Por Cynthia García y Pablo Dipierri
El peso de la Corte Suprema de Justicia es inversamente proporcional a la ingravidez del Frente de Todos.
Es por eso que cuatro jueces, conducidos políticamente por el poder económico, pueden más que los representantes elegidos por millones en las urnas.
La apelación de los dueños del país al máximo tribunal no es novedosa. Baste recordar, como hacíamos ayer, que la oligarquía imaginó la posibilidad de que el presidente de la Corte en 1945, Roberto Repetto, se hiciera cargo también de la Presidencia de la Nación en la previa del 17 de octubre. Contaba para eso con el apoyo de militares que antagonizaban con Juan Perón, como así también sectores medios, universitarios y socialistas como Alfredo Palacios.
El diseño delegativo de la clase dominante no funcionó. El pueblo se interpuso y le dio forma al primer peronismo.
La atención recurrente a los sucesos de aquellos días no es caprichosa ni obedece a la nostalgia sino a la necesidad de prestarle atención a un detalle: Perón iniciaría juicio político a esa Corte una vez que ganara las elecciones.
El dato importa no por la audacia que implicó aquel hecho casi inaugural de la confrontación del movimiento popular con los togados sino porque revela que cada proyecto político esculpe el Poder Judicial que la etapa demanda.
Así, podría decirse que el coraje de Néstor Kirchner contra la Corte de la Mayoría Automática Menemista no se basaba en una valentía poética o una voluntad quijotesca. La dimensión que hay que destacar de esa gesta es la del sustrato táctico de la pelea: el kirchnerismo reformó la Corte porque necesitaba magistrados que entendieran la transformación de la arquitectura jurídica que precisaba la Argentina para desarrollarse económica y socialmente a la salida de la convertibilidad.
Lo mismo vale para el caso de Carlos Menem, aunque sea en sentido contrario. El extinto presidente riojano forjó la Corte que necesitaba para validar desde los tribunales las privatizaciones y el desmantelamiento industrial.
Entonces, cada gobierno con vocación de poder construye la Corte que su tiempo exige. Pero la historia no es lineal: Kirchner la emprendió sin titubeos porque había respaldo social detrás y porque el expediente de juicio político lo había iniciado el desdibujado y repudiado Eduardo Duhalde, por un lado, y porque organizaciones políticas y sindicales se movilizaban contra el Palacio de Talcahuano desde el 28 de diciembre de 2001. Es decir, había masa crítica contra esos jueces que validaban con sentencias el neoliberalismo imperante.
Las conclusiones parciales que se desprenden de esta humilde revisión histórica es que el trabajo de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados puede surtir efecto a mediano plazo, si el oficialismo -en alguna de sus extrañas configuraciones- prevalece en las urnas este año, y el zigzagueo de la coalición gubernamental que hoy tapa el horizonte podría archivarse como un mal recuerdo.
Pero lo más sustancioso de esta hipótesis es que hay una razón por la que cada experiencia política edifica su propio modelo de Justicia y esa razón es el proyecto político que plasma. Porque todo proyecto político tiene objetivos económicos, sociales y culturales, sean de izquierda, centro o derecha, se identifiquen con el peronismo, el macrismo o el radicalismo o se subordinen a la embajada de Estados Unidos o no.
La pregunta es, en definitiva, si el peronismo actual o el que alumbre el próximo proceso electoral tiene un proyecto político o seguirá deliberando en AmCham, Twitter o la televisión.
