En un capítulo clave de la disputa por los fondos federales, la Corte Suprema de Justicia intervino en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra la ANSES.
Tras una audiencia que contó con la presencia de Axel Kicillof y funcionarios del gabinete de Javier Milei, el máximo tribunal dictó una fecha límite: el 10 de junio el Gobierno Nacional deberá presentar una propuesta concreta para cancelar la deuda con el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.
La demanda bonaerense surge tras el recorte de transferencias que Nación ejecutó mediante el DNU 280, afectando el flujo de fondos destinados a cubrir el déficit previsional de la provincia. Según las estimaciones presentadas por el Ministerio de Economía provincial, la deuda acumulada —que incluye actualizaciones y diferencias de ejercicios anteriores— asciende a 2,2 billones de pesos.
Desde el entorno de Kicillof señalaron que, si bien antes del cambio de gestión los fondos se percibían con regularidad, la interrupción actual genera una presión insostenible sobre las finanzas provinciales, especialmente en un contexto de caída de la recaudación y freno a la obra pública.
Más allá de la disputa previsional, la gestión provincial aprovechó el escenario judicial para denunciar el impacto de los recortes en áreas sensibles como salud y alimentación. Ante la baja de programas nacionales como el Plan Remediar y el desfinanciamiento de la asistencia social, la administración de Kicillof anunció una inversión propia de emergencia, aumentando un 30% las partidas del Sistema Alimentario Escolar (SAE) para garantizar el sostenimiento de comedores en las escuelas públicas.
La presión sobre el Ministerio de Capital Humano también escala en los Tribunales. En paralelo al reclamo del gobernador, organizaciones sociales y funcionarios bonaerenses presentaron amparos para exigir la actualización de programas de empleo, denunciando lo que consideran una «asfixia financiera» dirigida a los sectores más vulnerables de la provincia.
La audiencia del 10 de junio definirá el futuro de la caja previsional bonaerense y marcará un precedente sobre cómo la Corte arbitrará en la tensa relación fiscal entre la Casa Rosada y las provincias.
