Los gremios denunciaron que, tras la nueva ola de despidos, «es imposible dar a basto con la demanda» que tiene la Línea que recibe denuncias por violencia familiar de forma gratuita, con un promedio de 340 llamadas diarias.
La alerta por el “desguace” que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en los servicios que prestaban los organismos y reparticiones que integraban el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se incrementó luego que el Ejecutivo anunciara el despido del 85% de los trabajadoras y trabajadores del sector.
Los gremios estatales denunciaron que la “eliminación”, en palabras de Manuel Adorni, de las y los trabajadores de la ahora Subsecretaría de Prevención de las Violencias tuvo un violento impacto en la Línea 144, que hace más de 10 años recibe denuncias por violencia familiar de forma gratuita, con un promedio de 340 llamadas diarias, dejándola prácticamente “desmantelada”.
«Armé todo el sistema de estadística y me echaron. Ya tengo 53 años, la subsistencia para nosotras las mujeres trans es muy complicado cuando terminamos en la calle».
Romina Guadagnini, ingeniera en telecomunicaciones y sistemas despedida de la Línea 144 Nación. pic.twitter.com/CfPP2CZLR8
— Revista Cítrica (@revistacitrica) July 1, 2024
El viernes fue despedido el 42% del plantel de operadoras. En declaraciones a los medios, Fernanda Fuentealba, secretaria general ATE ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, denunció que uno de las guardias quedó solo con dos trabajadoras asistiendo y las videollamadas para accesibilidad a personas sordomudas quedó directamente sin atención. “Así es imposible así dar abasto con toda la demanda que tenemos”, afirmó.
Anuncio de Cúneo Libarona
Con este Gobierno, las políticas de prevención contra la violencia hacia las mujeres quedaron a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona, defensor en su momento del exgobernador José Alperovich, flamante condenado por abuso y violación a 16 años de cárcel. El ministro anunció los despidos ayer con una publicación en sus redes sociales.
Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer.
Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo.
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 30, 2024
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, publicó el funcionario en su cuenta en X.
Denuncias sobre la falta de cumplimiento de la Ley 26.485
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que, con estos despidos, “resulta imposible garantizar” la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que contaba con equipos interdisciplinarios especializados en esta problemática.
“En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley“, explicó el gremio en un comunicado.
Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad Sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.
“Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar”, detallaron las especialistas que trabajaban en este ex ministerio. Y en ese sentido, se indicó que “los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%”.
Con estas medidas, el Programa Acercar Derechos también quedó desmantelado en algunas provincias, y en otras, cuenta con guardias mínimas según indicaron. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.
“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon desde ATE, que anticipó su predisposición de avanzar por la vía judicial. “Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”, completaron.
El Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad. “De esta forma, se incumplirán los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”, subrayaron desde el gremio.
En ese sentido, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), realizaron una presentación judicial para demandar claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido. En particular, preguntan cuál será el organismo encargado del cumplimiento de la Ley Nacional 26.485, que hasta su desmantelamiento era dado por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, a cargo del Ministerio de justicia, pero que con. La misma incertidumbre se plantea frente a la Ley Micaela y la de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género.
Despidos en otras áreas
En una nueva ola de despidos, el Gobierno echó a más de 2500 trabajadores. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial hubo 288 despidos, en el ex Ministerio de Desarrollo Social 300, en la Secretaría de Derechos Humanos y sitios de la Memoria despidieron a más de 50 trabajadores, y en el Hospital Posadas, que depende del Estado nacional, denunciaron que el gobierno echó a 90 profesionales entre ellos médicos de guardia, especialistas en neumología, oncología, endocrinología, fisiatría infantil, kinesiólogos y enfermeras.
Este lunes hubo protestas en la puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en la ex Esma, Desarrollo Social, Capital Humano y el Hospital Posadas. En la protesta en la puerta del INTI para que se abra una mesa de negociaciones, el gobierno aplicó el Protocolo antiprotestas y despejó la calle con palos y gases lacrimógenos. Allí, la policía de la Ciudad se llevó detenidos, además, a dos integrantes de ATE y la CTA Autónoma.
Para concretar esta nueva tanda de despidos (ya hubo otras en diciembre y en marzo), el Gobierno no renovó los contratos con los que miles de estatales permanecen en una situación de precariedad laboral desde hace décadas. Algunos de los despedidos tenían hasta 17 años de antigüedad. Sin embargo, como su forma de contratación es anual, las desvinculaciones se realizan con una notificación por mail y sin el pago de una indemnización.
