«El círculo se cierra cada vez más alrededor de Milei y todo aquel que mire de reojo a uno de sus adláteres más importantes quedará fuera del ecosistema».
por Fabián Waldman.
En un contexto de ajuste generalizado, con paritarias intervenidas por la gestión libertaria del Ejecutivo, y con la inflación desbordada, el Presidente Javier Milei decidió un aumento del 48% para «los cargos jerárquicos del Gobierno». La justificación del error recayó en un secretario del ministerio de Capital Humano.
«Cobramos el 1º de marzo sin el aumento, y a los dos días por planilla separada la diferencia», de esta manera explicaban que por eso «algunos no lo registraron». Un alto funcionario de Casa Rosada dio esta visión del affaire sobre el incremento del 48% de los sueldos de cargos políticos, firmado el 29 de febrero. Siguen sosteniendo que la responsabilidad era de Omar Yasin, el ex secretario de Trabajo; y del decreto que firmó Cristina: «no entiendo mucho como era», añadió.
Se lo comunicaron a Yasin el domingo por la noche, antes del reportaje de esta mañana en el cual el Presidente, señaló: «se está enterando en este momento», y donde salió a responsabilizar al funcionario de tercer grado de algo que él había firmado con su puño y letra.
Las versiones sobre el error del «salariazo» fueron variando con el correr de las horas y los días. Luego de que se conociera la noticia, cerca del despacho del Presidente informaban que «los funcionarios ganan en neto lo mismo que ganaban en diciembre».
«El tema es el enjambre que se hizo con ganancias en Octubre», luego de la medida de Sergio Massa, cuando «exceptuaron a funcionarios de la suba del tope y de deducciones. Ese es el problema de todo esto», indicaban.
Más tarde, la responsable fue la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por firmar un decreto en el año 2010. Este no hacía más que reflejar la escala salarial para que un funcionario político no ganara menos que uno de carrera.
La discusión ideológica alrededor de los salarios y dietas de funcionarios ha sido bastardeada por la antipolítica, culpando de todos los males de esta sociedad a los representantes elegidos por el pueblo. Sin lugar a dudas los errores y abusos deben eliminarse, pero ello no implica que no deban ser puestos bien remunerados. La contracara sería que solo pudiera hacer política quienes tengan recursos propios, algo que también forma parte del decálogo libertario.
Además, la diferencia ostensible entre los salarios de un juez de la Corte Suprema y el Presidente deja lugar a que existe una verdadera casta. Mientras que los supremos cobran alrededor de $ 20.000.000, el titular del Ejecutivo tiene asignado un salario de poco más de $ 4.000.000.
En los últimos días, se han conocido varios proyectos para impulsar una regulación y equiparación entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uno de ellos pertenece al diputado Miguel Pichetto, del bloque Hacemos por Nuestro País, quien señaló: «si Milei no sabe lo que firmó, estamos en problemas». La otra propuesta corresponde al diputado Juan Marino, de Unión por la Patria. Con diferencias entre ambos, apuntan a conseguir elementos que fijen pautas para alcanzar equilibrio entre lo que perciben los diferentes funcionarios.
Un funcionario que no funciona
La validación de todos los documentos oficiales recorre varias dependencias para ser aprobada. En este caso, va desde los asesores de la secretaría de Trabajo que elevan el escrito a Javier Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica; quien lo vuelve a revisar con su equipo de abogados y, finalmente, Bravo se lo acerca al Presidente. En este caso también llevaba la firma del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En la conferencia de prensa de esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que «el secretario legal y técnico de la Nación es el que hace las validaciones legales y técnicas» y «efectivamente eran correctas», aunque consideró que «no se le prestó la suficiente atención por parte del secretario de Trabajo al presidente Milei, en cuanto a su orden de no aplicar los aumentos a los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional».
En off, minutos más tarde dejaron saber que el jefe de Gabinete no tenía buenas migas con Yasin y aprovechó la oportunidad para dejarlo afuera. Incluso la responsabilidad atribuida al mismo de firmar la paritaria quedó fuera de lugar analizando las rúbricas de los participantes de la convención colectiva con los trabajadores estatales.
El círculo se cierra cada vez más alrededor de Milei y todo aquel que mire de reojo a uno de sus adláteres más importantes quedará fuera del ecosistema.
Hasta el sábado 9 del corriente mes, a las 13:04hs, ningún funcionario nacional había «denunciado» la diferencia. Ni el Presidente, ni sus nueve ministros, incluido el vocero Manuel Adorni, dijeron nada al respecto. A esa hora la diputada Victoria Tolosa Paz posteó en su cuenta de X el incremento del 48% autoasignado por Milei. Era el resultado de los tres aumentos consecutivos que no habían sido aplicados ni en enero, ni en febrero. La explicación constaba de varias razones para llegar al decreto signado por Milei, que redondeaba la cifra en el 50%. Según la exministra de Desarrollo Social, los haberes de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo se determinan en base a la fórmula de cálculo establecida por el Decreto 799/10. Éste toma como base la remuneración que percibe un Director Nacional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), Nivel A, Grado 14, Tramo Avanzado, Función Ejecutiva I. El acuerdo paritario estableció un incremento del 14% para los haberes del SINEP del mes de enero, que no beneficiaba a las autoridades superiores del PEN en ese mes. La paritaria de Febrero sumó un adicional de 12% en los haberes, y además un 16% en la cantidad de unidades retributivas (UR) que se aplican a la Letra «A» SINEP. Según Tolosa Paz, hubo 14% sobre el valor de la UR, 12% sobre el valor de la UR y hubo un 16% en la cantidad de UR que corresponden a la Letra (nivel A). Y eso en haberes de febrero, se tradujo en el incremento total acumulativo del orden de 48% se dio por que aplicaron todos los incrementos juntos.
Un rato antes, el periodista Alejandro Bercovich alertaba sobre el incremento de los salarios, pero solo había advertido del 12% de enero. Luego se sumó el artículo 4 del decreto del 29 de febrero, que incluyó el resto de los porcentajes.
Mientras tanto, en el Congreso la discusión por la eliminación del aumento del 30% a diputados y senadores parece estar zanjada. A pesar que algunos ponían en duda la postura de Victoria Villarruel, terminó firmando la resolución junto con su par de la Cámara Baja, hubo acuerdo entre la vicepresidenta y presidenta del Senado, y el titular de Diputados, Martín Menem, que adhirió a la «orden» emanada de Balcarce 50 para reducirlas.
