El Fondo tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales para ser destinados a la reparación de las víctimas.
El gobierno de Javier Milei disolvió un fondo fiduciario público que brindaba asistencia directa a las víctimas del delito de trata y explotación de personas, según un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La decisión gubernamental puso fin al «Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364» destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas.
Lo hizo al justificar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no halló «un manual de procedimientos formalizado» para su funcionamiento, pero sí «falencias en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros», según el decreto.
El Fondo cerrado por Milei había sido puesto en funcionamiento en octubre de 2021 por el Ministerio de Justicia de la Nación junto a BICE Fideicomisos S. A.
El Fondo de Asistencia tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas.
Según la Ley 27.508, que creó este Fondo, una vez que una causa judicial contara con una sentencia firme, la Justicia debía ordenar el decomiso de bienes, identificar a las víctimas que obtendrían la reparación económica y definir el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas.
Tras ello, los bienes debían ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que realizara su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido sería transferido al Fondo Fiduciario.
