Cada cual tiene un trip en el bocho,
difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Charly García
La novedad más auspiciosa contra el crujiente Frankestein gubernamental es que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se pusieron de acuerdo en un punto nodal: plantarse contra la devaluación que reclaman las corporaciones económicas. Frente a los terratenientes que encanutan soja en silobolsas, el Jefe de Estado sigue cavilando entre medidas económicas que le acercan sus asesores, como la apertura de una ventana de exportaciones a un tipo de cambio diferencial, pero el diario La Nación avisó en su tapa esta madrugada que los ruralistas rechazan esa concesión.
Al mismo tiempo, Fernández sopesa opciones para el enroque de piezas en el gabinete, con el objetivo de congraciarse con los persistentes reclamos que se atribuyen a la titular del Senado acerca de inyectarle volumen político al elenco de funcionarios que rodean al primer mandatario. Aunque vetado por la propia Vicepresidenta tras la renuncia de Martín Guzmán, el nombre de Sergio Massa vuelve a ser susurro en los pasillos de la Casa Rosada como superministro, con las susceptibilidades que rasguñaría en caso de que se le abra el espacio: si tal deslizamiento sobre el tablero ocurriera, estiman los operadores que Daniel Scioli retornaría a la Embajada argentina en Brasil; Silvina Batakis descendería al rango de secretaria de Hacienda; Miguel Pesce podría abandonar la conducción del Banco Central (BCRA) y Juan Manzur debería ser compensado de alguna manera por aventurarse tras las PASO en medio de la zozobra oficialista.
Mientras la ministra de Economía chapotea en la lodosa renegociación de las metas con la mandamás del FMI, Kristalina Georgieva, el Presidente se abraza a la hoja de ruta que rubrica Pesce. En la entidad crediticia no auguran un camino de rosas pero apuestan que se descomprimirá la presión cambiaria por la disminución de la demanda energética a medida que pase el invierno, atisban que los productores agrarios se verán obligados a la venta de granos para hacerse de liquidez de cara a la siembra en la nueva campaña y confían en que Estados Unidos terciará a favor de Argentina frente a las bravuconadas de Mauricio Claver-Carone para retacearle el envío de fondos al país bajo la excusa de la insolvencia local.
Bajo el influjo de la incredulidad imperante, opera el recetario de economistas ortodoxos que se pavonean en TV y empresarios elegantes, que se expresan sin la rusticidad canchera de Carlos Melconian, como el CEO de Syngenta, Antonio Aracre. “Un desdoblamiento cambiario inteligente con inicio y final planificado es mil veces mejor que una devaluación forzada y desordenada”, tuiteó ayer, y agregó en declaraciones a FM La Patriada: “con una brecha tan alta, con un dólar oficial de 130 y pico, y dólares financieros por arriba de 300, los agentes económicos se protegen frente a lo que puede ser pérdida de su poder adquisitivo; que todo lo que sea no imprescindible se pague al dólar que valga en el mercado sin intervención”.
Con potencia menguante, los timoneles del Frente de Todos (FdT) saben que no hay chances de que se tramite sin efectos traumáticos una devaluación como la que le dobló el brazo al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el 23 de enero de 2014, cuando era ministro de Economía de la ex Presidenta. Aquel cimbronazo de la divisa norteamericana se compensó con el Plan Progresar y el Programa Precios Cuidados para amortiguar el impacto de la transferencia de ingresos de los asalariados a las cuentas de la clase dominante. En ese andarivel podrían anotarse proyectos como el de ingreso complementario para paliar la indigencia que promueve la senadora Juliana Di Tullio pero su aprobación no parece más veloz que la aceleración de la corrida en curso.
Encerrados en el laberinto económico que construyeron apilando los cascotes que se arrojaron en la desgraciada interna a cielo abierto, la diseñadora de la herramienta electoral empobrecida como trasto gubernamental y el delegado ensoberbecido que suponía que persuadiría con palabras a sus antagonistas comprueban ahora en carne propia que la crisis por el dólar se cimenta en sus refriegas palaciegas. “Tarde se dieron cuenta”, dice un ex diputado peronista que siempre está listo para ofrecerle consejo a cualquier compañero que se lo pida.
Desacuerdo irresoluble
Asimismo, el kirchnerismo sigue apelando a la responsabilidad de la oposición en medio del tembladeral. Lo hizo desde el 9 de mayo de 2019 la por entonces senadora de Unidad Ciudadana, cuando presentó el libro Sinceramente y habló de un “nuevo contrato social de ciudadanía”, y lo reiteró en circunstancias clave de la administración en marcha, sobre todo cada vez que mentó el problema de la economía bimonetaria.
La semana pasada, sin embargo, el clamor partió de la boca del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque luego fuera desmentido por él mismo a través de su cuenta de Twitter. «Les pido conciencia y responsabilidad. Nada más que eso. Nosotros no somos del odio, ni de la agresión ni de la violencia. Vivimos cuatro años de esas desgracias y hoy necesitamos ayuda también de la oposición», había dicho según consignaron despachos de agencia publicados por los diarios. Tras el anuncio de la negativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre una presunta invitación y la reticencia del radicalismo a sentarse a una mesa, Kicillof aclaró que no convidó con ningún entendimiento porque su acuerdo es con el pueblo.
Por supuesto que nadie es ingenuo. Cerca de la Vicepresidenta admiten que es muy difícil arribar a un diálogo fructífero con Juntos por el Cambio (JxC) pero el planteo apunta, al menos, a mitigar los daños del zamarreo financiero o contener a la sociedad frente a la metralla mediática que alimenta el caos. Menuda tarea la de un oficialismo mermado y desautorizado por las vacilaciones constantes del Presidente y el agotamiento social expansivo.
Por lo demás, resulta ilustrativo el trabajo del intelectual francés Jaques Rancière, quien publicó en 1996 El Desacuerdo, un libro en el que se preguntaba por la existencia de la filosofía política en pleno apogeo del Consenso de Washington y la orfebrería de pactos a piacere del mercado. (Ver, asimismo, nota intitulada de igual manera en www.realidadenaumento.com.ar).
Rancière entendía que “el conflicto no era entre quien dice blanco y quien dice negro sino entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo mismo pero con el nombre de la blancura”. De modo que ni macristas ni radicales rechazan el acuerdo per se sino que, antes bien, huelen la debilidad e imponen condiciones o redefinen el campo de juego en el que pretenden la disputa.
Es decir, reclaman a les Fernández que hagan el ajuste brutal para acceder eventualmente al cetro de la Casa Rosada sin tener que tomar decisiones incómodas. Matan, de esa forma, dos pájaros de un tiro: empujan al FdT a hacer el trabajo sucio del shock y manchan el legado kirchnerista para impugnarlo frente a la sociedad ajustada.
2001, odisea peronista
En el seno de la coalición oficialista hay quienes temen un final como el que promueven sus verdugos ahora para que los votantes descarten al peronismo como después del 89′ o el 2001 lo hicieron con el radicalismo. No obstante, el escenario es bien distinto. Y aunque esas diferencias no eximan al Gobierno de un eventual epílogo fatídico, hay que precisar la caracterización del problema para no incurrir en errores groseros y un derrotismo bobo.
Por empezar, en 2001 la desocupación era de dos dígitos y hoy se ubica en un 7%. Si bien el poder adquisitivo se deterioró, los dirigentes de las organizaciones piqueteras y los movimientos sociales admiten que a sus compañeros y compañeras no les falta trabajo sino que les quedan corto el salario o los ingresos.
El nivel de conflictividad, según informó la Agencia Paco Urondo sobre el filo del fin de semana, está por debajo de la salida de la pandemia. En septiembre pasado, había un promedio de casi 9 manifestaciones por día y, durante el último mes, el promedio arrojó menos de 6. Quizá la cobertura mediática con acampes en la Avenida 9 de Julio inoculen más desconcierto que la realidad.
Los intendentes, por su parte, no registran un desgarro en la malla de contención social en el conurbano bonaerense ni auguran desbordes, como indica la retórica Grabois. Así lo explicó el jefe municipal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, la semana pasada: “no hay crisis social, esto no es el 2001”, enfatizó categóricamente en declaraciones a AM750.
Si para muestra vale un botón, las crónicas de julio de aquel año son elocuentes. La cobertura previsional sólo alcanzaba a dos tercios del sector pasivo; Domingo Felipe Cavallo no podía sortear la trinchera alfonsinista para avanzar sobre el PAMI; y el vocero presidencial de Fernando De la Rúa, Juan Pablo Baylac, acusaba de sedición a los trabajadores desocupados que cortaban rutas.
Las diferencias son abismales pero los objetivos de la conducción política del poder económico son idénticos. Por eso, es atinado que el diputado Rodolfo Tailhade haya aclarado que no dan los tiempos procesales para que la derecha se alce con la proscripción electoral de la ex Presidenta. Por más que se eleven a juicio oral las causas en su contra, la sentencia del Tribunal Oral Federal que la juzgue y los saldos de las apelaciones que tengan que atender -rechazando o confirmando el fallo inicial en Casación Penal y la mismísima Corte Suprema- difícilmente se den ante de los comicios.
En definitiva, los dueños del país necesitan que la Vicepresidenta -en pleno ejercicio y con inocultable gravitación- empeñe su nombre en el salto devaluatorio. Cifran en ese gesto claudicante la chance de decirles a los argentinos que el peronismo fracasó.
Aun cuando la síntesis contra la guillotina del dólar sea tan frágil como la artillería monetaria del BCRA, ambos mandatarios tienen conciencia de la fe de los que no tienen alternativa y la responsabilidad indelegable que pesa sobre sus hombros: el peronismo tiene prohibido rendirse.