El board del organismo llegó a un entendimiento con las autoridades del Gobierno nacional, que busca la aprobación de un relajamiento en las metas acordadas. El entendimiento gatillaría un nuevo desembolso, por valor de 5300 millones de dólares, una vez que el Directorio del Fondo aborde el tema.
“Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo”, dice la primera oración del comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional que el Gobierno nacional ansiaba en su peregrinaje para que se relajen las metas acordadas en el programa. El entendimiento solo trepa al nivel del board y habrá que esperar para que lo evalúe el Directorio del organismo, cuya definición podría ocurrir en las próximas semanas y habilitaría el desembolso de 5300 millones de dólares.
Entre los fundamentos consignados en el documento de los acreedores, se mencionan “la gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad de 2022”, que “respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de 2022”. “En un contexto económico más desafiante, particularmente la sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa. En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023”, reza el parte para alivio del ministro de Economía, Sergio Massa.
El equipo del Fondo a cargo de la negociación estuvo encabezado por el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de la Misión para Argentina, Ashvin Ahuja. Para la tarea, participaron de reuniones presenciales y virtuales con funcionarios de la cartera económica “para discutir políticas sobre la cuarta revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en ingles)”, según informaron desde Washington.
En ese sentido, el FMI comunicó que “la revisión se centró en evaluar el progreso de la implementación del programa, actualizar el marco macroeconómico y alcanzar acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de forma duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”. “Todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen”, ponderó el documento.
En el ámbito local, esa frase habilita las críticas por “el sobrecumplimiento”. Dicho de otro modo, dirigentes del oficialismo facturaban al ex ministro Martín Guzmán el apego y la exageración para pasarse de largo en los deberes para honrar el compromiso contraído.
La pieza de los seguidores de Kristalina Georgieva reconoce que “el déficit fiscal primario de 2022 alcanzó el 2,3% del PIB (frente a una meta del 2,5%), en particular debido al continuo y sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social”, y agrega que “las reservas internacionales netas aumentaron en US$ 5.400 millones (por encima de la meta de US$ 5.000 millones), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial”. Por lo demás, señala que “el PIB real se expandió un 5,4% en 2022 y la inflación anual alcanzó el 94,8% al final del período”.
Asimismo, concede que “ante los desafíos de una sequía cada vez más severa, se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, abordar el aumento de la inflación y los recientes reveses de políticas, así como garantizar el logro de los objetivos subyacentes del programa”. “Tales políticas deben implementarse firme y consistentemente”, completa.
Los tópicos que se incluyen como objetivos por delante se dan de bruces con el planteo público realizado en tándem por la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante su intervención en la Universidad Nacional de Río Negro el pasado viernes, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof desde el escenario del plenario militante en Avellaneda. Del texto del FMI se desprende que el gobierno pretende “alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario”, por una parte.
Para atacar los problemas inflacionarios, se mantendrán “positivas” las tasas de interés oficiales en términos reales, al tiempo que apuntarán a fortalecer las reservas del BCRA.
En otro apartado, el organismo reconoció “cautela” y “buena comunicación” en la gestión del mercado la deuda local.
Finalmente, se menciona la solicitud de “una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para 2023” por el impacto de la sequía pero se alerta que “las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”.
