“En Argentina hay más ganas de putear que de pensar”. El autor de la frase es Jorge Asís y, si bien no es un prodigio en ninguna de las dos esferas, su potencia descriptiva y su tono provocador recortan con frecuencia su figura sobre el resto del mainstream mediático. | Por Pablo Dipierri
El fin de semana de Pascuas y los record de afluencia turística apagaron la intensidad de la agenda periodística pero el jueves pasado, antes de la conmemoración bíblica de la última cena de Jesús y sus apóstoles, las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco se despacharon en La Nación + con un abordaje deplorable de la relación entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hija, Florencia Kirchner, diagnosticando afecciones sin matrícula y concluyendo con acusaciones sin fundamento. La respuesta corrió primero por cuenta de La Cámpora, que apeló a un hilo de Twitter para caracterizar la pieza como “discurso de odio”.
En esa red social, la organización política indicó que “hace veinte años que Cristina y su familia son violentadas de manera pública y sistemática por las estructuras más poderosas del país”. “La barbarie de Julio Saguier, dueño de La Nación y amigo de fiscales y jueces ¿tiene un límite?”, inquirió en el mismo mensaje la agrupación liderada por el diputado Máximo Kirchner.
Finalmente, el pronunciamiento alertó que los detractores de la Vicepresidenta “no van a parar hasta que la bala salga”, en clara alusión al atentado que sufriera en la puerta de su domicilio el 1º de septiembre pasado, y consignaron que lo obrado al aire por Canosa y Di Marco forma parte de un “fusilamiento mediático”.
Aunque la epidermis social acredite cierto grosor de impermeabilidad ante el tópico, la cuestión tuvo su cuota de repercusión mediática, sobre todo en la constelación de medios de comunicación afines al oficialismo. En tiempos de agobio, entre el odio y el bodrio no hay demasiada distancia, y eso quizá torne más peligrosa la situación.
Ante sucesos como el de Canosa y Di Marco, enseguida emergen voces que reclaman maniobras concurrentes. Por un lado, el supuesto retorno romántico a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), desautorizado no solamente por las dificultades de la ecuación hegemónica vigente sino por la improcedencia del herramental reclamado. Y por otro, el pedido de una regulación concreta que inhiba o sancione los discursos de odio.
La sensibilidad del tema contribuye a que, incluso, se pierda de vista lo que dijo la propia Vicepresidenta en su primera aparición pública después del atentado que sufrió el 1º de septiembre pasado. Acompañada por cursa y religiosas, repasó la historia y reparó que también Hipólito Yrigoyen sufrió un atentado con armas de fuego antes de su derrocamiento, y deslizó que no hacen falta más leyes sino aplicar las que hay. “La instigación al delito está tipificada en el Código Penal”, alegó ante este portal un letrado probado en batalla.
El acierto de la ex Presidenta radicaba entonces, además, en la historización del resentimiento y la violencia. Con lucidez, advertía que ella no es la primera en ser asediada, perseguida y vulnerada.
Tal vez porque los dueños de todo siempre odiaron. O mejor dicho, su desprecio es el sustrato ideológico de la esclavitud pretérita o la subordinación económica actual, garantizada por la disciplina de matanzas o represión si hubiera conatos de resistencia.
Dio en la tecla también el profesor Eduardo Rinesi, cuando escribió en Realidad en Aumento que el abuso de la noción de discursos de odio deriva en ciertas complejidades. “El énfasis en el odio que en efecto destilan un conjunto de discursos hace aparecer muchas veces a la pasión presuntamente opuesta a esa del odio, la del amor, como la solución al problema que esos discursos representarían”, tipeó el politólogo, y agregó que, antes que el presunto triunfo del amor, enunciado desde la banalidad y la anodinia, lo que puede prevalecer contra la aversión de los poderosos es la solidaridad y la organización popular.
Loca, tu forma de ser
En términos periodísticos, lo que Canosa y Di Marco hicieron ni siquiera respeta el Manual de Estilo de La Nación, en su capítulo sobre principios éticos y conducta profesional. No obstante, ambas están integradas a un dispositivo: el problema no es personal sino político.
Y en ese sentido, hay muchísima tela para cortar. Primero, porque la libertad de expresión, por los pactos internacionales a los que Argentina suscribió y a los que dio rango constitucional con la reforma de 1994, está sujeta a responsabilidades ulteriores. Es decir, cada cual puede decir lo que quiere pero es responsable de lo que dice.
Pero no son pocos los que llaman al sosiego bajo la preocupación de que el aliento a cualquier cercenamiento a la circulación de diatribas y acusaciones degradantes, aun cuando les quepan sanciones posteriores previstas en las tareas de observación de organismos como la Defensoría del Público, habilitaría revanchas censoras que acechan a la vuelta de la esquina con el fascismo en ascenso. “La victimización permanente de parte de lxs nuestrxs es agotadora”, expresó ante La Patriada uno de los impulsores más activos de la LSCA, norma depositaria de añoranzas y nostalgias, y añadió: “si te colocás en el centro del mapa político de un país, te van a revisar todo. Le pasó a Francois Mitterrand (con una hija extramatrimonial), a Carlos Menem (con otro hijo extramatrimonial) y hasta a Bill Clinton (y su famosa becaria)”.
A su criterio, la salida no es regulatoria y las barbaridades de la dupla femenina que se complacían en el agravio a la Vicepresidenta no se trata de discurso de odio, categoría jurídica contemplada por el 2º párrafo del artículo 20 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos bajo “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. Sin intenciones de minimizar la performance de La Nación + los juristas y especialistas en comunicación alegan que, en principio, el segmento no incluye la incitación o instigación.
Para la base de sustentación kirchnerista, estas apreciaciones políticas basadas en sesudos desarrollos teóricos y precisiones técnicas pueden resultar irritantes u ofensivas. Para el resto de la sociedad, o buena parte de ella, parece absolutamente intrascendente.
Los argumentos en pugna, al interior de las tribus que debaten el asunto con fervor y compromiso, son el que promueve la defensa de la libertad de expresión y postula un umbral alto para limitarla considerando contexto, orador, intención, forma y contenido, extensión del discurso y probabilidad de que lo dicho desemboque en delito; versus la postura que factura el daño y las consecuencias irreparables de una jauría desembozada. La síntesis no es tan sencilla como la angustia, el malestar o el desánimo.
Pero también sobre eso urgen preguntas que propicien una nueva narrativa. El ensayista Alejandro Kaufman dijo el mismo Jueves Santo del escarnio de Canosa y Di Marco que hay una situación hegemónica en la prensa “absolutamente catastrófica”. “Estamos siendo hablados por la derecha, eso es algo estructural y que está profundamente exacerbado”, ilustró.
Bajo la misma perspectiva, consideró que la lengua popular está “en retroceso”. “Hay una declinación de la lengua popular, que está intimidada o empujada hacia un costado y un prevalecimiento de una lengua de derecha”, aseveró, y deslizó: “estamos mal pero diagnosticamos de modo equivocado por qué estamos mal, y en qué estamos mal”.
Quizá vaya siendo hora que la contestación permanente a los lanzazos verbales de las corporaciones mediáticas mantiene a los dirigentes populares esquivando las embestidas en campo ajeno. La táctica correcta no consiste tampoco en dejar de defenderse frente al enemigo pero el riesgo de gritarle al árbitro que revise la jugada en el VAR oculta la posibilidad de que el peronismo se reduzca al visionado de Twitter y renuncie a la política.
La cuenta pendiente del Estado en manos de un gobierno progresista es la de un modelo de comunicación pública que reivindique los lazos sociales e incremente la densidad democrática, por fuera de los espacios publicitarios pautados como alquiler de periodistas o empresas más o menos cercanas. Una política seria al respecto debería integrar el despliegue concurrente del sistema de medios estatales con experiencias periodísticas nutridas en el seno de las luchas más amplias de la sociedad.
