Organizaciones sindicales y organismos de derechos humanos expusieron en Washington durante el 196º Período de Sesiones del organismo internacional. Denunciaron un «retroceso de la legislación laboral al siglo XIX», persecución a dirigentes como Pablo Biró y la intervención de la UOM.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), denunció este miércoles al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la audiencia celebrada en Washington en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias, las entidades expusieron que la reciente reforma laboral impone un retroceso legislativo histórico que ataca la jornada de ocho horas, flexibiliza las condiciones de trabajo y restringe el ejercicio del derecho a huelga.
En la exposición ante los comisionados interamericanos también participaron la Asociación de Abogados Laboralistas, representada por Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini. Los referentes sindicales señalaron que la normativa busca flexibilizar la contratación mediante la figura del «banco de horas» y debilitar la justicia laboral, negando la protección al trabajador en la relación de empleo.
Denuncias por persecución sindical y la situación de la UOM y APLA
Un punto central de la audiencia fue la presentación de casos de persecución política y disciplinamiento contra organizaciones y dirigentes. Desde el FreSU catalogaron como el ejemplo más grave la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Asimismo, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, detalló la campaña «mediática, jurídica y personal» desplegada por funcionarios públicos en su contra, que incluyó la imputación de delitos penales, mensajes en la aplicación Mi Argentina y la presentación de un habeas corpus preventivo tras amedrentamientos a su familia.
Durante la sesión, los representantes sindicales hicieron mención a las denuncias judiciales y multas millonarias promovidas por el Estado nacional contra otros gremios de transporte como La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico y la imputación de 170 trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Por su parte, la secretaría general de Conadu, Clara Chevalier, y la dirigencia del SiPreBA expusieron el impacto desigual que la desregulación de tarifas y la derogación del Estatuto del Periodista Profesional generan sobre las condiciones de vida y la libertad sindical en el país.
El pedido de intervención a la Comisión Interamericana
Ante las inquietudes formuladas por los comisionados de la CIDH sobre los mecanismos de implementación de la reforma, la delegación solicitó medidas concretas al órgano internacional. En nombre de las organizaciones requirentes, la abogada Mariana Amartino pidió formalmente que la CIDH emita una comunicación oficial al Estado argentino alertando sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, las entidades solicitaron que dicho pronunciamiento sea remitido a los tribunales locales como criterio de interpretación judicial, exigieron el restablecimiento de las garantías para el ejercicio del periodismo y formularon una invitación a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) para que realice una visita técnica a la Argentina con el fin de evaluar el impacto de las medidas sobre la clase trabajadora.
