El Gobierno amplió la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la disputa por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires, en una presentación en la que además pidió que por «decoro» los miembros del tribunal «se excusen de intervenir» en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por «jueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país».
Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el Gobierno incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El Ejecutivo dedicó parte de esta nueva presentación a la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo D´Alessandro.
«La existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del Tribunal (por Rosatti), y representantes políticos del Gobierno de la CABA -parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia», fundamentó la presentación.
La Procuración del Tesoro remarcó también que las comunicaciones entre D´Alessandro y Robles «tomaron estado público» y «dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal» y motivaron el pedido de juicio político en el Parlamento Nacional.
«Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso», insistió el Ejecutivo en alusión a Rosatti.
A finales del año pasado, el presidente Alberto Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.
En la ampliación presentada este miércoles, el Gobierno sumó un pedido para que los miembros del alto tribunal «se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional». En ese sentido, advirtió que «existe un cuadro de situación de gravedad inédita, en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo tribunal».
El Ejecutivo nacional solicitó que se aplique lo establecido legalmente para casos de recusación de integrantes de la Corte Suprema (artículo 19 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 22 del Decreto-Ley 1285/58 ratificado por la Ley 14.467, y normas complementarias).
Este artículo prevé que en los casos de recusación o excusación de alguno de los miembros de la Corte Suprema, este tribunal será integrado, hasta el número legal para fallar, «mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias».
«Y si la integración no pudiera concretarse de tal modo se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar», puntualizó el Gobierno en el escrito.
¿Cómo sigue el pedido de juicio político a la Corte?
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio a conocer el orden de los expositores en la segunda reunión por el proceso iniciado contra los cuatro miembros del máximo tribunal. La segunda jornada de trabajo de la comisión presidida por Carolina Gaillard comienza a las 11.
Está pautado que los autores de los 14 proyectos presenten sus argumentos previo al análisis de admisibilidad que tendrá lugar la próxima semana. Está previsto que participen los legisladores del Frente de Todos (FDT) para fundamentar el proyecto impulsado a pedido del presidente Alberto Fernández y gobernadores. También se espera la exposición de la integrante de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y Patricia Isasa, exdetenida durante la dictadura, quien denuncia al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por supuesto encubrimiento a su secuestrador.
También exponen los diputados de la Coalición Cívica, Paula Oliveto y Juan López, por las denuncias contra Ricardo Lorenzetti que impulsa ese partido desde 2017.
Eduardo Valdés expone detalles del proyecto promovido por el Presidente, seguido por el expediente que lleva la firma de María Rosa Martínez y Pablo Carro.
Además, hace su presentación Federico Mendez por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales; y los denunciantes particulares: Ricardo La Greca, Patricia Isasa, Pablo Llonto y Diego Sanchez. Isasa pide la remoción del presidente de la Corte por acusarlo de encubrir a su torturador, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, mientras Rosatti era intendente de Santa Fe. En tanto, Llonto denuncia inacción por parte del magistrado para convocar a la comisión interpoderes en delitos de lesa humanidad.
Con información de Agencia Télam
