Uruguay vive momentos de alta tensión. El ex Jefe de Seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, está involucrado en delitos de contrabando en una causa que parece tener aristas interminables. Todo comenzó con la distribución de pasaportes falsos a personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.
El antecedente reciente indica que el narcotraficante Sebastián Marset, uno de los cabecillas del Primeiro Comando Capital en Paraguay, quien se encontraba detenido en Dubai, y José Reyes, recibieron inmunidad diplomática en la embajada uruguaya en Buenos Aires a pesar de estar condenado por contrabando en 2002.
Pero el escándalo no terminó ahí. Ahora se filtraron unos chats en donde se registra el ofrecimiento de contactos de inteligencia a un empresario argentino y el uso de un programa oficial llamado «El Guardián», utilizado para intervenir celulares, que depende del Ministerio del Interior.
Lacalle Pou conoce a Astesiano desde 1999, cuando este trabajaba para el entonces canciller del Gobierno de su padre, Luis Lacalle Herrera (1990-1995), y el actual secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu.
El ex custodio de Lacalle Pou intentó borrar toda la información de su celular pero la Policía Científica logró recuperar la totalidad del contenido. Entre los mensajes encontrados, se destaca uno de septiembre con un empresario agropecuario argentino, que produce trigo y soja en estas pampas, Paraguay y Uruguay, al que Astesiano le da información obtenida de forma ilegal.
Además, se confirmó que el ex custodio presidencial espiaba a dos senadores opositores que estaban empujando una denuncia contra una polémica concesión del puerto de Montevideo a una empresa belga por 50 años. En la conversación, buscan elementos para “atar” los denunciantes, Mario Bergara y Charles Carrera.
Los chats también confirman que en la primera semana de agosto, el ex jefe de Seguridad presidencial, recibió una transferencia desde la compañía ubicada en la ciudad de Boca Ratón, a setenta kilómetros al norte de Miami. El intercambio de información continuó entre febrero y septiembre, plazo durante el cual la empresa le pidió a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados al Gobierno como la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional (un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries); la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya; y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas más importantes a nivel global.
La gravedad de los hechos es de dimensiones nunca vistas en Uruguay, un país que suele preservar los trazos finos de la institucionalidad pero, en este caso, se habrían usado todos los fierros del Estado para espiar ilegalmente a dos senadores opositores.
Esto amenaza con afectar una imagen que hasta el momento no había tenido grandes golpes y es uno de los capitales más importantes de Lacalle Pou, a dos años de las elecciones presidenciales.
Asimismo, la oposición observa una ventana para posicionar algunos liderazgos de cara a los comicios de 2024. Uno de ellos es el intendente de Canelones, Yamadú Orsi, quien en las últimas encuestas se ubica arriba en la intención de voto de la oposición.
Lacalle Pou está desangelado, enojado con los medios e incómodo por haber salido de una zona de confort que le permitió gozar con cierta protección. Serán dos años largos hasta que Uruguay elija nuevo presidente.
