Nicolás Gabriel Carrizo está imputado como partícipe secundario al encontrarse en su teléfono los mensajes en los que se atribuía su participación en la planificación del intento de homicidio a la Vicepresidenta.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 decidió rechazar el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, imputado como partícipe secundario del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que lo llevaron a estar detenido en el penal de Marcos Paz.
El tribunal resolvió «no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario efectuado por la defensa técnica de Gabriel Nicolás Carrizo como morigeración de la prisión preventiva que viene padeciendo el nombrado en un establecimiento penitenciario», según surge de la resolución firmada a fines de agosto y dada a conocer este jueves.
Los jueces Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari afirmaron que la única forma de asegurar que la investigación avance, se descubra la verdad y se aplique la ley es mantener la «prisión preventiva de Gabriel Nicolás Carrizo» en un lugar de detención.
También destacaron que el acusado está preso desde el 14 de septiembre de 2022 en este caso, y que ese tiempo no es «excesivo, irrazonable o desproporcionado». Además, subrayaron la seriedad del hecho que se le imputa y el volumen y dificultad de la causa.
Entre los indicios destacados por los jueces para afirmar que «existen respecto de Carrizo peligros concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación», se encuentran «la naturaleza violenta, la magnitud y la gravedad institucional que representa el hecho» y «el pronóstico de una pena grave y de efectivo cumplimiento en caso de recaer condena» sobre el imputado.
También señalaron «la existencia de una causa paralela en trámite y en estado avanzado» en la que se lo investiga por el «delito de tenencia ilegítima de documento de identidad ajeno en calidad de autor».
Además, invocaron «la conducta que habría observado Carrizo con posterioridad al hecho investigado tendiente a lograr su impunidad ocultando elementos de prueba vinculados a la pesquisa».
En esa dirección, recordaron que la fiscalía de Carlos Rívolo y el juzgado de María Eugenia Capuchetti «resaltaron en distintas piezas procesales, una conversación obtenida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) del teléfono celular de Carrizo, en la que refiere: ‘Mira no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar'».
Los jueces concluyeron que es necesario también averiguar si hubo otras personas involucradas, lo que podría ser impedido o evitado si el imputado sale de la unidad de detención.
El TOF 6 es el tribunal que deberá llevar a cabo el juicio por el intento de homicidio de la Vicepresidenta por la cual están imputados como coautores Fernando Sabag Montiel (quien gatilló sin éxito una pistola apuntada hacia la cabeza de la exmandataria) y su entonces pareja Brenda Uliarte, que lo acompañaba en el lugar del hecho.
Carrizo aparece en el expediente como el jefe de Sabag Montiel y de Uliarte en la venta de copos de azúcar, y quedó involucrado en la causa luego de que se hallaran en su teléfono decenas de mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del hecho; algo que al responder en indagatoria definió como bromas que le hizo a sus allegados más cercanos.
Fuente: Télam
