por Fabián Waldman
La condena es al Presidente, no al pueblo de Israel. Esta es la postura de quienes pretendemos diferenciar entre un genocida y su pueblo. Sin embargo, la identificación automática entre la defensa irrestricta de Benjamín Netanyahu y la acusación de «antisemitismo» a cualquiera que se le oponga se ha convertido en un discurso sistemáticamente reproducido desde las usinas de la AMIA y la DAIA, y amplificado por dirigentes políticos de la derecha.
“¿Soldado Gualman, usted es argentino o judío?”. El sargento Torres disparó esa pregunta en medio de la rancheada. Era una noche calurosa de marzo de 1980 y, en el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, la demanda sonó, cuando menos, extraña.
Por aquel entonces, la mentira del «Plan Andinia» ya estaba instalada en el imaginario de algunos y se propagaba entre quienes consumían con gusto las teorías conspiranoicas. El antisemitismo era moneda corriente entre los oficiales y suboficiales del Ejército y formaba parte del ideario castrense. No obstante, a pesar de ciertos resquemores en ámbitos específicos, la integración de la colectividad judía en nuestro país fue plena y, hasta el día de hoy, ha contribuido —al igual que otras colectividades— a conformar una sociedad plural y democrática.
Hoy, cuarenta y seis años después, el tema vuelve a ser parte del “diálogo” en las redes sociales, pero el contexto es otro. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene una orden de captura internacional emitida por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Netanyahu ha sido acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La definición es clara: Genocidio son actos criminales perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
El sector de la comunidad judía, referenciado en las organizaciones DAIA y AMIA, ha realizado expresiones de apoyo sin atenuantes para el titular del ejecutivo israelita. Con fuertes lazos políticos y económicos con miembros de la derecha vernácula más reaccionaria, han logrado una extraña mixtura en estas tierras.
Desde la propia entidad judía se lanzaron ataques a periodistas como Alejandro Bercovich o se impulsaron causas judiciales como las emprendidas contra los dirigentes troskistas Alejandro Bodart y Vanina Biasi. Para la DAIA, “el antisionismo es el antisemitismo moderno”, tal como lo expresa en su informe de 2024 sobre antisemitismo en Argentina.
En Argentina, el antisemitismo ha sido utilizado históricamente como una herramienta para disputar ese espacio. Lo muestran hasta el día de hoy desde el actual diputado libertario Alejandro Fargosi, que fue repudiado por la DAIA, hasta alguno de los “influencers” más importantes de Javier Milei, quien tuvo que abandonar el stream oficialista Carajo.
Es necesario recordar que tanto la DAIA como la AMIA se caracterizaron, hasta años antes del atentado contra la Embajada de Israel y la propia mutual, por ser instituciones solidarias, agradecidas hacia el pueblo argentino y herederas del humanismo transmitido durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La acusación sobre el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, por el encubrimiento del atentado —del que fue sobreseído en 2019— y la definición de la fiscalía sobre el ocultamiento y abandono a las víctimas, marcaron el punto de inflexión.
Hoy, algunos de sus ex dirigentes y principales defensores se distancian de aquel ideario humanista. El ex vicepresidente de la DAIA y actual funcionario del PRO, Waldo Wolff, sencillamente armó una «lista negra» en su cuenta de X. Los posteos en redes sociales y las acciones directas de amedrentamiento contra dirigentes es una de las actividades preferidas de la diputada Sabrina Ajmechet como abanderada del judaísmo quien a la vez defiende a su colega de bancada Fargossi.
Los judíos, al igual que los gazatíes, armenios, ruandeses, camboyanos, bosnios y muchos otros pueblos, han sufrido genocidios. La condena a cualquier acto de violencia y muerte es la primera reacción que debería tener el miembro de un pueblo que ha sido sojuzgado, perseguido y asesinado.
Sin embargo, Benjamín Netanyahu ha sido beneficiado por el escudo protector de Donald Trump y acompañado por Javier Milei, tanto en las Naciones Unidas como en otros escenarios internacionales. La posición del mandatario argentino, introduciéndose en el escenario internacional de la mano de un acusado de genocidio, no puede ser gratuita para la política local
El resultado de este apoyo, sumado al de los sectores más poderosos de la comunidad, genera desde vergüenza hasta repudio entre muchas voces que, por manifestarse en contra de Netanyahu, solo reciben hostigamiento, ataques mediáticos y judiciales, o la pérdida de su fuente de trabajo.
Para ellos somos “antisemitas”. Sin embargo, la contribución a esparcir el reguero del antisemitismo proviene de los mismos que dicen atacarlo. Así, para ellos, los «antisemitas” somos aquellos que definimos al actual gobierno de Israel como genocida.
No es casual que quienes apelan a esa acusación de “antisemita” coincidan con los que promueven cotidianamente la estigmatización del diferente en la Argentina: el boliviano, el paraguayo o el peruano; el investigador, el docente, el gremialista o el empleado público. Este entramado sostiene el discurso de división, segregación y la desconfianza hacia el otro. Tener un DNI ya no es garantía de nada, solo la portación de cara da contenido al envase.
No pueden despegarse. Es una herramienta más de las medidas impulsadas desde el Gobierno nacional que presenta a los extranjeros como invasores. Muchos referentes que agitan la calificación de “antisemita” son, a la vez, promotores de esas políticas de exclusión.
Judíos, cristianos, musulmanes y todos los pueblos del mundo conocen bien cómo termina esta historia. Los supuestos “antisemitas” de hoy sabemos quiénes fuimos en el pasado. Nuestras vidas ya fueron utilizadas como blanco para imponer tiempos de hambre y miseria.
“Soy argentino y judío”. Esa fue mi respuesta al Sto. Torres aquella noche de 1980.
