Ciencia y Tecnología para la soberanía

Frente a los últimos anuncios del gobierno, los trabajadores del CONICET muestran serias preocupaciones frente a la situación del organismo en particular, y al desarrollo y soberanía del país en general. | Por Lucía Bernstein Alfonsín.

La comunidad científica argentina está en alerta. A dos semanas de la asunción a la presidencia de Javier Milei, los y las investigadoras muestran serias preocupaciones frente a la situación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en particular, y al desarrollo y soberanía del país en general. 

Frente al anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y deroga múltiples leyes; la presentación del proyecto titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -más conocida como Ley Ómnibus- enviado al Congreso este miércoles, que declara la emergencia pública hasta 2025 concediendo atribuciones al Poder Ejecutivo que nunca tuvo; la desfinanciación de instituciones estatales; y la firma del decreto que impide la renovación de los contratos de los trabajadores empleados en 2023 en la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal, las y los trabajadores del CONICET se encuentran en una situación de incertidumbre total respecto de su futuro laboral y de la continuidad del trabajo de calidad de la institución. 

“CONICET está inserto en un plan global, que es mucho más grosero y mucho más violento en todos los sentidos de la vida de las personas”, dijo Monica Costas, Doctora en Ciencias Biológicas y Directora del Instituto de Investigaciones Médicas. De doble dependencia UBA-CONICET, el IDIM es uno de los pocos Institutos en el que se realiza investigación en las distintas disciplinas del área de salud y ciencias biológicas, en conjunto con tareas de asistencia médica y docencia de pre y post-grado. “Si uno ve todo el conjunto de medidas que se presentaron en este paquete que es el DNU y la Ley Ómnibus, podemos observar el plan de destrucción que se propone. Desde la derogación de la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Fuego, los despidos masivos, entre muchas otras medidas, a mí me parece que es calamitoso”, alertó.

“Estas reformas son absolutamente violatorias de las leyes que nos rigen. Es directamente olvidarse del artículo 14 y el 32 de la Constitución, de los tratados internacionales a los cuales adherimos, entre los cuales está la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a esto se suman todas las atribuciones que se otorga al presidente”, advirtió Costas y agregó: “Uno puede cambiar cosas, pero lo que no se puede hacer es derogar la Constitución. Y yo en este sentido me hago la pregunta: cuando uno habla de golpe de estado, siempre piensa en derrocar un gobierno democráticamente elegido y toma del poder, pero hay veces que derrocar un gobierno no es simplemente derrocar la persona, cuando uno atenta contra la propia Constitución, que está por arriba del Código Penal, del Código Civil, y de todas las leyes y normas que nos rigen, de alguna manera está atentando contra la vida democrática”. 

Desarrollo y soberanía

La Directora del IDIM explicó que es dentro de este contexto general donde se inserta el CONICET: “El CONICET se inserta dentro de esta situación como la pata científico-tecnológica, que finalmente se conforma como la base de un país, el sustento para un verdadero desarrollo. Si vos eliminas la ciencia y la tecnología se pierde soberanía”. En este sentido, Costas alertó sobre lo “crucial” de la independencia científico-tecnológica para el desarrollo de una nación: “En cualquier situación de conflicto y aún en la peor de las calamidades, uno tiene que tener de dónde agarrarse sin tener que pedirle a otro país ayuda. Regalar todo esto y depender de que unos pocos tengan el dominio de la palanca, que la suben o la bajan cuando quieren y te proveen o no la vacuna, la comunicación, o cualquier otra tecnología, es una locura. Es regalar soberanía”. 

Frente a los anuncios del nuevo Gobierno, la investigadora sostuvo que en el proyecto no encuentra “ningún interés por apoyar o contribuir en el desarrollo del país» pero que sí «vemos el afán desesperado de privatizar, vender y regalar absolutamente todo lo que tenemos”. Asimismo, aseguró que la inversión estatal en la investigación científica “no es un invención de acá porque somos ‘súper vivos’, ‘súper comunistas o socialistas’ como suelen decir, sino que se hace en todos los países del mundo, sin importar su orientación política. Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón y en donde se te ocurra, los estados invierten capital en su desarrollo científico”.

A los consejos, generalmente de usuarios de la red X, que proponen a los científicos buscar inversiones privadas y al CONICET que se financie en el sector privado, Costas respondió: “CONICET ya tiene contribuciones público-privadas. La parte que no termina de entender gran parte de la población, y no me enojo porque hay que comunicarlo mejor, es que hay una parte que no es redituable y nunca va a invertir un privado. El mal de Chagas por ejemplo, es endémico y local, los proyectos de investigación en ese campo llevan algunos años y el resultado no es exportable ni redituable. Pero es fundamental poder encontrarle una solución. Y así pasa con un montón de situaciones, enfermedades, patologías que son nuestras”.

Restructuración y desfinanciamiento

Este jueves se publicó en el boletín oficial la designación de Daniel Salamone, que reemplazará a Ana Franchi al frente del CONICET. Salamone deberá articular con Alejandro Cosentino, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología que proviene del mundo de las finanzas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se convirtió en una secretaría dependiente de la jefatura de gabinete a cargo de Nicolás Posse. Su propuesta es imprimirle una perspectiva que pondrá el ojo en el capital privado e incentivará a los científicos a volverse emprendedores, es decir, los propios vendedores de sus ideas. 

“Hay que poder coordinar todo lo que se investiga, todo lo que se produce, cómo se distribuyen los recursos, cuáles son los temas estratégicos dentro de cada rincón del país, en todos los centros científicos y tecnológicos que hay a lo largo de Argentina. Sin coordinación, eso es un caos”, advirtió la directora del IDIM. “Ahora que estamos bajo la jefatura de gabinete y todavía los directores de institutos no tuvimos reunión con el nuevo presidente, así que no sabemos exactamente cuál es su plan, qué proyectos tiene, cómo va a funcionar”, agregó.

Además, aseguró: “Achicar y prescindir de esas estructuras organizativas hace que las cosas no funcionen, porque se necesita gente que sepa. Eso de ningún modo lo puede manejar una sola persona. Así que yo no sé cómo será con este nuevo sistema y que tanto manejo tienen de la ciencia y tecnología del país”.

En las reuniones informales que tuvo Salomone con diferentes autoridades de las áreas repitió la fórmula que proviene desde la Casa Rosada y todos los funcionarios formulan: “No hay plata”. Así, que una de las primeras medidas será el congelamiento del presupuesto 2023 para funcionar durante 2024, lo que apenas alcanzaría para cubrir gastos y salarios hasta junio del próximo año, y a eso se agregaría el no otorgamiento de becas, ni ingresos a la carrera de investigador y cargos administrativos, entre otros.

“En nuestro país lo que se aporta del PBI a la ciencia es bajísimo. O sea, un recorte de ciencia acá no tiene ningún impacto en lo que es el déficit fiscal del que tanto se habla. Nosotros ahora estamos en un 0,4% del PBI”, explicó Costas.

En 2021 se promulgó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032, el 1% del PBI. Sobre esto la investigadora afirmó: “Con esta ley se supone que tendremos incremento gradual año a año, que de todas maneras no llega ni por las tapas a los porcentajes que tienen otros países que invierten generalmente entre el 4%, el 5% de su PBI en investigación científica, y acá apenas estamos en el 0,4%. Es decir que el recorte en ciencia y técnica es más ideológico que económico, no tiene impacto en lo que es déficit fiscal”. 

“Las épocas en que acá hubo terribles ajustes, se cerraron los ingresos a la carrera del investigador, el CONICET se vino abajo, se fueron los investigadores del país y reconstruirlo llevó décadas”, lamentó. 

Y agregó: “La idea es pensar un poco qué modelo de país pretendemos. El proyecto que plantea este gobierno es que la Argentina tenga un perfil agroexportador, que nos dediquemos a exportar granos y semillas. Pero hay que tomar consciencia del mundo actual en el que vivimos. ¿Hasta qué punto un país del tamaño del nuestro con la población que tenemos sobrevive solo exportando productos primarios?, ¿Cuánto empleo da eso? Por eso no pensar a la Argentina como un país es muy serio, es darla a rematar”.

Incertidumbre entre los trabajadores

Al congelamiento del presupuesto a valores del año 2023, se suman posibles despidos a raíz del Decreto publicado este 26 de diciembre, que impide la renovación después del 31 de diciembre de los contratos de los trabajadores empleados en 2023 en la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal. Según trascendió, del total de 7.000 trabajadores públicos afectados, al menos 166 trabajan en el CONICET como personal de planta transitoria en los términos del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público y podrían quedarse sin trabajo a partir del 1 de enero. 

“Es un contexto de mucha incertidumbre. Pero en este momento lo que más nos apura y nos tiene nerviosos a todos es el tema de los contratos artículo 9. Hay una campaña que se está difundiendo donde dicen que la gente que fue nombrada a partir de el año pasado son todos militantes y no trabajan, lo cual es ridículo. En todos los institutos, los contratados en el marco del artículo 9 cumplen funciones específicas y son fundamentales para el funcionamiento. En el IDIM entró una persona en reemplazo de una fallecida y sus funciones son realmente necesarias para nuestro trabajo. Esto nos tiene preocupados y todavía no se ha discutido”, alertó Costas.

La directora del instituto de dependencia del CONICET expresó su preocupación sobre la gestión del gobierno actual: “Creo que hay poca voluntad de diálogo, incluso con el Congreso, que se les manda un paquete impresionante de reformas, en los que cada tema implica una serie de reuniones y discusiones que no se está teniendo. Esta gente que no tiene experiencia en gestión se rodearon de gente que sí la tienen, pero fueron experiencias bastante fallidas en sus ejercicios previos. Si estos son los asesores y los otros no tienen experiencia, entonces a mi parecer es una gestión muy improvisada, desorganizada y tristemente violatoria de la Constitución Nacional Argentina”.