La Ciudad de Buenos Aires se vacía de docentes mientras la derecha se apodera del discurso educativo. El éxodo profesional de la docencia porteña transcurre sin llamar la atención en el debate público al compás del deterioro progresivo de las condiciones de trabajo. | Por Mariano Denegris
Aquel refrán que sentencia que se presume de lo que se carece podría aplicarse al discurso grave y compungido que, sobre la importancia de la educación, inunda los editoriales, sobre todo al despuntar el ciclo lectivo. El gesto, inaugurado por un conjunto de comunicadores sociales del establishment en la primera década del siglo, es tan repetitivo que, empiecen o no empiecen las clases, haya o no haya paro docente, con o sin conflicto, las plumas encrespadas se agitan sobre “el futuro de nuestros hijos”. Este fin de semana, previo al comienzo de clases en la mayor parte del país no fue la excepción. “Primer día de clases: el sueño que rompió Baradel”, tituló el viernes el diario perteneciente al multimedio más grande del país la opinión indignada de una diputada opositora con la añoranza recargada de un tiempo pasado siempre mejor. El sábado insistió en el mismo sentido el periodista progre que está del lado de sus patrones por el sentimiento altruista de ayudar a los más débiles. Jorge Lanata dedicó su editorial a falsear datos sobre la deserción educativa sin elementos de contextualización y, de paso, a hacerle prensa al viceministro de educación provincial de la gestión de María Eugenia Vidal, que cerraba escuelas o las condenaba a la desidia.
Pero el interés por la educación de las fuerzas de derecha no es nuevo. Un breve recorrido muestra que desde hace dos décadas se produjo un giro en las preocupaciones de los divulgadores mediáticos del liberalismo, desde lo económico hacia lo educativo. Estos expertos en pedagogía abandonaron, en parte, la preocupación por el déficit fiscal y la trasladaron a la formación de recursos humanos. No es que a sus antepasados no les importara la educación; desde los orígenes del sistema educativo moderno los liberales y conservadores discutieron y definieron el rol de los “aparatos ideológicos” del Estado. Pero podríamos decir que, sobre todo bajo los gobiernos militares del siglo XX y durante la década menemista, la agenda educativa se hallaba en una zona de confort más propia del progresismo.
Fue recién en las primeras décadas de este siglo que el neoliberalismo latinoamericano, ante el florecimiento de gobiernos populistas en los países del sur, forjó, con las pruebas Pisa en una mano y el aumento del “gasto educativo” en la otra, el diagnóstico genérico, impreciso y convincente de la “crisis educativa”.
La obsesión por la educación de los comunicadores neoliberales operó un corrimiento discursivo de economistas y divulgadores mediáticos que tuvo un hito cuando el candidato a presidente de Cambiemos en 2015, Mauricio Macri, llegó al canal de televisión que realizaba la entrevista más buscada de la campaña acompañado exclusivamente por su futuro ministro de educación, Esteban José Bullrich. “Todos los problemas son problemas de educación, decía Sarmiento, y a mí me gustaría ser una gota de sudor de Sarmiento”, se comparó, modesto, Bullrich esa noche. De alguna manera, los intelectuales orgánicos de la educación neoliberal, desde Andrés Oppenheimer hasta Gustavo Iaies, pasando por Juan José Llach y Alieto Guadagni (dos casos típicos de economistas devenidos pedagogos), construyeron el gran problema de la crisis educativa para que viniera Bullrich, ya como ministro, a acuñar la promesa de llevar adelante “una nueva campaña del desierto pero esta vez no con la espada sino con la educación”. Eran tiempos en que las palomas garpaban más en el PRO. Hoy, la otra Bullrich, del otro lado de la interna, se inclina por las campañas a la vieja usanza, machete y balazo y la letra con sangre entra, porque el discurso educativo no lo regalan más.
Puede que ese discurso no sirva para gobernar, pero suma para apuntalar imagen. Y Horacio Rodríguez Larreta, continuador del palomar, lo usó muy bien en la pandemia para mostrar su preocupación educativa cada vez que se encendía una cámara. “A todos nos importa la educación”, decía mientras los principales noticieros leían con dramatismo y música de fondo la carta en que la madre de un estudiante secundario de Pilar lloraba por las escuelas cerradas.
Desde el punto de vista de las discusiones paritarias, este comienzo de clases será menos conflictivo que otros. En el Palacio Sarmiento, las cinco representaciones sindicales que integran la Paritaria Nacional Docente, cuya ley había sido incumplida en los años de macrismo, firmaron un acuerdo por el cual el salario mínimo docente parará en marzo de 90.000 a 130.000 pesos, entre otras cláusulas que incluyen la creación del convenio colectivo para el sector y los programas de capacitación docente nacionales. En provincias como Buenos Aires o Neuquén, los sindicatos llegaron a acuerdos similares y comenzarán las clases sin conflicto. En otras, no hubo acuerdo y el inicio será con medidas de fuerza.
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos sindicatos aceptaron el aumento ofrecido por Rodríguez Larreta y otros lo rechazaron, pero no habrá grandes conflictos. Sin embargo, un tema del que se habla poco y nada signará nuevamente las clases en la ciudad de Buenos Aires: no hay docentes. Así de breve es la descripción del principal problema educativo en el distrito más rico del país. No hay docentes.
Tuvo cierta repercusión la falta de vacantes para las familias que se inscribían en la escuela pública, fundamentalmente en el nivel inicial, pero el dato que permanece ignorado en el debate público y viene creciendo sistemáticamente es de la falta de maestros y profesores. Una excepción a este ninguneo a la problemática fue el de la legisladora porteña Maru Bielli. Según un relevamiento realizado por su equipo en el 2022, cada día hubo en promedio unos 200 grados sin maestro o maestra en las escuelas primarias. En el nivel secundario el promedio diario arrojó 1300 horas cátedra sin docente a cargo. No se trata de que los docentes se ausentan por algún motivo momentáneo. El régimen de licencias no se ha modificado sustancialmente. Lo que ocurre es que asistimos a un éxodo profesional. Este año, cuando aún no han comenzado las clases, ya se comenzó a aplicar el artículo 66 inciso L del Estatuto Docente, que permite convocar a estudiantes avanzados de los profesorados. Es decir, no es que se enfermó un docente que comenzó el año en determinado curso y se necesita cubrir con un suplente. El hecho es mucho más grave, ya se llamaron a todos los docentes inscriptos con título, se agotó el listado y no hay quien quiera cubrir los cargos vacantes. En una escuela del barrio de Monserrat, un directivo se asombra de la apertura de ese listado de emergencia y de que la semana previa al inicio de clases ya tomó una suplencia una docente recién recibida. “No arrancamos las clases y ya estamos rascando el fondo de la olla. No hay más docentes”, lamenta.
Un vicedirector de una escuela media de Barracas cuenta que en todo el año pasado nunca pudieron conseguir suplentes de materias como Lengua, Biología y Economía. “Enviábamos los cargos a acto público y nadie las tomaba”, y agrega que “a eso se suma la impericia de la gestión que demora en publicar las vacantes”. Tal es la situación que el gobierno porteño, abanderado durante la pandemia de la presencialidad, implementó ante la falta de docentes un programa llamado “horas libres” para cubrir con clases virtuales aquellas horas que se quedaban sin profesor.
Las leyes de oferta y demanda del mercado de trabajo deberían llevar a que las condiciones laborales y salariales de los docentes fueran mejorando hasta alcanzar el punto de equilibrio que permita cubrir todas las vacantes. Pero el libre mercado para regular la fuerza de trabajo, igual que con la producción de bienes y servicios, es sólo una abstracción de los liberales. En la situación concreta de las escuelas, los docentes no sólo tienen salarios poco seductores para los potenciales profesionales sino que sufren condiciones de trabajo que los llevan huir del día a día escolar. La obra social de la mayoría de los educadores ha entrado en una crisis sin precedentes. Las enfermedades asociadas a la labor escolar aumentan. El sistema de medicina laboral a través de la aplicación llamada MIA resulta tan desgastante y poco eficiente que muchos docentes confiesan que van a trabajar enfermos para no lidiar con el sistema implementado por la gestión. La incorporación de tecnología y trabajo a distancia que trajo la pandemia ha sumado el trabajo virtual al presencial, repitiendo acciones administrativas en lugar de simplificarlas. A eso se agrega, en la Reina del Plata, una sensación de maltrato y cambio permanente de las reglas de juego por parte de la administración de Soledad Acuña, la ministra del área, que durante una charla de militantes del PRO describió a los docentes a su cargo como fracasados, vagos y viejos al mismo tiempo que estigmatizaba sus supuestas preferencias políticas. La única decisión que, según el Gobierno porteño, tuvo por objetivo revertir esta carencia de personal pedagógico fue la creación de una universidad que se iba a dedicar a la formación de profesionales de la educación. Sin embargo, en la práctica la llamada UNICABA sólo generó conflictos con los profesorados históricos y, a más de tres años de su pomposa y conflictiva creación, no aportó nada al sistema educativo.
El aspecto salarial es una variable importante pero no la única para explicar un problema que sólo promete crecer en los próximos años. Pero para esta nueva guardia pretoriana del discurso educativo, de eso no se habla.
En su libro Realismo Capitalista, Mark Fisher describe con precisión los efectos de la mercantilización de la educación sobre la cotidianidad de las escuelas y la salud mental hiperindividualizada de sus actores: “la insistencia en evaluar el desempeño de los trabajadores y de medir ciertas formas de trabajo, que son por naturaleza reacias a la cuantificación, hizo, de modo inevitable, que fuera necesario añadir una capa adicional de gerencia y burocracia. Lo que tenemos enfrente no es una comparación directa de los rendimientos o desempeños de los trabajadores sino una comparación entre representaciones auditadas del desempeño o del rendimiento. Ocurre entonces un cortocircuito ineludible. El trabajo comienza a orientarse a la generación de representaciones más que a los objetivos oficiales del trabajo mismo”. En este cortocircuito, los tapones que saltan son los docentes.
