La medida publicada en el boletín oficial indica que la intervención del organismo encargado de regular los servicios de comunicación será de 180 días
El Gobierno oficializó hoy, mediante una resolución, la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días, que en la actualidad está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La medida publicada fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, «en consonancia con los lineamientos» del DNU 70/23, dictado por la actual administración «para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector».
El texto señala: «En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención» del organismo.
En el mismo se designó como interventor a Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldan y el director del ENACOM durante la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
En el decreto se agrega que tendrán que «evaluar e informar sobre la situación actual» del Enacom «en referencia al cumplimiento de sus competencias».
Según lo detallado, el texto indica además que «deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello».
«Asimismo, deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia» del Ente, se agrega entre las tareas asignadas a los interventores.
También, deberán realizar «un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa» del Enacom «a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa», «procurando fomentar su profesionalización y eficiencia».
«En pos de esa eficiencia, dicha reorganización funcional deberá procurar la simplificación de los procesos administrativos» del Ente, «así como la reducción de trámites excesivos», remarca el texto.
Además, «deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables».
Y detalla: «Las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día, proponiéndose mecanismos informáticos tendientes a agilizar dichos trámites».
En otro punto, se indica que «corresponderá efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización».
