La iniciativa del oficialismo avanza hacia el Senado tras modificar puntos centrales del texto original. El financiamiento del nuevo sistema generó fuertes cuestionamientos y dejó dudas sobre su implementación en las provincias.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil con 149 votos afirmativos y 100 negativos. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad —o, en términos técnicos, de punibilidad— de 16 a 14 años. De este modo, el oficialismo consiguió su segunda victoria legislativa del año y envió la iniciativa al Senado para su tratamiento definitivo.
El texto original del Poder Ejecutivo fue modificado para reunir apoyos: inicialmente planteaba reducir la edad a 13 años y establecer penas de hasta 20 años, pero el dictamen final fijó el piso en 14 años y una pena máxima de 15 años.
El respaldo llegó de los 95 diputados del interbloque Fuerza del Cambio y de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, País Federal, la Coalición Cívica, La Neuquinidad, Innovación Federal y Provincias Unidas, que votó de manera uniforme a favor. También acompañaron legisladores como Karina Banfi y José Luis Garrido. En Encuentro Federal, solo Miguel Ángel Pichetto votó afirmativamente.
En la vereda opuesta se ubicaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques provinciales. El massismo dio quórum y rechazó el proyecto en general, aunque algunos de sus integrantes apoyaron el primer capítulo, que establece el espíritu de la norma.
Financiamiento en discusión
Uno de los puntos más controvertidos fue el financiamiento del nuevo sistema penal juvenil. El dictamen incorporó una asignación presupuestaria superior a los 23 mil millones de pesos, monto que varios diputados calificaron como insuficiente para garantizar infraestructura adecuada y dispositivos específicos para menores.
Pichetto advirtió que sin inversión en educación y en establecimientos apropiados la ley podría resultar inaplicable y sugirió que su implementación en las provincias quede sujeta a que estén dadas las condiciones materiales. En la votación en particular del artículo referido al financiamiento, algunos legisladores se abstuvieron por considerar que, sin recursos suficientes, la norma quedaría vaciada de contenido.
Cruces y posicionamientos
La miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado, defendió la reforma al señalar que la normativa vigente “es ineficiente, no previene, no resocializa y no repara a las víctimas”. Desde la oposición, Juan Carlos Molina cuestionó que la iniciativa “criminaliza a los niños” y advirtió que impactará principalmente en los sectores más vulnerables.
Durante el debate, Myriam Bregman y Romina del Plá rechazaron la propuesta por considerar que profundiza la persecución penal sobre los jóvenes. Pichetto, pese a acompañar la baja a 14 años, criticó consignas como “delito de adulto, pena de adulto” y sostuvo que la reforma requiere una política integral y sostenida.
El cierre estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien afirmó que el Congreso “dejó de esconderse” frente al debate y defendió la necesidad de establecer consecuencias penales para delitos graves cometidos por menores.
Antes de la votación se produjeron fuertes cruces en el recinto, luego de que Nicolás Mayoraz acusara a Unión por la Patria de sostener una ley heredada de la dictadura, lo que generó la respuesta de Horacio Pietragalla.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se anticipa una discusión atravesada por las mismas tensiones políticas y presupuestarias que marcaron su paso por Diputados.
