Con apoyo de bloques aliados y el quorum aportado por legisladores vinculados a gobernadores del norte (Salta, Catamarca y Tucumán), la Cámara baja dio media sanción revisora a la iniciativa impulsada por el gobierno. El texto sufrió cambios y deberá ser nuevamente tratado por la Cámara alta.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en una sesión atravesada por protestas sindicales, cruces parlamentarios y fuertes cuestionamientos de la oposición. El oficialismo logró reunir los votos necesarios con el respaldo de bloques aliados y tras alcanzar el quorum con legisladores vinculados a gobernadores de Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones.
El proyecto fue aprobado con 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones en la votación general. La iniciativa introduce cambios en el régimen laboral vigente y, al haber sido modificada durante su tratamiento en Diputados, deberá regresar al Senado para su revisión definitiva.
El bloque oficialista La Libertad Avanza consiguió el acompañamiento del interbloque Fuerza del Cambio —integrado por PRO, UCR y otras fuerzas— además de legisladores provinciales y espacios federales. En paralelo, Unión por la Patria intentó sin éxito devolver el proyecto a comisión y hacer caer la sesión mediante una moción de orden.
Uno de los cambios centrales fue la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias médicas, que contemplaba la posibilidad de reducir el salario durante períodos de enfermedad. La supresión del punto respondió al rechazo social y a la presión de bloques aliados.
En contraste, el capítulo que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue ratificado en la votación en particular. La herramienta propone un esquema destinado a financiar indemnizaciones por despido y se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados del debate parlamentario.
El rol de los gobernadores y la disputa por el quorum
El inicio de la sesión estuvo marcado por la discusión en torno al quorum. Los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua habilitaron la presencia de diputados de sus espacios, lo que permitió al oficialismo alcanzar el número necesario para abrir el debate.
Durante la jornada se registraron fuertes cruces entre legisladores. Desde Unión por la Patria denunciaron falta de debate y cuestionaron la dinámica del tratamiento parlamentario, mientras que el presidente de la Cámara, Martín Menem, fue señalado por la oposición por la administración de los tiempos y la reducción de oradores.
Principales cuestionamientos y posiciones en el recinto
Diputados opositores advirtieron que la reforma implica retrocesos en materia de derechos laborales y señalaron impactos en la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios colectivos y el régimen sindical. También cuestionaron el financiamiento del FAL y la eventual utilización de recursos del sistema previsional.
Desde el oficialismo y bloques aliados, en tanto, defendieron la iniciativa al considerar que apunta a promover la formalización del empleo y a mejorar la competitividad de las empresas, especialmente en el interior del país.
Los puntos más debatidos de la reforma
Entre los aspectos más controvertidos del proyecto se destacan:
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Cambios en el cálculo de indemnizaciones por despido, tomando como base el salario básico.
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Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de compensaciones laborales.
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Posibilidad de extender la jornada diaria mediante sistemas de banco de horas.
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Limitaciones al derecho de huelga a partir de la ampliación de actividades consideradas esenciales.
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Nuevo régimen para trabajadores de plataformas digitales como prestadores independientes.
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Derogación de la ley de teletrabajo vigente desde 2021.
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Eliminación de estatutos profesionales específicos y modificaciones en el esquema de negociación colectiva.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto deberá volver al Senado, que podrá ratificar los cambios introducidos o insistir con la versión original. Mientras tanto, organizaciones sindicales anticipan nuevas medidas de protesta y sectores de la oposición evalúan eventuales presentaciones judiciales.
