El Sindicato de Trabajadores Viales declaró el “estado de alerta máxima” y acusó al Ejecutivo de impulsar un vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad a través de un nuevo organigrama. Advierten que el Estado dejaría de construir y mantener rutas para limitarse a controlar concesiones.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció que el Gobierno nacional avanza en un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado” que tendría como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Según el gremio, el nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, implica una “reorientación institucional” que en los hechos dejaría a Vialidad sin capacidad operativa para ejecutar obras y tareas de mantenimiento.
La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei “viola de manera taxativa la Constitución Nacional y los límites de los poderes del Estado” al avanzar —según afirmó— en la destrucción del organismo mediante decisiones administrativas, pese a objeciones judiciales y legislativas.
De acuerdo al comunicado, la DNV pasaría de ejecutar directamente obras viales a cumplir exclusivamente funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. “El Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—”, advirtió el gremio, que consideró que esto supone un retiro explícito de una función estratégica.
Ante esta situación, STVyARA declaró el “estado de alerta máxima” e intimó formalmente, mediante carta documento, a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de adoptar medidas que impliquen la “disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición” de la Dirección Nacional de Vialidad.
El sindicato dejó constancia de que, a su entender, este tipo de decisiones afectan el interés público, la continuidad del servicio, la preservación del patrimonio estatal y el mandato constitucional de integración territorial y desarrollo federal, con posibles consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad vial.
Además, el gremio advirtió que hará responsables a los funcionarios por las eventuales consecuencias institucionales, patrimoniales y laborales que pudieran derivarse de estas medidas, y anticipó que evalúa acciones administrativas, sindicales y judiciales.
