘83 terminó la dictadura militar y empezó la democracia con la llegada de Alfonsín’. Para nosotras no, para nosotras la dictadura duró hasta el 2012, hasta que se dictó la Ley de Identidad de Género y ahí pudimos caminar libremente un poco más por las calles», agregó.
Muertes totalmente evitables como «la tuberculosis y el VIH, que no son riesgo para la población en general, aún hoy son causales de muerte entre nuestras compañeras», enumeró la psicóloga social y activista travesti, Marlene Wayar, en diálogo con El Grito del Sur. A la vez, describió la convocatoria con imperiosa prosa inclusiva y detrás de la idea del pueblo, en previa al 25 de mayo, «queremos apropiarnos de ese concepto de Patria en donde si no estamos representados todos los cuerpos realmente es una patria fallida», explicó Wayar.
Por su parte, María Eugenia Azar, integrante de Travestis-Tras Las Históricas Argentina, indicó a Télam: «A partir de esta convocatoria se formó la asamblea abierta por una ley de reparación histórica integrada hoy por unas 97 agrupaciones de personas travesti-trans, trans-feministas, personas del colectivo Lgbttiqnb+ agrupaciones político partidarias». «La plaza será un punto de encuentro para abrazarnos y conocernos con quienes vienen de las provincias de San Luis, San Juan, Santa Fe, Mendoza y Misiones, entre otras», añadió.
Y remarcó: «Debemos entender que las compañeras de las provincias viven sin siquiera gozar de los derechos que ya conseguimos. Siguen viviendo en la pobreza y la prostitución, por eso esta lucha es por todas y no vamos a detenernos hasta que concrete una reparación histórica travesti trans a nivel nacional para todas las sobrevivientes en la Argentina».
«Pedimos el acceso a la salud integral entendiendo que la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años, por lo que exigimos planes y programas de acceso a viviendas dignas, el cumplimiento efectivo de la ESI, la visibilidad de lxs compañerxs trans masculinos, el pago del programa de Fortalecimiento Travesti Trans, la apertura de los archivos policiales y antecedentes, entre otras cosas», afirmaron en el comunicado de convocatoria presentado.
Rivas explicó que: «Lo que pedimos es un reconocimiento del Estado, ya que se nos fue negado la oportunidad de trabajar, de estudiar, se nos negó una salud. Fue un genocidio lo que hicieron con nosotras, nos quisieron exterminar y eso es lo que la sociedad debe entender». Y añadió: «Nosotras tampoco pedimos nacer, no pedimos venir al mundo. Nacimos así. Nadie juzga a un heterosexual por ser hetero. ¿Y quiénes son ellos para juzgarnos a nosotras? El único que juzga es Dios».
Una democracia real
El colectivo advierte que esta violencia tuvo lugar no solo durante la última dictadura militar. La democracia para ellas no llegó en 1983, con el fin del Terrorismo de Estado. Los edictos policiales que las criminalizaban sólo por ser travestis o trans -que fueron derogados recién en 1998 en la Ciudad de Buenos Aires y una década después en la provincia de Buenos Aires-, les valió detenciones, encarcelamientos y las violencias desatadas por el personal policial en esos establecimientos y en la calle.
«Pedimos una reparación histórica porque sabemos que es el Estado quien perpetuó el terrorismo de Estado hacia los cuerpos travestis y trans no solo en dictadura sino también en gran parte de la democracia. Podemos decir que casi dos décadas después empezamos a adquirir algunos derechos. Pero con los delitos contravencionales hasta casi el 2000 multaban y encarcelaban a las personas travestis y trans. El Estado fue el que criminalizó nuestras identidades y generó un terrorismo sobre nuestros proyectos de vida e identidades. Por eso, el Estado debe responder», dijo a Presentes Alejandra Silvestre, docente y militante de Mujeres Trans Argentina (MTA).
Además de la derogación de los edictos policiales, la normativa argentina en materia de derechos humanos que comenzó a instalarse a partir del 2010 contribuyó a mejorar la situación del colectivo travesti trans.
«Nosotras no tenemos 40 años de democracia, tenemos 12, desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género», lanzó la sobreviviente trans Marcela Viegas Pedro en su declaración en el juicio por delitos perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como causa Brigadas, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. Cuando era muy joven estuvo detenida en el Pozo de Banfield, uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires bajo el Terrorismo de Estado.
«La desaparición de Tehuel (de la Torre, varón trans, ocurrida el 11 de marzo de 2021) inaugura todo un capítulo, ya que es el primero que desaparece con estas características. No sabemos dónde está y tampoco tenemos certezas de que realmente el Estado lo esté buscando», señaló Wayar.
Un debate que comienza
Funcionarias nacionales y especialistas expondrán hoy sobre la creación de una pensión reparatoria para personas travestis y trans, en el marco de una reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
De la convocatoria, fijada para las 11 por la presidenta de la comisión, Mónica Macha (FDT), participarán Alba Rueda, representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y la interventora del Inadi, Greta Pena.
También participarán Victoria Travieres, subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego; Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires; y Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco.
Se trata de tres proyectos que buscan crear pensión reparatoria para personas trans y travestis. Reúne iniciativas de Macha, Gabriela Estévez y Mara Brawer, todas del Frente de Todos, y que el oficialismo busca avanzar en consensos para unificar en un solo texto.
El debate de este proyecto se dará a casi dos años de la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral obligatorio del 1% en el Estado para personas travestis, transexuales y transgénero.
