A dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, en el sistema público de salud se reportaron 132.754 interrupciones, se capacitó a más de 2 mil profesionales y hay 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país.
En una reunión en Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y funcionarias nacionales y provinciales, dio a conocer un informe sobre los avances y desafíos en la aplicación de la ley 27.610 de ILE/IVE, que mañana cumple dos años desde su sanción.
Según los datos aportados por la cartera sanitaria hubo 59.267 interrupciones en el sistema público de salud de enero a septiembre de 2022 y 73.487 en 2021, contabilizando un total de 132.754 abortos. Las prácticas se realizaron gracias a una red de 1.443 centros de salud y hospitales públicos que garantizan IVE/ILE en todo el país, lo que constituye 59,8 por ciento más de lo declarado en 2020 y 7,5 por ciento por encima de 2021.
En paralelo, 434 profesionales de la salud lograron certificaciones en el primer curso oficial sobre aborto, que se suman a más de 2 mil que recibieron actualizaciones acordes a la ley. La línea telefónica 0800 222 3444 de Salud Sexual recibió 13.752 consultas por IVE/ILE entre enero y octubre 2022 (89,8 por ciento) de un total de 33.735 llamados.
Durante el informe oficial se destacó que la medicación: misoprostol, combipack (mifepristona + misoprostol) y el equipamiento para aspiración manual endouterina (AMEU) se distribuyen en todo el país mediante la logística del Programa Remediar y son de acceso gratuito.
Hasta ahora, hay producción pública de misoprostol en el laboratorio LIF de Santa Fe, en el Puntanos de San Luis y Profarse de Río Negro, que se utiliza para abastecimiento provincial.
En relación a la mifepristona, el LIF se encuentra en proceso de desarrollo para su producción y este año el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para producirlo.
La persecución no para
Esta semana, cuatro personas que habían sido detenidas luego de ser acusadas de «acompañar» un «aborto clandestino» en Villa María fueron liberadas por el Juzgado de Control de esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa.
Pese a la sanción de ley que garantiza el derecho a la interrupción del embarazo, la persecución política no cesa. De acuerdo a la información suministrada por fuentes de Socorristas en Red, cuatro personas fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando «acompañaban» un «aborto voluntario» domiciliario en Villa María.
Dos de las «socorristas» fueron imputadas por el delito de «ejercicio ilegal de la medicina» y otras dos por «encubrimiento».
Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sostuvieron que la interrupción voluntaria del embarazo no puede «calificarse como delictivo» porque se trata de «una acción legal».
Recomendaciones de la OMS
Durante el encuentro, Vizzotti presentó una actualización del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo con la incorporación de las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este año.
La OMS recomendó la despenalización total del aborto y que los Estados desistan de criminalizar a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo, a la vez que reconoció la autogestión del aborto (fuera del sistema de salud) como una práctica que puede ser segura y debe ser legitimada por los Estados, reconociendo así el rol de los ámbitos comunitarios y de la sociedad civil que con información y entrenamiento adecuado pueden acompañarla.
El organismo internacional sumó que tanto obstétricas como el personal médico de todas las especialidades pueden ser proveedores de abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado, al igual que enfermeras, auxiliares de enfermería y farmacéuticos.
También instó a los Estados a eliminar períodos de espera o reflexión, internación compulsiva para la práctica de un aborto, consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales, incluso en el caso de adolescentes y personas con discapacidad, autorizaciones administrativas o por comités de ética y recetas con requerimientos excepcionales, entre otras.
Aborto legal
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionó la ley IVE/ILE, que se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales. Reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos.
A partir de la semana 15 de gestación también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Es una ley de orden público, lo que significa que es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el país, en el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo en forma gratuita.
La ley IVE/ILE también establece que los equipos de salud tienen un plazo máximo de diez días para garantizar el aborto desde su solicitud, y que la atención debe realizarse de manera segura y confidencial, con trato digno y respeto de la privacidad e incluir atención posaborto y consejerías en salud sexual.
Fuente: Agencia Télam
