Un informe del Frente de Sindicatos Unidos advierte que el ingreso mínimo actual equivale a la octava parte de lo necesario para sostener una vida digna. Además, señalaron una drástica pérdida salarial acumulada durante el gobierno de Javier Milei que empuja a las familias al endeudamiento.
La discusión por el poder adquisitivo en la Argentina suma un nuevo capítulo de la mano del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). A través de un minucioso informe económico y social, la organización que nuclea a decenas de gremios de todo el país determinó que, para cumplir con los preceptos constitucionales y garantizar una vida digna, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) debería fijarse hoy en $2.879.877. El documento subraya una brecha alarmante: la cifra calculada por el espacio sindical equivale a ocho veces el actual salario mínimo, al cual califican sin miramientos como el más bajo de la historia argentina.
Para fundamentar el reclamo de los casi 2,9 millones de pesos, los equipos técnicos del FreSU no recurrieron a cifras arbitrarias, sino que se basaron estrictamente en la letra del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, normativas que establecen la obligación de asegurar la cobertura de nueve necesidades vitales.
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los Secretarios Generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la Secretaria General de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
Al desglosar estos costos en la economía real, el informe detalla que la mayor parte del ingreso ideal debería destinarse a garantizar una alimentación adecuada, estipulada en $648.271 mensuales. A este monto se le suman los gastos correspondientes a transporte, esparcimiento y vacaciones, que demandarían unos $597.209, y el acceso a una vivienda digna, calculado en $568.227. El presupuesto necesario se completa con los fondos para la salud ($349.332), la previsión social ($316.786), la educación ($252.457) y, finalmente, la vestimenta, que requeriría una inversión mensual de $147.595.
Más allá del cálculo sobre el deber ser del salario, el FreSU puso el foco en el impacto de las políticas económicas llevadas adelante durante los meses de gestión del gobierno de Javier Milei. Según las estimaciones del espacio, la masa de trabajadores asalariados sufrió una brutal contracción en sus ingresos mensuales, acumulando una pérdida conjunta que supera los 62 billones de pesos.
Esta licuación del poder de compra no solo modificó los patrones de consumo, sino que alteró la estructura de supervivencia de los hogares. El informe explica que el actual nivel de endeudamiento de las familias argentinas es la consecuencia directa de esta crisis, ya que los trabajadores se ven forzados a recurrir al crédito sistemático simplemente para sostener los gastos de la vida cotidiana. El golpe al bolsillo, sin embargo, presenta asimetrías según el ámbito de inserción laboral: mientras que en el sector privado se registró una pérdida promedio de $2.321.245 por asalariado, los trabajadores del sector público enfrentaron una caída aún más profunda, alcanzando los $12.788.939 de pérdida en promedio por cada empleado estatal.
El FreSU se ha consolidado como un actor de peso en el escenario gremial, integrando a unas 140 organizaciones sindicales provenientes de las tres centrales obreras del país. En su armado convergen sectores industriales, estatales y educativos, destacándose la participación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, gremios Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
Los datos difundidos en este último informe se inscriben en el plan de acción trazado el pasado 1 de mayo, fecha en la que el Frente realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados. En esa jornada histórica para la agrupación, las bases votaron de forma unánime el “Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”. Como manifiesto fundacional y hoja de ruta para sus próximos reclamos, el plenario dejó en claro su postura innegociable respecto a la remuneración laboral, plasmada en una contundente declaración de principios.
“Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, expresaron.
