Por Pablo Dipierri
El sistema mediático asfixia al sistema político. Sobre el cuerpo exangüe y lánguido de las formaciones partidarias, las usinas informativas esculpen un lenguaje penal que organiza la sociedad bajo el miedo, la parálisis y la delegación de los asuntos públicos en los aparatos represivos.
La declinación repentina de la campaña electoral de todos los precandidatos para las elecciones del próximo domingo por las repercusiones del caso de Morena Domínguez en Lanús, la niña que perdió su vida cuando dos delincuentes le robaban su mochila a metros de su escuela, es el ejemplo más contundente de la subordinación de la dirigencia política a la industria del periodismo de guerra. La moral de la TV inhibe y acobarda, de izquierda a derecha, a quienes aspiran a gobernar el país. El veredicto de la patria panelista los disciplina hasta el paroxismo: ninguno se anima a hablarle a su feligresía por el temor a la sinécdoque arrolladora, que ametralla como un fusil a repetición a la audiencia, aunque las estadísticas demuestren que hay fatalidades sin remedio y que el problema de la delincuencia no se resuelve con las recetas voceadas.
Según el informe del Sistema de Alerta Temprana publicado en julio pasado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2022 se registraron 1961 homicidios dolosos. La cifra representa 4,2 víctimas fatales cada 100 mil habitantes, y marca un descenso con respecto a los años anteriores: en 2021 la tasa fue de 4,6; en 2020, 5,3; en 2019, 5,1 y en 2018, 5,4.
Además, solo el año pasado se produjeron 4183 muertes en accidentes viales y 3955 suicidios. Contra la perversa narrativa de la prensa, esos datos duplican la cantidad de crímenes en ocasión de robo.
Para colmo, la agitación del discurso que promueve la saturación policial se vuelve bandera cada vez que un asesinato mueve las agujas del raiting. La experiencia, ese hábito que fue archivado en el desván de la reflexión, indica que cuando León Arslanián era ministro había 50 mil agentes en la Policía bonaerense y hoy hay 100 mil. La Argentina tiene un promedio de 500 efectivos cada 100 mil habitantes pero la recomendación de Naciones Unidas es que haya 250 uniformados cada 100 mil habitantes. El país acredita el doble. Un policía no se le niega a nadie, aunque el pánico a ser asaltado gravite con fuerza en el ánimo colectivo.
No hay índices que mitiguen el dolor por la pérdida de un familiar ni explicaciones sociológicas o antropológicas que contengan la furia y la indignación barrial bajo la égida de la vecinocracia cultivada originariamente en Clarín. Y por lo demás, ningún análisis exime al Estado, o las experiencias gubernamentales que pretenden conducirlo, de dar respuesta a la demanda. Lo alarmante es que la manera de afrontar ese clamor plebeyo inabordable sean la interrupción y el vacío.
Esa reacción, asumida con gesto compungido hasta por los partidos trotskistas que se arrogan la impugnación del capitalismo, habla de la bajísima densidad política. Que por un caso de inseguridad, por más estremecedor que sea, los dirigentes políticos decidan suspender la campaña es el punto más alto del seguidismo a la agenda securitaria de los medios.
La fragilidad es de una magnitud sorprendente. “No tenemos que desmoralizarnos”, le dijo ayer por la tarde el ensayista Alejandro Kaufman a La Patriada, y agregó: “recordemos cómo Néstor Kirchner, con todas sus virtudes, tuvo que agacharse y morder el polvo con (Juan Carlos) Blumberg y con Cromañón”. “Armaron un dispositivo, hijo de la dictadura, formidable de propaganda y hay que asumir una crítica radical de la propaganda”, enfatizó.
La situación es, sin tremendismo alguno, trágica. Y consuma, en última instancia, el raquitismo ideológico y cultural de una dirigencia tallada por el marketing. Es probable, entonces, que la muerte de la niña sirva también como acta de defunción de una política que vegeta hace demasiado tiempo.
