Por Guillermo Lipis
Asociaciones médicas, académicas y ONGs suscribieron un manifiesto contra los proyectos de los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, que buscan derogar la ley de Promoción de Alimentación Saludable (de Etiquetado Frontal) al considerarla «un caso de intervencionismo estatal excesivo» y porque «desincentiva la innovación en la industria alimentaria», por encima de los «serios daños para la salud» que puede evitar la aplicación de esta legislación.
El 26 de octubre de 2021 se aprobó la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal, que establece que las bebidas y productos comestibles procesados y ultraprocesados con excesos de azúcares añadidas, sodio, calorías, grasas totales o grasas saturadas deben llevar octógonos negros que adviertan sobre la existencia de estos elementos nocivos para la salud.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce al etiquetado frontal en los alimentos procesados como una política clara para la prevención de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) porque facilita al consumidor la posibilidad de elegir productos saludables.
Sin embargo, hacia fines de este año, los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero presentaron dos proyectos de ley que buscan derogar dicha ley.
Bongiovanni, en sus considerandos, argumentó que la ley de Promoción de Alimentación Saludable «es un caso de intervencionismo estatal excesivo en las actividades económicas privadas, dado que limita la libertad de las empresas para comercializar sus productos según sus criterios y necesidades de mercado».
También explica que «coarta la libertad de los consumidores para decidir qué productos comprar».
Llevando su cuasi libertarismo al máximo explica que «en una sociedad que valora la autonomía individual, este tipo de intervenciones debería reducirse al mínimo necesario en lugar de maximizarse como en este caso. En una sociedad donde prevalecen los acuerdos voluntarios, la demanda por una alimentación saludable da lugar a empresas que la proveen y asociaciones de consumidores que velan por ella; no a un Gran Hermano que busque controlar qué come la población».
Para Bongiovanni, «el etiquetado frontal afecta negativamente a los consumidores porque subestima su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su alimentación. Este enfoque de sobreprotección implica que el Estado debe actuar como un tutor que define qué es lo mejor para la sociedad, en lugar de confiar en la educación y la libre elección. Este paternalismo no solo limita la libertad de elección, sino que promueve una cultura de dependencia hacia el Estado en lugar de fomentar la responsabilidad individual en las decisiones de consumo».
Claro, no se pregunta de qué otro modo, si no es bajo la responsabilidad del Estado, los consumidores pueden acceder a la información fidedigna para decidir qué consumir y qué no, porque las empresas alimenticias -hasta la implementación de la ley 27.642- no advertían sobre los eventuales peligros que corre la salud por la ingesta de sus productos industrializados.
El proyecto de la diputada Daiana Fernández Molero destaca que los octógonos negros restan «competitividad a nuestros productos de exportación, y encarece los productos alimenticios importados resultando en un mayor costo para los consumidores, y brindan información confusa a los consumidores para la toma de decisiones. La sobreabundancia de sellos acaba por restar valor a las advertencias, equiparándose a que nada lleve sello».
También cree que «no incentiva de manera eficiente la reformulación de los productos para que sean más saludables», cuando la función de los octógonos es advertir sobre los perjuicios a la salud.
La omisión de los diputados
Ambos proyectos hacen foco en la crítica a la política de los octógonos, que es, probablemente, el punto más conocido de la ley. Pero no es lo único que regula esta norma ya que también busca proteger a las infancias de las publicidades engañosas y crear entornos escolares que promuevan consumos saludables al determinar que el Estado debe priorizar en sus compras productos sin sellos para los comedores escolares y que los quioscos de los colegios deben ofrecer artículos saludables, es decir sin octógonos en sus envoltorios.
La ley tiene un aspecto que hace a las compras de alimentos por parte del Estado: si tiene sellos, no deben formar parte de las compras para consumo de los niños en los colegios.
En las escuelas los chicos no solamente no reciben alimentos ultraprocesados, sino que en el quiosco escolar no debiera haber tampoco alimentos con octógonos. Y toda esta política está orientada a desarticular el consumo de productos saludables.
A favor de la ley de Etiquetado Frontal
A partir de estas iniciativas del PRO, unas 150 organizaciones de la sociedad civil, ONGs, asociaciones médicas, académicas y profesionales de la salud suscribieron un llamamiento a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales en defensa de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS) «para evitar cualquier retroceso en esta política que tiene como objetivos garantizar el derecho a la salud, a la alimentación e información de toda la población y promover la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles».
En su texto, y a diferencia de los argumentos de Bongiovanni y Fernández Molero, aseguran que «la ley PAS promueve la autonomía de la población, ya que brinda datos sobre nutrientes críticos en forma rápida, accesible y clara, lo que permite la toma de decisiones informadas. Fomenta, a su vez, mercados más justos, no engañosos para las/os consumidoras/es y determina la aplicación de un etiquetado que no actúa como barrera al comercio».
Los firmantes del comunicado aseguran que Argentina «se encuentra en una región con importantes desafíos con relación a la alimentación de su población, que incluyen malnutrición por déficit (retraso del crecimiento, emaciación infantil y carencias de vitaminas y minerales) y malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad). Asimismo, es la única región donde ningún país está en vías de poder alcanzar el objetivo de disminuir el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años para el año 2030″.
Y agregan que «Argentina se encuentra entre los países con mayores cifras de sobrepeso en menores de 5 años (12,6%) y de obesidad en adultos en la región superando el 25%. En este sentido, resulta preocupante el patrón de consumo de alimentos caracterizado por un alto aporte de productos ultraprocesados: se ha demostrado que en niños, niñas y adolescentes (NNyA) más de un 35% de las calorías diarias provienen de estos productos y 29% en población adulta. Por el contrario, la ingesta de alimentos como las frutas y las verduras está muy por debajo de la recomendada, llegando solo a cubrir el 20% de dicha recomendación en NNyA».
«Argumentaciones muy débiles»
Para el presidente del Consejo de Nutrición de la Asociación Argentina, Enrique Abeyá Gilardón, «estos dos diputados no deben saber nada del tema y son fácilmente permeables a los intereses de la industria«.
Consultado por La Patriada Web sobre su parecer acerca de los proyectos presentados por Bongiovanni y Fernández Molero, este médico pediatra especializado en nutrición pública aseveró que «son muy débiles en términos de la argumentación».
Para saber qué productos son menos saludables que otros necesitamos contar con información clara. OPS promueve el etiquetado frontal de los alimentos. #FiestasSaludables pic.twitter.com/wpALEWrZ0b
— OPS/OMS (@opsoms) December 28, 2017
«Podrían haber pedido asesoramiento. Hubieran recurrido a cualquiera de las sociedades científicas que están en el tema, hubieran hablado con los que impulsaron la ley. No tienen ningún interés en eso. Los argumentos que utilizaron son muy pueriles. Me parece que ni siquiera ellos deben estar convencidos de lo que están haciendo«, dijo.
Y explicó: «Desde el Consejo de Nutrición Pública de la de la Asociación Argentina de Salud Pública estamos absolutamente en contra de la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal porque nos parece muy peligroso en términos de lo que significa la salud pública. Puede ser un retroceso tremendo».
Sabias que el gob de @JMilei quiere eliminar la la ley de etiquetado frontal que protege la salud poblacional para favorecer a intereses $$ de la mala industria alimentaria ? #EtiquetadoEsSalud pic.twitter.com/foenwTSd4n
— Frente por la Niñez y la Adolescencia Protegidas (@ninez_frente) December 6, 2024
La Patriada Web: ¿Puede nombrar algún aspecto que considera destacable por el que no habría que derogar la ley?
Enrique Abeyá Gilardón: Considerando que la Argentina tiene 60% de la población con sobrepeso y que esto se asocia directamente al riesgo cardiovascular y al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, la principal morbimortalidad que tiene la región y la Argentina en particular, esta ley es un avance muy importante para contribuir a que se consuman menos productos ultraprocesados.
La Patriada Web: Supongamos que el formato que terminó adoptando la Ley de Etiquetado Frontal no sea el correcto y tiene cosas para corregir. ¿No sería mucho mejor optimizar la ley en lugar de derogarla? ¿A qué cree que pueden responder estas iniciativas?
Enrique Abeyá Gilardón: Y… puede ser un avance de la industria alimenticia. El sistema de alimentos ultraprocesados es una transformación que ha tenido el perfil de la alimentación en la población mundial, donde la dieta se ha globalizado y se ha transformado a los alimentos en mercancías y se ha perdido biodiversidad en el planeta en términos alimentarios.Los alimentos ultraprocesados son mercancías de alta rentabilidad para la industria porque son relativamente baratos y con márgenes de ganancia altísimos. Pero, al mismo tiempo, por las elaboraciones con que se producen, conllevan el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, por ejemplo, con la obesidad, problemas cardiovasculares, mortalidad temprana, la pérdida de calidad de vida, diabetes, hipertensión, etc. Y a la industria, lo que le importa es poder preservar su ganancia extraordinaria. Cuando no lograron impedir los octógonos de advertencia, que no hacen más que responder a que la población esté informada sobre lo que está comiendo, buscaron entorpecer el camino de su sanción. En su momento no lo lograron porque los argumentos son tan fuertes que la ley salió, sin embargo, es una cosa de manual lo que están haciendo. Recuerdo que lo mismo ocurrió con el tabaco y, ante la existencia de la ley, lo que hacen es poner obstáculos en la aplicación de la misma, por ejemplo, con excepciones con argumentos que demoran su implementación. Incluso ahora buscan implementar un falso liberalismo con sus argumentos de la imposibilidad de la libre elección de alimentos.
«La ley busca promover una dieta saludable»
Para Ana Carolina Gianoli, médica especialista en cardiología y obesidad y miembro titular del Comité de Obesidad de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), la Ley de Etiquetado Frontal «forma parte de un de Acción de las Américas de la OMS con el fin de reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Busca promover una dieta saludable y es ahí donde deben entran las medidas políticas para lograr el compromiso de productores, procesadores y consumidores, para que se reduzcan los niveles de nutrientes críticos de los productos alimenticios», explicó.
La Patriada Web: ¿Es complicado reformular un alimento?
Ana Carolina Gianoli: Lleva mucho tiempo hasta que se aprueba la nueva fórmula de un alimento o de un producto. Probablemente sea más barato lanzar un nuevo producto que reformularlo y mantener los costos de producción. Este puede ser uno de los motivos por los que se quiera sacar la ley y no tener ningún problema a nivel empresarial. La realidad es que esta ley contempla que no se puedan vender este tipo de productos en las escuelas y no se pueda hacer publicidad. Mayoritariamente en Argentina se consume más de un 30% de estos productos, mientras que la recomendación sería que no supere el 17% de la dieta, cifra asociada a la tasa de obesidad y sobrepeso que tenemos en las Américas, donde Argentina lleva la delantera en ese ranking. Desde la FAC, esta ley es útil, sirve a nivel individual al consumidor y si se aplica completa también sirve a nivel poblacional.
La Patriada Web: ¿A qué otras cosas se asocian los sellos octogonales?
Ana Carolina Gianoli: A una disminución o limitación en las ventas. Desde mi mirada, lo trascendental es que, si la ley se aplica correctamente, y hay una menor provisión de productos con sellos en las escuelas, los alimentos más saludables tendrían que ser más accesibles. Hablo de productos como legumbres, granos, aceites, carnes, pescados, huevos, lácteos, etc., y no enfocarnos tanto en productos ultraprocesados, que no deberían ser la parte principal de una dieta. Al contrario, deberían ser excepcionales en el consumo de una persona para lograr salud y reducir las enfermedades no transmisibles.
De todos modos, si la industria está hay que regularla con el objetivo de mejorar la salud de la población en su conjunto. Como integrante del Comité de Obesidad de la FAC, digo que ojalá se pueda sostener la ley conocida como de Etiquetado Frontal.
El silencio de los diputados
La Patriada Web contactó a los diputados Bongiovanni y Fernández Molero para conversar con ellos y darles el espacio que merecen y corresponde. Sus dos voceros de prensa atendieron a este medio con suma cordialidad y ante la denunciada «falta de tiempo» y justificar que cada diputado está en una semana «muy ocupada» solicitaron el envío de la consulta:
La Patriada Web: ¿Por qué, si lo considera necesario, propone modificar la Ley de Etiquetado Frontal en lugar de derogarla cuando hay tantas organizaciones sanitaristas o médicas que se oponen a los dos proyectos presentados por el PRO y ninguna fue convocada previamente a emitir sus opiniones científicas?
Hasta el momento de cierre de esta nota Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni no respondieron a esta única consulta. Una de sus voceras cree que «ya bajaron la persiana al tema». Era previsible.
