Los cuatro miembros de la Corte Suprema arrancaron el año judicial mientras siguen el proceso de destitución que pesa sobre ellos, impulsado en el Congreso. El primer movimiento del máximo tribunal desde que el Gobierno anunció el proyecto de jury fue convocar audiencias públicas para tratar algunos de los litigios que tienen que dirimir, entre los que se encuentra un debate ya saldado por la ley de IVE: el estatus jurídico del embrión no implantado.
El primer encuentro del año entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, fue el jueves pasado y desde la cúspide del Poder Judicial anunciaron la posibilidad de llamar a audiencias públicas en un caso para el cual ya rige una ley nacional: el máximo tribunal tiene que resolver si una expareja podrá o no destruir sus embriones crioconservados en un laboratorio.
Argentina sancionó en 2021 la ley 27610 que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la intención de la Corte de poner el tema en discusión va en retroceso con la normativa que ya debatió el Congreso de la Nación y cuya sanción cumple con estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Llevar el tema a una audiencia pública abre una ventana de oportunidad para colectivos antiderechos y constituye una nueva intromisión por parte del máximo tribunal en una temática que ya se discutió en el Poder Legislativo.
Al respecto, la doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y especialista en bioética reproductiva Eleonora Lamm remarcó que la normativa sancionada en 2021 «definió que el feto no es persona, de modo que en un estadio de desarrollo menor (un embrión in vitro) menos puede serlo» .
Lamm es consultora en Bioética para la UNESCO y en su análisis frente al anuncio de la Corte, señaló: “Si ya existe una ley que otorga prevalencia a la autonomía reproductiva, no se entiende por qué ahora habría que poner en discusión la entidad que tiene un material genético in vitro, que no es más que un conjunto de células”.
La Corte Suprema de justicia de Argentina llama a audiencia pública para definir el “estatus jurídico del embrion in vitro”. Algunas razones de xq este es un debate zanjado y el retroceso y desgaste que implica este llamado:
1. Esto ya fue resuelto en el fallo Artavia Murillo— eleonora lamm (@elelamm) February 10, 2023
El anuncio de la Corte entusiasma a la Iglesia Católica, a los colectivos antiderechos y a los sectores más conservadores. El tribunal argumenta que existe un vacío legal sobre el tema pero, en lugar de solicitar al Congreso la confección de una normativa que regule a los embriones y las clínicas que realizan esa actividad, decide llevar el debate a una audiencia pública.
La posibilidad de convocar a las partes de un litigio al Palacio de Tribunales para que ofrezcan sus argumentos es un instituto que la Corte ordenó en 2007. Cuando Rosatti arribó a la presidencia de la Corte en octubre de 2021 acordó con Rosenkrantz y Maqueda recuperar este procedimiento, por el cual en el foro judicial se discuten jurídicamente temas considerados relevantes.
Así, el año pasado se debatió largamente en el Palacio de Talcahuano el uso del cannabis medicinal y el «derecho al olvido» en relación a los buscadores de Internet.
Además de discutir el conflicto con embriones crio-preservados, la Corte pretende tratar en audiencias el pedido colectivo para que cese la explotación de un yacimiento de YPF en el Parque Nacional Calilegua de Jujuy y un conflicto de marca de la empresa de riesgo crediticio «Veraz».
En el acuerdo del jueves y mientras se discutía el proceso de remoción en la Comisión de Juicio Político de Diputados, los cuatro jueces resolvieron 207 expedientes, la mayor parte de ellos aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura y retrotrajo su organización a los veinte miembros de 2006 con la presidencia en manos del titular de la Corte se agudizó el conflicto y el Consejo quedó paralizado por completo cuando, una vez más, la Corte dispuso que debía ser el senador de la oposición Luis Juez el representante del Senado en la nueva etapa y no el peronista Martín Doñate.
El Senado, a través de sus mayorías y autoridades, ratificó a Doñate y Rosatti decidió no tomar juramento a los cuatro representantes de la Cámara alta.
Desde que la Corte intervino con la declaración de inconstitucionalidad, el Consejo sólo logró elevar al Poder Ejecutivo tres ternas para cubrir cargos de jueces federales en Tucumán, Santiago del Estero y Misiones.
Con información de Agencia Télam
