La jueza Ventura Martínez rechazó la medida cautelar presentada por un productor contra la suba del impuesto y ratificó que ARBA no tuvo errores en la liquidación del tributo.
La Justicia volvió a darle la razón al gobierno bonaerense y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en el conflicto por el aumento del Inmobiliario Rural. Este miércoles, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, María Ventura Martínez, rechazó la medida cautelar presentada por un productor agropecuario contra la suba del Inmobiliario Rural, al concluir que no hubo errores en la liquidación del tributo.
La jueza que tomó la decisión de desestimar la medida cautelar solicitada por Raúl Alberto Remorini consideró que “no se acreditó verosimilitud del derecho” y que el impuesto fue liquidado correctamente, es decir dentro del límite del 200% dispuesto por la ley fiscal impositiva aprobada a fin de año por la Legislatura bonaerense.
En su demanda, Remorini sostenía que el Inmobiliario Rural había sido mal liquidado basándose en que no se respetaba un supuesto límite de imposición del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural, establecido en el Consenso Fiscal de 2021, y que tampoco respetaba el tope del 200% respecto del 2023. Por esto, el contribuyente buscaba abonar el Impuesto Inmobiliario Rural con un aumento del 200% respecto de 2023, pero aplicando un descuento del 35% por «contribuyente cumplidor», beneficio que no está vigente, y sin incluir índices de actualización. Además, solicitaba que ARBA no pudiera avanzar con reclamos judiciales para cobrar el tributo.
Sin embargo, la jueza Martínez desestimó el pedido por entender que el límite de imposición proveniente del Consenso Fiscal “no está operativo” y porque el impuesto inmobiliario rural “se encuentra correctamente calculado”. Asimismo, advirtió que no se demostró que existiera “peligro en la demora” que ameritara dictar una medida cautelar.
El fallo dejo en claro que el cálculo de la liquidación está bien hecho y que ARBA se ancló en la Ley Fiscal Impositiva para determinar la conformación de la factura que le llegó a Remorini. Es decir, ARBA cumplió con la ley aprobada en diciembre con los votos de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y un sector de los libertarios.
Esta es la segunda presentación judicial rechazada al sector rural por la liquidación de ARBA. La primera había sido presentada por el productor de San Vicente, Agustín Arechavala y también fue rechazada.
El llamado a la “rebelión fiscal” en la Provincia que había realizado el diputado nacional José Luis Espert y avalado por el presidente Javier Milei a principios de marzo, no tuvo correlato real en las arcas bonaerenses. “No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni el Inmobiliario Rural, porque también soy productor rural”, había dicho el diputado nacional unas semanas antes de pagar todos sus impuestos en tiempo y forma.
Frente a esto, Kicillof repudió las declaraciones de los funcionarios de La Libertad Avanza, calificó de «gravísimo e inédito» que el presidente llame a incumplir la ley y recordó que no pagar los impuestos es un delito. El escandaló terminó con una denuncia penal contra Espert.
Luego de la controversia, el Gobierno de PBA armó una mesa con las entidades ruralistas como CARBAP, la Sociedad Rural y con legisladores de la oposición que también habían denunciado errores en las liquidaciones; pero pese a las protestas, no lograron establecer casos concretos de liquidaciones mal realizadas subas, por encima de lo dispuesto en la ley impositiva.
