El anuncio de Massa, rebatido desde la semántica, choca ahora contra la real politik. Torpezas gremiales, astucias de caudillos provinciales y el plan desmoralizador contra la militancia. | Por Pablo Dipierri
El ministro de Economía, Sergio Massa, “invitó” a las provincias a hacer lo mismo que la Nación cuando anunció el pago de una suma fija de 60 mil pesos, en dos cuotas, para los trabajadores registrados que percibieran salarios por debajo de los 400 mil pesos. Sea porque olfateaba la rebelión de gobernadores e intendentes o porque no estaba convencido de la iniciativa, la elegancia que revestía la transferencia de la responsabilidad en la decisión política se comprende 72 horas después, con la metralla mediática celebrando la negativa de los mandatarios y jefes municipales y los intentos de demolición del ánimo social.
El problema tiene múltiples causas y sus orígenes se remontarían a la deshonestidad intelectual con que los principales cuadros de la coalición discutieron la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, sin disimular mezquindades y vanidades.
Durante dos años, el sector del kirchnerismo que orbita bajo la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó la suma fija y mortificaba a sus adversarios internos en Casa Rosada, imputándoles falta de voluntad. Dirigentes gremiales y representantes de organizaciones territoriales se pavoneaban en la prensa asegurando que esa consigna era accesible porque los empresarios “estaban dulces”, incluso los dueños de pymes, y porque el Estado podía asistir a los distritos que carecieran de recursos para abonar el monto a empleados municipales.
En la previa de las elecciones primarias, un encumbrado activista de la CTA le comentaba a La Patriada que la negociación de los principales cuadros de la central con el Palacio de Hacienda pasaba por encontrar la forma de que el Gobierno pudiera acompañar el esfuerzo de los intendentes aportando el 30 por ciento de la masa dineraria. Al parecer, nadie habló con los caciques territoriales ungidos con el voto de los vecinos.
Lo mismo podría pensarse para el caso de las provincias y las paritarias en curso con los sindicatos que nuclean a estatales y docentes. Más allá del perfil opositor de Jujuy o Córdoba y el antagonismo con la Capital Federal, la resistencia también se manifestó en provincias como la de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Salta y Tucumán, sin contar que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alegó que las conversaciones con los gremios permanecen abiertas y que los sueldos de sus empleados le vienen ganando a la inflación.
Esa respuesta, la de los ingresos por encima del alza de precios, se reprodujo en todos los puntos cardinales del país, sin importar el color político de quien condujera el Poder Ejecutivo. El tópico revela otra inconsistencia del oficialismo: colocó en agenda con tono de airada frustración un asunto en que no adeudaba respuestas a la sociedad. Sin negar el irrefutable atraso para el caso de los empleados municipales, la cantinela de la aparición de trabajadores formales con salarios bajo la línea de pobreza, eslogan acuñado por la propia ex Presidenta, persuadió a la base de sustentación de una demanda cuyo incumplimiento no se corrobora con el tenor que se denunciaba.
Para colmo, la reivindicación de la suma fija como uno de los capitales históricos de los albores kirchneristas no repara en la aplicación técnica de una medida virtuosa entre 2003 y 2005, y en ese trance omite detalles importantes en el traslado del issue a la actualidad.
Por empezar, la medida se originó durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, a mediados de 2002. Fechado el 17 de julio de aquel año, el decreto 1273/2002 estableció “una asignación no remunerativa de carácter alimentario” de 100 pesos mensuales para todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo.
La iniciativa, rubricada por el por entonces Jefe de Estado, Alfredo N. Atanasof, Roberto Lavagna, Graciela Camaño, José H. Jaunarena, Juanjo Alvarez, Graciela Giannettasio, Jorge Matzkin, Carlos Ruckauf y Ginés González García, se repetiría en diciembre, con un incremento de 30 pesos.
Casi dos meses después de su asunción, el presidente Néstor Kirchner revalidó la política y expandió el monto, al tiempo que recuperó la institución del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuya última edición había sido 20 años antes, en 1993.
Sin embargo, se escamoteó del debate en curso que la suma fija del kirchnerismo nunca apuntó a los empleados públicos ni se concretó con recursos del Estado. Es curioso cómo empresarios aupados en sus propias vocerías corporativas, sindicalistas bajo el confort de Twitter y funcionarios de memoria recortada cargan contra el candidato oficialista, en el momento más delicado de la experiencia gubernamental diseñada en 2019, reclamándole los mismos efectos que en 2003 sin comprensión de texto y contexto.
De hecho, un artículo del abogado Luis Campos para un documento del CELS, da cuenta de las bonanzas y dificultades de la suma fija en los albores del Frente Para la Victoria. Bajo el título “La transferencia de ingresos en la agenda pública después de la crisis”, el autor narra que “ya a fines de 2003 la imposición de aumentos salariales al sector privado por parte del Poder Ejecutivo comenzó a ser resistida por sectores empresariales”. “El principal argumento utilizado consistía en señalar que cada sector de la economía debía negociar los salarios en función de su situación particular, y que no eran convenientes los aumentos generalizados”, recoge.
Desde ese enfoque, recuerda que el titular de la UIA, Héctor Méndez, le dijo en una nota a la agencia de noticias Telam que “la industria ya paga hoy salarios muy dignos. Lo que esperamos es que si en algún momento hay que negociar aumentos eso salga de la competitividad de las empresas, porque si no, no hay de dónde sacarlo con la capacidad instalada que hay”. También Lavagna sostuvo por aquellos días que los aumentos salariales deben otorgarse en función de la existencia de correlativos aumentos de productividad.
La querella entre determinadas ramas industriales y la CGT con quienes apelan a la herramienta que tanto se manosea ahora quizá no permita una síntesis macanuda todavía pero las esquirlas desmoralizan a la militancia que se había entusiasmado el lunes pasado con los anuncios que hiciera el tigrense el domingo. “De todo el paquete, lo más flojo es lo del bono”, admitió una fuente de la CTA ante este portal, pero ponderó que presenció una reunión de campaña en Comuna 8 esta semana y se percibía una inyección anímica en territorio.
Incluso concediendo que Massa pudo echar mano del marketing electoral sin haber tramitado acuerdos políticos, la carnicería desatada alrededor del bono parece hija de una idea fija que suma cero.
