Feb 08 2025
Feb 08 2025

Diputados comenzó a tratar el proyecto de juicio político contra la Corte

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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comienza a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema, en función de un proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en «mal desempeño» en varios de sus fallos.

La comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos) está reunida desde las 11 para analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

La intención del oficialismo es comenzar con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo dado que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

Juntos por la Corte

La principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político.

Desde el Frente de Todos (FdT) consideran que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional».

Por su parte, autoridades del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron ayer con miembros de la comisión de juicio Político para analizar su estrategia y alcanzaron una serie de acuerdos, aunque aclararon que las decisiones finales se tomarán dependiendo de lo que haga el oficialismo.

En este sentido, coincidieron en no solicitar, al menos por ahora, la inclusión de otros juicios políticos pendientes de tratamiento, como aquellos contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así como también participar activamente en la etapa de admisibilidad de la iniciativa contra el máximo tribunal. Además, acordaron señalar públicamente que “esto es un show del kirchnerismo” y que “nadie saldrá destituido de este proceso” porque el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios necesarios para que el proyecto sea tratado.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que «Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum» y dijo que «el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo».

«Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad», expresó y señaló que «el pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal».

El proyecto

Elaborado por los diputados oficialistas encabezados por Eduardo Valdés, el proyecto que se discute en la comisión de la Cámara baja toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».

«El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante», añade el documento.

Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea».

«Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada», señalan los diputados en el proyecto.

 

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