A través del Decreto 50/2026, el Ejecutivo modificó el sistema vigente para «agilizar los estrenos» y «eliminar trabas burocráticas».
El Gobierno nacional oficializó este martes un cambio estructural en la industria cinematográfica al reglamentar la Ley 23.052, poniendo fin a un sistema de control que funcionaba desde hace más de cuarenta años. Mediante el Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, se derogó la normativa de 1984 y se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
La medida tiene como objetivo «adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas» del consumo audiovisual. En la práctica, esto implica que la tarea de definir si una película es «Apta para todo público», «+13» o «+16» dejará de depender de un cuerpo colegiado para pasar a ser una atribución técnica exclusiva del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que la antigua Comisión Asesora «no ha demostrado la eficiencia necesaria» y que su estructura rígida generaba demoras injustificadas en la dinámica de distribución.
En este sentido, el nuevo enfoque del Gobierno es que el Estado debe mantener un rol meramente «orientativo». De esta forma, el decreto reafirma que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos culturales por parte de los menores recae en los padres o tutores, y no en un organismo de control estatal.
Homologación automática para Hollywood
La modificación más relevante para el mercado es la validación de las calificaciones internacionales. Dado que el 65% de los estrenos en las salas argentinas provienen de los Estados Unidos, el Gobierno consideró un «uso innecesario de recursos» volver a someter a evaluación local a películas que ya cuentan con estándares internacionales (como los de la MPAA).
Por ello, el nuevo régimen establece que se admitirá la validez de las calificaciones de origen, las cuales serán homologadas automáticamente a las categorías equivalentes en Argentina. Sin embargo, el texto aclara que el INCAA se reserva la facultad de modificar estas calificaciones de oficio si existieran «razones de orden público» que lo justifiquen.
La nueva normativa tendrá un periodo de adecuación y entrará en plena vigencia dentro de los próximos 60 días corridos.
Fuente: Noticias Argentinas.
