En busca del sujeto perdido, dirigentes, intelectuales y militantes cabildean sobre representaciones gremiales y titubean antes de pulsar las teclas de la construcción política. Entre los programas de la clase obrera de la década del 60’ y el plan de gobierno del Frente de Todos, elaborado en 2019 pero reclamado por la Vicepresidenta la semana pasada, el desconcierto actual conspira contra la traducción del malestar en demandas y agiganta el eco de una pregunta filosa cuya respuesta se silencia: ¿qué medidas tomó la coalición oficialista contra los trabajadores? | Por Pablo Dipierri
“Mi defensa es su propia acusación, mis pretendidos crímenes son su historia”, expresó el 11 de noviembre de 1887, en su alegato final ante el tribunal que lo condenaba a la horca, el periodista August Spies. La sentencia era el corolario de la revuelta de Haymarket, tras una huelga convocada para el 1º de mayo de 1886 en Chicago, en Estados Unidos, ante el incumplimiento de la ley que establecía la jornada laboral de 8 horas, sancionada por el presidente norteamericano Andrew Johnson.
Los obreros, enrolados en el anarcosindicalismo que atravesaba el mundo, se lanzaron al paro y congregaron alrededor de 350 mil personas en las calles pero al cuarto día la cantidad de manifestantes movilizados había bajado drásticamente. La Policía reprimió a los activistas que permanecían en las protestas y una bomba se cobró la vida de un oficial e hirió a otros uniformados. El lanzamiento del artefacto explosivo se atribuyó al dirigente gremial Rudolph Schnaubelt pero jamás se comprobó esa hipótesis. La Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, estableció la fecha del paro impulsado por los jornaleros yanquis como el Día del Trabajador en todo el planeta y, para colmo, el gobernador de Illinois, John Peter Altgeld, indultó en 1893 a los tres condenados a prisión por aquellos hechos y consideró que las 5 ejecuciones restantes, la del propio Spies, el tipógrafo George Engel, el periodista alemán Adolph Fischer, su colega Albert Parsons –que se entregó para estar junto a sus compañeros aunque no estuvo en el lugar durante el desarrollo de los episodios que se juzgaban- y el carpintero Louis Lingg, un joven de 22 años que se suicidó en su celda antes de subirse al cadalso-, fueron el saldo de la “histeria” y “jurados empaquetados”.
Las ideas que cundían en el hemisferio norte también tenían su impacto en esta pampa gringa. Historiadores del movimiento obrero local y ratones de bibliotecas y hemerotecas se han dedicado con agudeza y precisión a la recopilación de las acciones de los anarquistas y socialistas y sus narrativas, volcadas en sus propios periódicos, con fines propagandísticos y organizativos. Su prensa era el vehículo de sus consignas y sus consignas eran estiletazos de sus teorías.
Sin embargo, hubo que esperar al surgimiento del peronismo para que los trabajadores argentinos encontraran cauce y conducción unificada para sus consignas. Ni siquiera la creación de la CGT, en 1930, estuvo exenta de contradicciones y trifulcas intestinas: la central fue resultado de la fusión entre la COA y la USA, de extracción socialista y comunista, respectivamente, y si el dirigente encargado del escrutinio no hubiera fraguado un fraude en el conteo de los votos la unidad de entonces no se hubiera concretado.
Peronismo y después
Si se permitiera una licencia, podría especularse incluso que el 17 de octubre de 1945 fue, en definitiva, la fusión de diversas tradiciones de lucha y sus fundamentos ideológicos con un líder que pudiera convertirlas en conquistas. Así, los planes quinquenales del primer peronismo licencian la conjetura acerca de la eximición de cualquier demanda sobre la confección de un programa político a la clase obrera: para encono de socialistas, comunistas y radicales que renegaron de la decisión plebeya para encolumnarse bajo el ascenso del coronel, Juan Perón era el programa.
Hasta la irrupción de esa patria sublevada en Plaza de Mayo, las luchas florecían frente a los mismos abusos que en Chicago terminaron con represión, juicio viciado de nulidad y ejecuciones. El patrón era, con su distancia contra la antigüedad y sus semejanzas con la actualidad, amo y señor en los enclaves de producción: la tasa de ganancia de los dueños del país no se negociaba y había una insondable extensión del territorio nacional tamizada por relaciones laborales que reducían a la servidumbre a los trabajadores, toda vez que se le pagaba el jornal con bonos que solo podían canjearse por alimentos y otros elementos de subsistencia en las proveedurías que pertenecían al propietario de la fábrica que los conchababa. La integración vertical de las empresas en las distintas cadenas de producción no es ninguna novedad.
Debió de producirse el derrocamiento de Perón para que los trabajadores, contra los diagnósticos paternalistas de orfandad, sostuvieran su identidad y pelearan por sus derechos bajo el fuego de la persecución, el encarcelamiento y los fusilamientos. La Resistencia Peronista fungió, así, de plataforma para la proliferación de programas de clase: La Falda en 1957; Huerta Grande en 1962; y el del 1º de Mayo de 1968, publicado en la edición inaugural del Semanario de la CGT de los Argentinos.
Los postulados del Valle de Punilla se amasaron en las batallas por la normalización de la central obrera, luego de la intervención dispuesta por la dictadura de la Revolución Libertadora en 1955. Como la regional de Córdoba fue la única que los trabajadores habían podido recuperar dos años después del golpe, los delegados de la provincia mediterránea labraron un documento con iniciativas repartidas bajo los tres principios del gobierno destituido por las armas: independencia económica, justicia social y soberanía política. En tres páginas, 28 puntos cuyos objetivos iban desde el control estatal del comercio exterior, el fomento al alto consumo interno y la nacionalización de las fuentes de energía hasta el salario mínimo vital y móvil.
Cinco años después, las 62 organizaciones peronistas promulgarían el programa de Huerta Grande, con 10 tópicos que recogían en buena medida el compendio anterior:
1 – Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado
2 – Implantar el control estatal sobre el comercio exterior
3 – Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas.
4 – Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5 – Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.
6 – Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7 – Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
8 – Implantar el control obrero sobre la producción.
9 – Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.
10 – Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.
La génesis de este decálogo se inscribió en la misma trayectoria obrera que el de Huerta Grande. Después de la toma del frigorífico Lisandro De la Torre en 1959, el presidente Arturo Frondizi lanzó el sanguinario Plan Conintes pero, al mismo tiempo, su gestión pendular levantó la proscripción al peronismo en las elecciones de 1962 en Provincia de Buenos Aires. Contra el despliegue de Augusto Timoteo Vandor, el líder de los textiles, Andrés Framini, se impuso en las urnas como gobernador electo y Sebastián Borro (Frigorífico Nacional), Jorge Di Pascuale (Farmacia), Roberto García (Caucho) y Eustaquio Tolosa (Portuarios) alcanzaron sustento electoral para ocupar sus bancas como diputados. Las Fuerzas Armadas cayeron en la cuenta de que la adhesión al peronismo seguía siendo ardorosa y eyectaron a Frondizi pero, ante una refriega intestina entre la Armada y el Ejército, designaron como lugarteniente civil al frente de la Presidencia al médico José María Guido.
El período abierto entre ese interregno, el empalme con el gobierno del radical Arturo Humberto Illia y el onganiato empezó a cimentar la entronización del patrón dólar como divisa rectora de todas las variables económicas, cuya consolidación exacerbada llegaría de la mano de la última dictadura militar. Por eso, la crítica al ingreso de capitales extranjeros y la necesidad de apropiarse de la renta derivada del complejo exportador vernáculo también estuvo presente en el texto fundacional de la CGTA, adjudicado a la autoría del periodista Rodolfo Walsh.
Reza el texto que “durante el año 1967 se ha completado prácticamente la entrega del patrimonio económico del país a los grandes monopolios norteamericanos y europeos. En 1958 el 59 por ciento de lo facturado por las 50 empresas más grandes del país correspondía a capitales extranjeros; en 1965 esa cifra ascendía al 65 por ciento; hoy se puede afirmar que tres cuartas partes del gran capital invertido pertenece a los monopolios”. “La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más alta de ventas en el país, en 1968 ha dejado de ser argentina. La industria automotriz está descoyuntada, dividida en fragmentos que han ido a parar uno por uno a los grupos monopolistas. Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses extranjeros. El monopolio norteamericano del acero está a punto de hacer su entrada triunfal. La industria textil y la de la alimentación están claramente penetradas y amenazadas”, asevera aquel testimonio de época que, más allá del paso del tiempo y sus complejidades, evidencia similitudes con el presente.
De hecho, tipeó entonces Walsh que “este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada nacional, con la otra amenaza a las empresas del Estado donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega, y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera”. “Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica nuestras industrias claves. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías petroleras las que cuadriculan el territorio nacional y de sus mares aledaños con el mapa de sus inicuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y sólo faltará desnacionalizar la tradición argentina y los museos”, enfatizó.
El poder del billete
El último informe del centro CIFRA-CTA alerta sobre “una coyuntura crítica” para los trabajadores. Divulgado para la prensa en la previa del 1º de mayo, el texto postula que “durante el período de recuperación económica posterior al impacto más fuerte de la pandemia de Covid-19, el desarrollo del conflicto distributivo terminó siendo desfavorable para las y los trabajadores, profundizando la pérdida de participación en el PIB que había tenido lugar durante el gobierno de Cambiemos”. “Así, de un peso de la masa salarial equivalente al 51,8% del PIB en 2016, se llegó al 46,3% en 2019 y al 44,9% en 2022”, grafica el estudio, rubricado por Mariana González y Cecilia Garriga.
La parálisis económica que deriva de la política desplegada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner no augura mejorías tampoco. Si bien la actividad mostró un crecimiento del 5,2% en 2022, advierten las autoras, el guarismo se ubicó “apenas 0,5% por encima del que tenía en 2015”. “La continuidad de ese crecimiento queda hoy puesta en duda, ante la evidencia de una reducción del PIB en el último trimestre del año pasado, un estancamiento de acuerdo con los datos preliminares de inicios de este año y el recrudecimiento de la inflación, la escasez de reservas externas, la tensión cambiaria y el deterioro de los ingresos reales en la actualidad”, aducen.
Aun con ese deterioro a la vista, se registró una expansión del empleo, que redundó en un descenso notable de la tasa de desocupación: 6,3% en el último trimestre del ejercicio económico anterior. No obstante, afirma CIFRA que “el incremento del empleo se caracterizó por un deterioro en su calidad, ante la mayor tasa relativa de aumento en el empleo asalariado no registrado”. “Entre los últimos trimestres de 2019 y de 2022, la cantidad de puestos de trabajo creció en términos netos casi 1,1 millones, de los cuales 480.000 fueron puestos asalariados no registrados”, ilustra.
En ese sentido, los asesores económicos de la central sindical de la calle Piedras sustentan su pesimismo en la reducción del poder adquisitivo en un 8,6%, entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2022. “Dado que el ingreso laboral ya había sufrido un deterioro aún más fuerte durante la crisis socioeconómica de 2018 y 2019, cuando se compara el valor del último
trimestre de 2022 con el del mismo trimestre de 2017, la caída real resulta del 26,3%”, subrayan González y Garriga.
El dramatismo de esos datos no admite escisión respecto de la penetración cultural del dólar y sus efectos en Argentina. La rentabilidad empresaria se basó históricamente por estos lares en la coordinación estratégica de la clase dominante para ampliar sus márgenes de lucro por devaluación o inflación. La puja distributiva, vigente toda vez que el sindicalismo defiende con lealtad a sus afiliados, siempre favorece a la oligarquía diversificada, salvo para los breves períodos de felicidad popular.
Una lectura liviana podría favorecer el agravio contra el actual gobierno. El resplandor del cierre de campaña de la ex Presidenta en 2011, cuando con una emotiva inflexión en su voz, declamó que nunca sería gendarme de los empresarios contrasta demasiado con el arbitraje cuidadoso de la coalición oficialista. Con todo, las paritarias del sector formal le ganaban a los índices inflacionarios hasta que Martín Guzmán renunció al Palacio de Hacienda el 2 de julio pasado, por hartazgo ante los titubeos del primer mandatario, Alberto Fernández, frente al empoderamiento que le reclamaba y el desgaste que padecía desde las tribus de la fracción que respondía a la diseñadora de la alianza gubernamental. De ahí que resulte difícil, más allá del malestar que se eleva a la enésima potencia –sobre todo desde las usinas informativas vinculadas a cualquier facción del peronismo desorbitado-, imputarle a Fernández medidas tomadas en contra de los trabajadores.
No hay seriedad en los argumentos que facturan a la Casa Rosada el índice de precios al consumidor como una política en sí, en lugar de comprenderla como resultado indiscutidamente desfavorable para los asalariados en el marco de la interminable lucha de clases. Tampoco parece noble la narrativa que mezcla el affaire Vicentin con la supuesta falta de coraje presidencial o la quita de subsidios con la derrota electoral de medio término. Tal vez la distancia histórica reescriba la enjundia de los juicios de valor que circulan hoy por Twitter con atención a complejidades que merecen sopesarse en su justa dimensión, sin eximir de responsabilidades a ninguno de los actores principales de la experiencia política en curso. Más todavía, si se considera la influencia del patrón dólar en la disputa por la distribución de la riqueza vernácula.
De eso, entre otras cosas, habló la Vicepresidenta la semana pasada, cuando reclamó un plan de gobierno para que las cosas no dependan de una persona aunque ese material esté disponible en la plataforma del mismísimo FdT desde 2019. “El presente documento esboza los lineamientos generales de un Plan de Gobierno para recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad”, dice ya en su primera oración. Que no se haya cumplido o se haya implementado mal, regular o peor es, en todo caso, materia de debate interno en la fuerza política.
Tal vez resulte más pedagógica la traducción de la película School of Rock, protagonizada por Jack Black. En ese film, el actor estadounidense encarna el personaje de un falso maestro suplente de escuela primaria y, en lugar de apegarse a la currícula dispuesta por el sistema educativo, enseña a sus estudiantes todo lo que sabe sobre el rock and roll. Su punto nodal es la ponderación de una cultura de resistencia contra el Efe, por efectivo. Es decir, el verdadero patrón de los laburantes es el dólar, ariete de subordinación subjetiva y dominación material del tiempo que hay que vender para seguir viviendo.
