En Argentina se encuentra la comunidad italiana más numerosa fuera de Europa. Más de 1,5 millones de residentes en el país están habilitados para votar por correo hasta el 3 de junio para hacer llegar su sobre con el sufragio.
El Comité por el Sí con miras al Referéndum en Italia, que busca revertir normas que, en los últimos años, debilitaron los derechos laborales y fomentaron la precarización del empleo, iniciaron una campaña en la que promueven la votación de los ciudadanos italianos en el país.
En Argentina, el Comité por el Sí desarrolla una intensa campaña para incentivar la participación electoral desde el exterior con el objetivo de promover el ejercicio del voto como un derecho fundamental y para mantener activa la ciudadanía, incluso desde fuera del territorio nacional.
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Por medio de charlas informativas, encuentros comunitarios y acciones en redes sociales, el Comité busca involucrar a los electores en un proceso que los interpela directamente, tanto por sus vínculos familiares y culturales como por el impacto concreto que las políticas italianas tienen en sus derechos, se informó.
Además, el Comité afirmó que el voto de ciudadanos italianos desde el exterior tiene aún más relevancia frente a los nuevos límites impuestos por el gobierno de Giorgia Meloni al reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis).
El reciente decreto-ley aprobado por el Ejecutivo italiano estableció que, para conservar o adquirir la ciudadanía, será necesario demostrar un vínculo real y comprobable con el Estado italiano.
En ese contexto, participar en instancias democráticas como el referéndum se vuelve una forma de preservar el vínculo institucional y evitar la pérdida de derechos por falta de ejercicio.
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En Argentina se encuentra la comunidad italiana más numerosa fuera de Europa: más de 1,5 millones de italianos residentes en el país están habilitados para votar por correo.
Tienen tiempo hasta el 3 de junio para hacer llegar su sobre con el sufragio.
El referéndum consta de cinco preguntas que abordan aspectos clave del sistema laboral y del acceso a la ciudadanía.
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Entre las propuestas más relevantes se encuentra, justamente, la derogación del Decreto Legislativo 23/2015, que impide la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa justificada; la eliminación del tope indemnizatorio en pequeñas empresas; la restauración del requisito de justificación para los contratos temporales, con el fin de reducir el trabajo precario; la ampliación de la responsabilidad legal de las empresas ante accidentes laborales causados por subcontratistas, y la modificación de la Ley 91/1992 para reducir de 10 a cinco años el tiempo mínimo de residencia legal necesario para solicitar la ciudadanía italiana.
La iniciativa es impulsada por una amplia coalición de organizaciones encabezadas por la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) y la Unione Italiana del Lavoro (UIL), dos de las centrales sindicales más importantes del país. A ellas se suman la Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) y una diversidad de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y académicas que ven en este referéndum una vía para frenar el avance de reformas que han erosionado el estado de bienestar.
