Presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard, la comisión comenzó a analizar el fallo dispuesto por la Corte Suprema que benefició a la Ciudad.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a analizar hoy el fallo sobre coparticipación federal dispuesto por la Corte Suprema que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de un funcionario de la Procuración del Tesoro y un especialista económico del máximo tribunal.
La comisión, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, delibera desde las 11.30 para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al abrir la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, que había sido citado para esta reunión, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito.
Maqueda habría sido invitado a concurrir a la comisión tras una resolución votada por el oficialismo que lo notificó de 14 cargos que se le formulan «provisionalmente», a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
«La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social», aseveró la diputada del FdT.
En esta nueva reunión, los legisladores escucharán el testimonio del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien dará su visión sobre ese mismo fallo desde la óptica del Estado nacional.
También recibirán a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, que explicará lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.
Esa unidad, creada en 2009, tiene a su cargo la realización de estudios de índole económica necesarios para evaluar los efectos que podrían producirse como consecuencia de las decisiones que eventualmente pudieran adoptarse en expedientes en trámite ante el Máximo Tribunal.
El expediente que comenzará a ser analizado por la comisión de Juicio Político, se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera, el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan «en forma diaria y automática» por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.
Desde el Gobierno nacional consideraron que, aunque el fallo aparenta ser «salomónico» -como ya señaló con anterioridad el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro- en el fondo se «beneficia» a la administración porteña.
Fuente: Télam.