El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal en los organismos de seguridad de Brasilia, en respuesta al ataque golpista orquestado por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro que invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes del Estado de la capital brasileña.
Luego de que miles de seguidores del ultraderechista Bolsonaro, a quienes Lula acusó de «nazis» y «fascistas», intentaran un golpe de Estado y provocaran destrozos en el Palacio del Planalto (casa de Gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), el Jefe de Estado acusó como responsables a la policía de Brasilia por haber liberado la zona y permitir un ataque que rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.
Ataque golpista
Los ultraderechistas destrozaron las oficinas de la corte suprema, se sentaron en la silla del presidente del Senado mofándose de la situación y rompieron las oficinas contiguas a la de Lula, incluida la de la primera dama, además de obras de arte que forman parte del archivo histórico nacional.
El despacho de Lula, por tener una puerta reforzada, fue el único en no ser destruido.
En ese contexto, Lula da Silva expuso que «hubo falta de seguridad» y aseguró que «todas las personas que hicieron esto serán encontradas y serán castigadas».
Ante este hecho, el presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Rodrigo Pacheco, convocó a sesiones extraordinarias para este lunes a fin de analizar el decreto firmado ayer por el mandatario. La Constitución Federal brasileña establece que le corresponde al Congreso Nacional aprobar el estado de intervención.
Pacheco y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, deben reunir hoy a los congresistas para discutir la reacción del Congreso contra los actos de vandalismo cometidos por los partidarios del expresidente derrotado en las últimas elecciones.
Tras la invasión a la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia, legisladores estadounidenses pidieron expulsar de Estados Unidos a Bolsonaro, un aliado del expresidente Donald Trump, que abandonó Brasil para evitar estar presente en el cambio de mando, pero que dejó entre sus seguidores la búsqueda de un golpe militar.
Prueba de la connivencia del batallón de choque de la Policía Militar cuando los invasores entraban al Congreso. pic.twitter.com/bmO2eBlbd7
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) January 9, 2023
Un ataque coordinado
Más de 80 micros con ultraderechistas habían llegado el sábado a la capital federal para una manifestación que había llamado la atención del ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, quien había advertido de la situación al gobernador de Brasilia, encargado de la seguridad en el Distrito Federal.
Los manifestantes que desde noviembre piden un golpe de Estado militar en la puerta de los cuarteles denunciando fraude en las elecciones y pidiendo que Bolsonaro vuelva a la presidencia, marcharon casi sin oposición por Brasilia, con escasos agentes protegiendo los edificios públicos.
Tras los ataques, Lula da Silva advirtió que los «terroristas» que los protagonizaron «pagarán con toda la fuerza de la ley» y remarcó que hubo un operativo de seguridad defectuoso. Hasta el momento, más de 1.200 bolsonaristas que estaban en un campamento instalado en el Cuartel General del Ejército ya fueron arrestados en Brasilia, indicó el medio de comunicación independiente Mídia Ninja.

Destitución e intervención de Brasilia
En consecuencia, la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta tanto se aclaren los hechos de este domingo.
La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil. Al mismo tiempo, ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios de Bolsonaro en todo el país.
Mientras sucedía el asalto violento, Rocha realizó una publicación en redes sociales en la que anunció la destitución del Secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, quien se encuentra en EEUU, al igual que Bolsonaro.
Rocha también había destituido a su secretario de Seguridad. Torres fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro. Luego de la embestida en Brasilia, rechazó las acusaciones de complicidad de su parte.
El periodista y corresponsal de TeleSUR en Brasil, Ignacio Lemus indicó hoy a La Patriada que «hay un pedido de prisión» para Torres.
Además señaló que se espera que el Congreso brasileño apruebe hoy el decreto de intervención federal firmado por el presidente Lula.
“Hay un pedido de prisión de Anderson Torres, el secretario de seguridad pública de Brasilia. Fue Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro. Se encuentra en Estados Unidos”
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— FM La Patriada (@FMLaPatriada) January 9, 2023
Fuente: Nobleza Hormiga – FM La Patriada y Agencia Télam