Estibadores del SUPA fueron desalojados con balas de goma y palos por orden de la fiscal Marina Chichi, a pesar de que la Provincia había dictado la conciliación obligatoria. El sindicato acusó a la firma uruguaya Urcel SA y a la Federación Nacional de avalar el ataque para imponer condiciones de precarización laboral.
El Puerto de Concepción del Uruguay fue escenario este lunes de un grave episodio de violencia institucional. Una manifestación pacífica de estibadores, que reclamaban mejoras en los jornales —considerados «los más bajos del país»— y la defensa del trabajo local, terminó con una feroz represión policial que dejó un saldo de heridos, contusos y detenidos.
El operativo de seguridad, ejecutado con balas de goma y bastones, se llevó a cabo por orden de la Fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi. El hecho reviste una gravedad institucional particular, ya que la violencia se desató mientras se acordaba y regía una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos, instrumento legal que debía garantizar una tregua y frenar cualquier medida de fuerza o desalojo.
🔴 #AHORA: BRUTAL REPRESIÓN EN EL PUERTO
La policía avanza con balas de goma y gases contra los trabajadores que reclaman por salarios y empleo en Concepción del Uruguay. El conflicto escaló a la violencia hace instantes.
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— Mundo Gremial (@MundoGremial) January 26, 2026
Desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay —entidad legalmente constituida bajo la conducción de Martín Soto— calificaron lo sucedido como un «complot» y señalaron una connivencia directa entre tres actores: la Justicia, la empresa y la representación sindical nacional.
«Lo que ocurrió es inadmisible. En medio de una conciliación obligatoria, se desató una violencia ilegal contra un reclamo justo», manifestaron desde el gremio. Los trabajadores apuntan a Urcel SA, una empresa de capitales uruguayos acusada de desconocer la legislación laboral argentina y de «extorsionar» con la contratación de personal foráneo para desplazar a la mano de obra entrerriana.
El rol clave de la FeMPINRA
Uno de los puntos más tensos del conflicto es la acusación contra la FeMPINRA (Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval). Según la denuncia de los estibadores locales, la federación nacional, a través de su delegado gremial, «acompañó y avaló el accionar represivo», alineándose con la patronal extranjera en detrimento de los trabajadores.
El SUPA expuso la «contradicción» política de la FeMPINRA: mientras en Concepción del Uruguay avalan la represión ante sueldos de miseria y precarización, meses atrás la misma entidad paralizó con bloqueos el puerto de Bahía Blanca, una terminal que ostenta los salarios más altos del sector. «Esta selectividad gremial deja al descubierto una postura política que hoy es cuestionada por amplios sectores, al punto que varios sindicatos tendrían decidido abandonar la Federación», advirtieron fuentes del sector.
Conflicto nacional
Tras la represión ordenada por la fiscal Chichi y apoyada por Urcel SA, el conflicto amenaza con escalar. El paro nacional de puertos continúa vigente y desde el SUPA advierten que la situación podría nacionalizarse si no aparecen respuestas políticas que reconozcan a las autoridades locales electas y frenen la persecución a los trabajadores.
Fuente: Mundo Gremial.
