Feb 19 2025
Feb 19 2025

Gonçalves aseguró que la ley de igualdad salarial es un mensaje «importante para el mundo»

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La ministra de Mujeres de Brasil destacó el valor de la ley que obliga a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres por igual función, frente a la ola antiderechos.

La nueva ley de equidad salarial en Brasil, que obliga a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres que cumplen igual función, es una señal «importante para el mundo» luego de los gobiernos de Michel Temer y de Jair Bolsonaro, en un contexto internacional en el cual existen amenazas a los derechos conquistados, aseguró a Télam la ministra de Mujeres brasileña, Aparecida Gonçalves.

La ley de equidad salarial fue promulgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el lunes pasado y prevé el aumento de la fiscalización a las empresas con más de 100 empleados, que deberán pagar multas equivalentes a 10 salarios de la víctima de desigualdad de género, cuando una mujer gane menos por cumplir la misma función que un hombre dentro del ámbito laboral.

«Esta norma es fundamental en un momento de pérdida de derechos en diversos lugares. En Brasil fueron seis años de pérdidas de derechos e iniciamos el gobierno con la ley importante para el mundo, que le requiere a las empresas transparencia en sus informes sobre equidad salarial y, si las empresas no cumplen, serán multadas», aseguró la ministra.

La igualdad salarial es un concepto que rige en la Ley de Consolidación de Leyes Laborales (CLT) sancionada por Getulio Vargas en 1943 y en la Constitución Nacional de 1988, pero hasta ahora no había habido una ley específica que lo reglamentara.

La nueva legislación fue aprobada el mes pasado por el Congreso, tras haber sido impulsada por el tercer gobierno de Lula, iniciado el 1 de enero.

Según la ministra, el Ministerio del Trabajo y la fiscalía del fuero laboral lanzaron concursos de contrataciones para fiscalizar a las empresas, que deberán aplicar términos de transparencia e informes periódicos acerca de cómo son los salarios de las mujeres en relación a los hombres.

La gran novedad, también, es que no será necesario que un fiscal pase por la empresa, sino que se abrieron tres números telefónicos destinados a denunciar en forma anónima la situación irregular.

Al firmar la promulgación de la ley, el presidente Lula apuntó que las empresas por sí mismas buscarán no quedar expuestas ante un tema como la desigualdad salarial hacia las mujeres.

«La desigualdad en este país no es normal. Es importante que sepan que, para que se cumpla esta ley, tendremos que jugar muy duro. Hoy hay internet, lo pueden denunciar, los empresarios que no la cumplan deberán explicarles a sus clientes por qué le pagan menos a las mujeres», dijo Lula.

Según el Ministerio de la Mujer, en Brasil una mujer gana en promedio el 78% del sueldo de un hombre, de acuerdo a datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En el caso de las mujeres afrodescendientes, el porcentaje cae a menos de la mitad (46%) del salario de los hombres blancos.

El Ministerio de las Mujeres había sido rebajado a secretaría en el gobierno de Temer (2016-2018) y reformulado como secretaría en la gestión de Bolsonaro (2019-2022), con una cartera dirigida por la pastora evangelista Damares Alves, hoy senadora, que la cobijó bajo el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos.

«En los seis años de Temer y Bolsonaro se extinguió el ministerio y se lo rebajó a una secretaría, y en realidad terminaron extinguiendo las políticas públicas y las conquistas de las mujeres. Vaciaron el presupuesto para las políticas activas y trabajaron apenas en la cuestión de la mujer como ser madre y cuidadora de la familia, no como sujetos de derecho, como trabajadoras, como víctimas de la violencia. Trabajaron la cuestión de la mujer con el concepto de familia, lo cual es una herencia muy cara que necesita de reconstrucción», aseguró.

Para Gonçalves, el machismo y la misoginia tuvieron una fuerte impronta en la crisis y el proceso de destitución en 2016 de Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, electa en 2010 y reelecta en 2014.

Para la ministra, además de la igualdad salarial y de derechos con los hombres, «que es lo que asegura la verdadera democracia», están en la línea de actuación la lucha contra la misoginia y la violencia contra las mujeres.

La victoria de Lula, un extornero mecánico, exsindicalista y fundador del Partido de los Trabajadores, tuvo al voto femenino entre sus pilares para vencer a Bolsonaro en octubre pasado, en la elección más disputada de la historia. La clave, según la ministra, estuvo en la expectativa de progreso que ven las mujeres.

«Hubo un pensamiento, sobre todo de las mujeres que pasan hambre. De las 33 millones de personas que pasan hambre, gran parte son mujeres y madres solteras, víctimas de la negligencia en la pandemia, que tuvo consecuencias graves frente a un presidente misógino que decía que mujer fea no merecía ser violada, que maltrataba a las mujeres periodistas, que para enfrentar la violencia sugería armas», explicó.

Para Gonçalves, las mujeres eligieron a Lula porque propuso y ejecuta un programa de políticas públicas que incluyen los planes sociales como el Bolsa Familia -administrado por las mujeres del hogar- el plan Más Médicos en lugares remotos y periféricos y apunta a generar condiciones de escuela integral para los hijos y de mejoría frente a situaciones de miseria y hambre.

Desde el inicio de la campaña electoral, el poder evangelista que dominó gran parte de la agenda política ha bloqueado la discusión sobre el aborto. La ministra admitió que no está en el radar de la agenda brasileña actual un proyecto de ley como el aprobado en Argentina de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Lo más cercano es que se cumpla el aborto legal que se permite actualmente en Brasil, como el de las mujeres víctimas de violencia sexual, fetos con anencefalia y riesgo de vida.

«Tenemos que garantizar todavía los servicios de aborto legal, recuperar el servicio público de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. En Brasil, el 81% de las mujeres dicen que si sufren violencia sexual irían a la policía y no al servicio de salud por temor a ser rechazadas, maltratadas o denunciadas por médicos que actuarían por objeción de conciencia», explicó la ministra.

 

Fuente: Télam.

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