Más de 30 organizaciones civiles se opusieron al decreto firmado por el presidente Javier Milei.
«La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional», afirmaron en una declaración más de 30 organizaciones civiles que rechazaron los nombramientos del juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla al frente del máximo tribunal.
En una declaración conjunta, las ONGs opinaron que la designación hecha por Milei realizada mediante el Decreto 137/2025 «se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de ‘llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso’ por decreto».
«La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular», indicaron las organizaciones civiles.
Y agregaron: «El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud».
En el escrito, afirmaron que «avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos».
«En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los postulados, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo», señalaron los firmantes.
En tal sentido, sostuvieron que «la búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico».
«El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad», finalizaron.
El escrito fue firmado por las ONGs Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes); Amnistía Internacional; Área Salud, Economía y Sociedad de CEDES; Asociación Civil Líbera, abogacía feminista; Asociación Civil por el Cumplimiento de los Derechos Humanos (ACuDH); Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Pensamiento Penal; Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Asuntos del Sur.
A ellas se sumaron Campaña GQUAL; Católicas por el Derecho a Decidir;Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Colectiva Feminista La Revuelta, Neuquén, Patagonia Argentina; Democracia en Red; Directorio Legislativo; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Mujeres en Igualdad; Fundación Mujeres x Mujeres; Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps) y Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Junto a ellas firmaron Fundación Poder Ciudadano; Fundación Sergio Karakachoff; Fundación Sur; FUSA AC; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Laboralistas Platenses; Liderar Mujer; Multi-Palabras Santa Fe; Programa Género y Derecho, Facultad de Derecho (UBA); Red de Profesoras de Derecho (UBA); Red de profesoras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP); Red Mujeres para la Justicia; y Salta Transparente.
