En vísperas del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se anunció un nuevo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Insuficiente para las centrales sindicales pero objeto de reivindicación para el Ministerio de Trabajo, la puja del campo popular tapa la impudicia de Funes de Rioja en el cónclave que arbitra el ingreso de los sectores postergados de la sociedad. | Por Mariano Denegris
La última convocatoria al Consejo del Salario, realizada en la previa del 24 de marzo, terminó con más enojos y cruces que las ediciones anteriores de este ámbito cuyas últimas cuitas fueron reflejadas en estas páginas. Más allá del griterío y las chicanas, sus debates, o más bien, los entretelones de esas discusiones siempre traen algo para contar sobre el estado del trabajo en la Argentina y los dueños de poder “de a de veras”.
La más enojada post cónclave resultó ser la propia Ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, que no pudo digerir que, a pesar de la aprobación, representantes de las tres centrales sindicales que participan de la plenaria hayan cuestionado el incremento del 26,6 por ciento en cuotas que dejará el Mínimo por debajo de la línea de indigencia. Pablo Moyano adjetivó como miserable el aumento. Desde el mismo sector que el camionero, Mario Manrique, secretario gremial de la CGT y Adjunto del Smata, quiso expresarse contra el aumento pero el dueño de la pelota, Daniel Funes de Rioja, impidió su intervención alegando que estaba anotado entre los plenaristas.
La ministra le dio la razón al empresario y el mecánico se quedó sin palabra. Tampoco acompañaron el acuerdo los representantes de las CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Las razones de la reticencia de una parte del sindicalismo se encuentran en los números. Un informe del Centro CIFRA, elaborado para la ocasión, muestra que, a diferencia de las afirmaciones oficiales, el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró durante el gobierno del Frente de Todos. Pese a los intentos de mantenerlo a flote en un contexto de alta inflación -en el último ciclo hubo siete actualizaciones-, su capacidad de compra en este mes de marzo está un 14,4 por ciento por debajo de la que tenía en 2019. De esta forma, aumentarlo un 15,6 para abril no alcanzará a compensar los aumentos del costo de vida ni siquiera en las previsiones más optimistas, que ya carecen de adherentes.
El quid del deterioro está en que, al hachazo macrista -que tomó en 2015 el salario mínimo más alto de los países de la región y lo ubicó en cuatro años en zona de descenso directo-, se sumó la pandemia de 2020 -que lo siguió hundiendo-. Las autoridades gubernamentales aducen que el problema real no está en los trabajadores formales sino en que el SMVM lleva atado a su suerte el salario complementario de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que reciben el 50 por ciento de esta suma, o sea, unos 40.121 pesos en el mes de mayo. Con esta afirmación, que la ministra incluso desparramó en su recorrida mediática, parece mandar a los dirigentes sindicales a reclamar la suba del mínimo a la Avenida 9 de Julio en lugar de recibirlos en Leandro N. Alem.
Al expresar su enfado en distintas entrevistas, Olmos mezcló chicanas más o menos picantes con debates necesarios para abordar la situación del empleo y el salario. Entre las primeras, se destacó el chutazo directo contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof para responderle a su par de Interior, Eduardo de Pedro, que se había expresado a favor de los aumentos salariales de suma fija como complemento de las paritarias en momentos de crisis. K.O. le respondió que, si le preocupaban los bajos salarios, se fijara en el de los municipales de la Provincia de Buenos Aires, que eran los peores. Algo de verdad tiene su afirmación. Los estipendios de los empleados municipales llegan a sumas irrisorias por lo escasas, pero eso no es exclusividad del territorio que gobierna Kicillof. Sobre esto le contestó a la ministra precisamente el secretario general del sindicato de los municipales de Avellaneda, Daniel Aversa. Señaló en un comunicado que “no sólo los municipales bonaerenses tienen bajos salarios”, que en el interior del país “ni siquiera rozan la línea de indigencia” y que dependen “siempre de la buena voluntad del intendente de turno”. También le recuerda a la ministra que “hace más de 70 años que se da esta situación” y que ellos han planteado un proyecto de ley en el Congreso Nacional para establecer un ingreso mínimo para los trabajadores de municipios. El problema de esa posible ley es que confronta con la autonomía provincial y municipal. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo puede hacer algo al respecto bajo la convocatoria de Consejo Federal de Trabajo, ámbito similar al Consejo Federal de Educación que -junto a la Paritaria Nacional docente- establece cantidad de días de clase a cumplir y el piso salarial docente con asistencia del gobierno federal a aquellas provincias que no tengan los recursos suficientes para alcanzar un mínimo salarial. Allí también hay autonomías provinciales pero la voluntad política las supera. Es ilustrativo que un mecanismo utilizado por los municipios para pagar salarios inferiores al mínimo legal sea justamente la duración de la jornada de trabajo. Como en Argentina, pese a los proyectos presentados por Yasky y Sergio Palazzo, se mantiene la misma jornada laboral desde hace más cien años, las intendencias reducen las jornadas horarias y con ello los sueldos abonados. Otra razón para revisar la ley que establece 48 horas semanales como jornada legal.
Otro aspecto del debate que encaró la ministra Olmos fue el de la suma fija. Y también partió de una afirmación irrefutable: el peronismo otorgó sumas fijas siempre después de un período neoliberal. Lo hizo tal vez cansada de que le refrieguen los aumentos de suma fija en el gobierno de Néstor Kirchner, primero, y en febrero de 2020 por Alberto Fernández.
En este punto, al buen razonamiento de la titular de Trabajo le pasa lo mismo que con el SMVM. Aunque haya sido un punto fuerte de la gestión de Fernández, pasa por alto la pandemia de COVID. Por eso, el aumento de suma fija otorgado, que elevó el promedio salarial significativamente en el primer trimestre de ese año, se licuó en los meses siguientes cuando los sueldos de todos los laburantes perdieron en el marco de un desplome de 10 puntos de la actividad económica. Eso explica que, desde 2021, haya sectores que aboguen por este modelo de incremento salarial para dar un sacudón desde abajo a los salarios más postergados para que el “récord histórico en actividad y empleo” que señala Kelly Olmos no quede en manos de cuatro vivos como había anticipado CFK.
Ahora, un shock redistributivo es más urgente porque, como consecuencia de los condicionamientos del FMI, al círculo de crecimiento y consumo amenaza con detenerse e iniciar un período recesivo, pero con inflación. Es lo que advirtió Kicillof en el plenario de Avellaneda cuando dijo que, si no se distribuye, no se seguirá creciendo.
Quizás la fiereza de las declaraciones de Olmos tenga que ver más con la impotencia ante ese futuro desalentador. Si algo tienen como hilo conductor las reuniones del consejo del salario, además de que siguen realizándose inexplicablemente a distancia, es la predominancia de Funes de Rioja, líder indiscutido de los emisarios patronales. A pesar de encabezar a los grandes grupos económicos locales que se benefician en gran parte de los procesos de crecimiento del mercado interno -basta comparar las ganancias de las alimenticias y supermercadistas entre el gobierno de Cambiemos y el del Frente de Todos-, su insistencia de acumular ganancias por la vía inflacionaria lo ubica siempre en la conspiración contra esos procesos de crecimiento. O quizás en las “estrategias de construcción de poder de estos grupos” que describe el libro de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli[1], la ideologización clasista de estos grupos los lleve a ubicarse siempre en posiciones contrarias al productivismo.
La memoria de Funes empuja hacia esa conclusión. En los últimos días de diciembre de 2017, cuando se produjo un hecho bisagra del gobierno de Mauricio Macri que marcó el comienzo del fin con la derrota o victoria pírrica de sus proyectos legislativos de reforma laboral y previsional, el Presidente de la COPAL comparó lo sucedido con la multitudinarias movilizaciones callejeras, que el macrismo sopesó insistentemente en toneladas de piedras, con un golpe de Estado. Pocos lo recordarán pero el 20 de diciembre de 2017 el memorioso de Funes dijo que no podía admitirse un “tejerazo” en Argentina, en alusión al intento de golpe perpetrado por el franquista Antonio Tejero en febrero de 1981 contra la naciente democracia española.
[1] Basualdo, Eduardo y Manzanelli, Pablo, Los sectores dominantes en la Argentina, S. XXI, 2022.
