La decisión tomada por el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei afecta a ocho CAJ, la mitad de los 16 que existen en el territorio porteño.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenó cerrar ocho de los 16 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) situados en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ, los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad y seis de ellos estaban entre los diez más requeridos.
Atendían, especialmente, casos relacionados a documentación personal y derecho de familia, como consultas vinculadas a obtención de DNI y partidas de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, entre otros.
La decisión, indicó ACIJ, no fue comunicada a través de medios oficiales, sino por medio de correos electrónicos recibidos este jueves sin ningún tipo de fundamentación o previsión.
Lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población más vulnerabilizada de la ciudad, con mayores dificultades para acceder a los derechos básicos, muchos de los cuales son, justamente, materia de consulta en los CAJ.
Los CAJ, explicó la organización civil, son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita y mejorar la situación de acceso a la justicia de la población más vulnerabilizada.
«Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia«, indicó ACIJ en un comunicado.
Y agregó: «En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones«.
Distintas organizaciones de la sociedad civil firmaron un escrito en el que expresaron su «preocupación por el cierre de estos dispositivos» y exigieron «a las autoridades de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en particular, y del Ministerio de Justicia, en general, que revisen esta medida».
Entre otras ONGs firmaron la solicitud ACIJ, ELA, CELS, INECIP, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC) y los curas villeros Lorenzo de Vedia; Gastón Colombres; Ariel Corrado; Domingo Alberto Regín; Andrés Tocalini; Damián Reynoso; Facundo Ribeiro; Pedro Baya Casal; Ignacio Obagattini; Jesús Carides y Oscar Gallego.
