Como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta manejaba hasta hace poco, con bastante destreza y mucha pauta publicitaria, la distancia entre sus acciones y su discurso. Las contradicciones entre una retórica de invocación al diálogo, sonrisa y buenos modales con la práctica del hecho consumado que vulnera todas las instancias de participación institucional amparada en el dominio pleno sobre los poderes legislativo y judicial del distrito no parecían generarle problemas electorales al proyecto de este este político carente de carisma pero dueño de un pragmatismo que le permitió pasar del peronismo menemista en los ‘90 al antiperonismo macrista, tras su experiencia como funcionario de Fernando De La Rúa.
Sin embargo, ahora las palabras de Larreta no sólo se enfrentan a sus acciones de gobierno, también confrontan simultáneamente con sus propias palabras. Eso es lo que mostró su última aparición pública, el pasado viernes 30 de septiembre, en la conferencia de prensa sobre las tomas de escuelas por parte del movimiento estudiantil que utilizó para recitar de rigurosa memoria la carta posteada en sus redes el día anterior y que, a su vez, repetía las declaraciones de su ¿ex? jefe, Mauricio Macri, y las tapas de la semana de Clarín y La Nación. Desde que a Horacio, reconocido runner, lo corren por derecha con el aliento en la nuca no sólo Patricia Bullrich sino un contingente de voceros mediáticos del ala dura, ya no le alcanza con decir una cosa y hacer otra: tiene que decir dos cosas distintas al mismo tiempo para contener a moderados y ultramontanos. En el mismo discurso se ubica como abanderado del diálogo y de la represión. Intenta mantener su imagen no confrontativa y seducir a los sectores duros que le piden que desaloje a como dé lugar las escuelas ocupadas por los estudiantes. Entonces, dice “creemos en el diálogo”, pero también “vamos a ser inflexibles”. “Rechazamos el autoritarismo y la violencia”, pero “no vamos a dialogar con los anulan el diálogo” o “los padres de los extorsionadores van a tener que hacerse cargo del daño que provocan”. Poner en la misma mesa de disección discursiva a los “pseudo mapuches”, los diputados kirchneristas, los trabajadores del neumático y los estudiantes porteños con sus familias explica la instalación nacional del candidato que busca utilizar la conflictividad de su gestión en la campaña electoral del 2023. La mezcla surrealista del paraguas y la máquina de coser le permiten hablar de un supuesto modelo de país, en vez de solucionar institucionalmente los problemas de una gestión que no reconoce a ningún interlocutor como válido.
El problema de la educación es que haya docentes y estudiantes
Que la educación sea utilizada por la derecha como tópico de campaña es más viejo de lo que se habitualmente se recuerda. No empezó con la pandemia y la demanda desesperada de abrir las escuelas por parte de quienes hasta el año anterior las venían cerrando. Cuatro años antes, en el tramo final de la campaña electoral de 2015, Mauricio Macri llevó a Esteban Bullrich, su futuro ministro de Educación, a la entrevista más buscada por los candidatos, condensando más de dos décadas de giro discursivo de los comunicadores neoliberales desde el déficit fiscal a los problemas de educación. “Todos los problemas son problemas de educación”, citaba Macri a Sarmiento en esa entrevista en la que Bullrich revelaba su aspiración de ser “una gota del sudor de Sarmiento”.
En el único distrito que el PRO gobierna, y además de manera ininterrumpida desde hace tres lustros, debería en consecuencia poder apreciarse con claridad cómo han operado en el laboratorio de sus políticas educativas. Qué hicieron, y qué hacen, con la educación de la Ciudad más rica y educada del país, las luminarias pedagógicas de esta fuerza política.
En primer lugar, se trata de una política que busca borrar de la escena, en más de un sentido, a docentes y a estudiantes en tanto actores de la institucionalidad educativa. Dos ejemplos recientes sirven de muestra. En medio del reclamo estudiantil por las condiciones edilicias, las viandas alimenticias y la implementación de las pasantías en quinto año, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó a las partes al diálogo pero sólo asistieron los Centros de Estudiantes. El ministerio de Educación argumentó que no dialogará con quienes toman medidas de fuerza. Pero durante todo el año 2022, hasta el momento previo a los pernoctes en las escuelas, sólo había mantenido una reunión el 23 de septiembre con menos de cinco centros de estudiantes. En los correos electrónicos, que la ministra de Educación envió profusamente a las familias desde la semana anterior a que comenzarán las medidas de fuerza, ponía como ejemplos de diálogo que los estudiantes podían elevar sus reclamos “a instancias de las autoridades de la escuela” en una especie de “vía jerárquica” a la que desde el ministerio responderían. Otra instancia de diálogo que el gobierno esgrime son las charlas con vecinos con inscripción previa que se realizan por Comunas en las que pueden tocarse temas educativos. Es decir, a diferencia de sus antecesores, y sobre todo a contramano de la Ley 26.877 de Centros de Estudiantes, el Gobierno de la Ciudad no reconoce a los representantes del movimiento estudiantil como sujetos políticos de derecho capaces de mantener un diálogo institucional en el marco de la democracia. No se trata de ir a una charla de vecinos o elevar una nota de reclamo.
La misma actitud de clausura del diálogo se aplica al movimiento docente. A nivel nacional y en las principales provincias del país existen leyes de paritarias que, como en otras ramas del trabajo, permiten que el diálogo institucional y legal resuelva los conflictos vinculados a las condiciones laborales, incluidas las salariales. La existencia de leyes de paritarias y convenios colectivos de trabajo demostró ser un método mucho más democrático, pacífico y eficaz que la bala policial o parapolicial para resolver los conflictos laborales. Como en la Ciudad de Buenos Aires nunca se sancionó una Ley de Paritaria Docente, venía funcionando mal o bien desde el fin de la última dictadura militar una Mesa de Condiciones Laborales y Salariales. En la última reunión de esa mesa, los sindicatos docentes fueron informados del porcentaje de aumento dispuesto por el gobierno porteño y que esa decisión no estaba sujeta a debate. Idéntico procedimiento se viene llevando adelante con todas las condiciones del trabajo docente que en la letra está regulado por un Estatuto Especial, la ley 40.493, votada por la Legislatura, pero en la práctica es modificado unilateralmente por un Jefe de Gobierno que ha asumido la suma del poder público. Tiene mayoría automática en la escribanía de la calle Perú 160 y ya nombró a más de la mitad de los jueces de la jurisdicción. ¿Y en qué afecta a la educación de la ciudad la instauración de este decisionismo unilateral? O mejor, ¿y a mi qué me importa?, podría preguntarse un vecino que quiere que las cosas funcionen independientemente de con qué grado de participación se resuelvan los conflictos.
La lógica delegativa
Aquí viene el segundo sentido del borramiento de los docentes en la educación. No sólo se está vaciando su representación institucional. También se están vaciando las escuelas. Pero, ¿cómo? Si trabajan cuatro horas por día, tienen tres meses de vacaciones, no se capacitan y, encima, cuando no están de licencia, están adoctrinando adolescentes. ¿Cómo puede ser que las leyes de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo no impulsen hacia arriba la búsqueda de estos tan privilegiados conchabos? No sólo no hay filas de aspirantes a la docencia en los distritos escolares. Hay, semana a semana, cientos de grados en escuelas primarias sin clases porque no hay docentes que asuman esos cargos. Igual que miles de horas cátedra en el nivel secundario sin cubrir durante meses por la falta de docentes o la renuncia de los que ya estaban. Cada vez hay menos docentes dispuestos a someterse a la sobrecarga laboral que implica trabajar en las escuelas de la CABA.
Sólo algunos de los aspectos más relevantes serían:
- La imposición de tareas administrativas en formato físico y virtual, fuera y dentro de la jornada de trabajo, que conspira contra el tiempo dedicado a lo pedagógico ha superado todo límite y afecta tanto a quienes están en las aulas como a quienes se desempeñan en cargos directivos. Las escuelas son el ámbito laboral registrado donde menos se respeta la “Ley de Teletrabajo”.
- Otro ejemplo. Dice Ignacio Budano, maestro de grado de la zona sur de la Ciudad: “Las licencias docentes, esas que el sentido común cree que son excesivas en un prejuicio contra el que podría discutir con datos concretos, se cargan desde hace dos años en una plataforma llamada MIA. La carga la debe hacer quien pida la licencia, más allá de su estado de salud, pero la respuesta no es inmediata, llega días después. Entonces se dan casos en que el médico sugiere una licencia por cinco días y MIA responde que esa cantidad de días no corresponde, recién al quinto día. O que, por ahí, corresponden solamente tres y dos días pasan a ser injustificados. Eso más de una vez al año puede costar un sumario o la pérdida de un cargo. Así, no solo se afecta el derecho laboral, sino también la posibilidad de pedir suplentes”.
- Manuel Becerra, docente de la Ciudad y Director Editorial del portal Gloria y Loor, sostiene que “la única política educativa distintiva de CABA es el maltrato a los docentes, que no es una política educativa sino marketing electoral. El resto, la gestión cotidiana, es acomodo de militantes en puestos de conducción, obstaculización de los procesos administrativos y abandono de las funciones de gobierno (no hay estructura de apoyo en salud, ni acción social, ni jurídica en casos complejos, es todo ver qué docente tiene un contacto copado en un CESAC, en la Defensoría o con algún programa vaciado)”.
En relación al “acomodo de militantes en puestos de conducción”, la gestión actual, a instancias de un funcionario del Ministerio de Educación llamado Fabián Capponi, viene destruyendo el acceso transparente y por orden de mérito a los cargos docentes. En el concurso vigente para cubrir cargos vacantes en las escuelas se excluyeron por decisión arbitraria de la Dirección de Educación estatal más de 70 cargos cuya designación se realizará de manera antirreglamentaria por el gobierno. No irán a esos cargos los docentes con más puntaje sino los que elija el partido de gobierno. El número exacto de cargos sustraídos del concurso no está claro en el Informe 28919235- GCABA-DGEGE del 11 de agosto de 2022, ya que en algunos casos alude imprecisamente a “cargos de ejecución y conducción de las siguientes escuelas” y no especifica la cantidad en cada una de estas.
Las condiciones de trabajo docente también son una variable pedagógica. Budano concluye un hilo de Twitter con una frase que dentro de las escuelas resulta mucho más evidente que de la puerta para afuera: “De los años que hace que trabajo nunca vi compañeras/os tan agotadas/os del trabajo para el que estudiaron y se formaron. Esa prioridad por la educación, cuyo presupuesto bajaron todos los años, consiste (para el gobierno porteño) en aumentar días de clase sobre las espaldas de docentes pasados de alienación -con lo que eso afecta la tarea pedagógica- sin invertir un solo peso más en calidad educativa”. En parte, esto explica que el último paro docente realizado el 22 de septiembre haya superado la adhesión de los anteriores. No es sólo la negativa a perder la capacitación obligatoria en horario laboral y reemplazarla por una en los días sábados. Es la acumulación de una sobrecarga que se expresa brutalmente en la imposibilidad de conseguir docentes. También explica que las medidas de fuerza continúen esta semana con paro de 24 horas y una movilización a la Jefatura de Gobierno el 4 de octubre junto a los estudiantes secundarios.
Cultura del aguante
Junto a las palabras de su conferencia de prensa, Rodríguez Larreta habló a través de gestos muy puntuales que lo remiten a su running por derecha. No solamente no asiste a dialogar a la defensoría. La respuesta que ofrece es policial. Como un Ramón Falcón del siglo XXI. Cuando desde la máxima autoridad de gobierno se ubica a un reclamo propio de la democracia en la “mesa de disección” de las extorsiones y las acciones violentas, se habilitan hechos como el que sucedieron en la puerta de una escuela secundaria en la que personas, esta vez sí violentas, escupieron y amenazaron con armas blancas a estudiantes y familias que protestaban allí.
El habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para proteger la integridad de los estudiantes quizás sirva para poner un límite a la espiral de violencia promovida por el discurso electoral del alcalde que transita el raro equilibrio de la moderación a garrotazos. El peligro de esta costumbre de correrse en una suerte de cultura del aguante en el que han caído las fuerzas de derecha en la Argentina tiene consecuencias que ya están a la vista. No sólo van moviendo el horizonte de lo decible, sino que producen acciones que reinstalan la violencia neofascista como posibilidad para dirimir los conflictos políticos y sociales.
