El Gobierno nacional volvió a la carga con un proyecto de Reforma Laboral que, lejos de modernizar el sistema, profundiza un modelo regresivo que avanza sobre derechos individuales y colectivos conquistados por la clase trabajadora. El texto, de 71 páginas y 191 artículos, busca —según la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón— fortalecer el poder patronal y debilitar la posición de quienes trabajan.
Desde la organización gremial expresaron un rechazo “rotundo” y alertaron que la iniciativa oficial despliega tres ofensivas simultáneas:
Una masiva transferencia de recursos del trabajo al capital
El proyecto crea un Fondo de “Asistencia Laboral”, una reedición obligatoria del frustrado Fondo de Cese de la Ley Bases, que se financiará con dinero que hoy va a la ANSES. Ese fondo —administrado por privados con comisión incluida— subsidiará despidos y reducirá aportes patronales, también a las obras sociales.
El cálculo sindical estima entre 2.000 y 2.500 millones de dólares que “saldrán del bolsillo de los trabajadores”.
Ataque al derecho de huelga y a la acción gremial
La reforma retoma —y agrava— el texto del DNU 70/23, declarado inconstitucional, y el decreto 340/25 de Marina Mercante, ya derogado. Con definiciones amplias de “servicios esenciales” o de “importancia trascendental”, prácticamente cualquier actividad podría verse obligada a garantizar entre 50% y 75% de actividad mínima, lo que implica una prohibición de facto del derecho de huelga.
Además, dificulta la realización de asambleas, debilita la negociación por actividad y promueve convenios por empresa, lo que fragmenta la organización sindical.
Disciplina laboral y flexibilidad extrema
El gremio advierte que la creación del “banco de horas” rompe la limitación de la jornada laboral, ya que habilita a imponer horas extras sin pagarlas como tales, reemplazándolas por “horas libres” sujetas a decisión patronal.
También cuestiona reformas a la Ley de Contrato de Trabajo que, señalan, afectan la integridad psicofísica de las y los trabajadores.
“Modernización”: el argumento oficial que no se condice con los datos
Desde la Federación recuerdan que promesas similares se hicieron con la reforma incluida en la Ley Bases de 2024. “Los resultados fueron los opuestos”, afirman: casi 300.000 empleos registrados destruidos, cierre de plantas y retroceso en la industria nacional.
“Este gobierno sólo quiere quitarnos derechos”
El documento concluye que el proyecto oficial apunta a limitar la organización de los trabajadores y la pelea por un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice una vida digna.
La Federación Aceitera reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales, sindicales y democráticos y anticipó que utilizará todas las herramientas constitucionales, especialmente el ejercicio del derecho de huelga, para frenar esta reforma.
