La procuradora Laura Monti dictaminó que la Corte deberá intervenir en el reclamo contra el DNU por el cual el gobierno de Milei dejó de transferir los fondos para las jubilaciones provinciales.
La Procuración General de la Nación dictaminó este martes que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses. Así la Corte deberá resolver sobre la demanda judicial por los fondos de ANSES que le corresponden a la Provincia y fueron cortados por la gestión libertaria, con una deuda ya asciende a 716.109 millones de pesos.
El gobernador Axel Kicillof había formulado el pedido de medida cautelar en abril ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos. El dictamen fue firmado por la procuradora general de la Nación, Laura Monti, tras ser consultada sobre la competencia del máximo tribunal para intervenir en la demanda que presentó la provincia de Buenos Aires pidiendo la inconstitucionalidad del DNU 280/24 por el que el gobierno de Milei cortó las transferencias que la ANSES hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, sostuvo Monti y concluyó: “En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”.
A comienzos de semana, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, aseguró que la deuda total del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a los 5,8 billones de pesos, lo que definió como «un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires».
La demanda por los fondos previsionales es sólo una de las que el Estado bonaerense inició contra Nación por el recorte de los recursos que le correspoden a la provincia por ley. También se pidió por los recursos del Fondo de Incentivo Docente (FONID), Fondo Comprensador del Transporte y Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), que también fueron cortados apenas asumió Milei.
En el detalle de esa deuda se desprenden más de 716 mil millones de pesos en concepto de transferencias de ANSES a Caja Provincial, es decir dinero para los jubilados bonaerenses que, según había afirmado semanas atrás el ministro de Economía provincial, Pablo López, son “el grupo social más perjudicado por Milei”.
Los montos reclamados corresponden a «compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional», a valores actualizados. A partir de dicha norma, el Estado Nacional «se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales».
Los fondos fueron transferidos desde 1999 durante todos los gobiernos. Durante la gestión de Mauricio Macri y de Alberto Fernández se prorrogó la decisión por decreto presidencial, pero la administración de Milei lo interrumpió mediante el DNU que «no se encuentran comprendidos en dicha prórroga» los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.
