Sep 15 2024
Sep 15 2024

En abril y mayo, 9,1% de aumento para los estatales

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UPCN acepto la propuesta del Gobierno, mientras que ATE rechazó la oferta porque consideran que no pueden “ser cómplice semejante destrucción de los salarios”.

Uno de los gremios estatales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), rechazó el 9,1% de aumento que ofreció este miércoles el Gobierno nacional en la paritaria para la Administración Pública Nacional. Ese incremento corresponde a un retroactivo del 2% para el mes de abril y un 7% acumulativo para mayo. La otra entidad gremial que agrupa a los empleados estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el acuerdo que se firmó en la sede de la Secretaría de Trabajo de Avenida Callao 114.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación proyectada para mayo es de 7,5%, es decir, la caída del salario real para los estatales es de un 22,4%.

ATE por su parte rechazó la oferta. «Esta propuesta es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se corresponde con los datos de inflación oficial», justificó el secretario General, Rodolfo Aguiar. A su vez, desde el gremio señalaron que esto significa una caída del 22,4% del poder adquisitivo de los trabajadores estatales en el último año. «La caída desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa», sentenció Aguiar.

«Hemos decidido rechazar la oferta porque nuestro sindicato no puede ser cómplice semejante destrucción de los salarios. Este grave recorte en los sueldos rápidamente se va a disparar a las provincias y municipios. Debemos darle continuidad y profundizar nuestro plan de lucha en todo el país», señaló Aguiar.

Durante la reunión se firmó un acta donde se dejaron asentados 14 reclamos de ATE al Gobierno. Algunos de ellos son que ningún trabajador se encuentre por debajo de la línea de la pobreza, aumentos salariales por encima de la inflación, cese de despidos y reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023, rechazo de la privatización de empresas públicas y anulación del DNU 70/23 y la Ley Bases.

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