Régimen de explotación precapitalista, ferocidad en las instrucciones e instigación al abuso para alimentar la estadística contra el delito son algunos de los aspectos de la fuerza de seguridad municipal que deleita a Patricia Bullrich. Testimonios de los trabajadores del cuerpo en esta investigación exclusiva de La Patriada. | Por Pablo Dipierri
Héctor Seballes piloteaba el vehículo de la Policía Municipal de San Miguel (PMSM) el pasado 22 de agosto cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le hizo perder el control de la camioneta y terminó chocando contra un auto en la cuadrícula que le había tocado patrullar. “Llevaba dos semanas y media trabajando 16 horas por día”, contó el ex Policía Federal retirado con cuatro condecoraciones.
Aunque esa sea la jornada laboral que cumple día por medio el cuerpo creado por ordenanza municipal el 8 de julio de 2015, bajo el mandato del ex intendente Joaquín De la Torre, Seballes ya acreditaba 18 días corridos de esa rutina porque había elevado un informe a sus superiores sobre una cocina de drogas en una de las zonas calientes de la jurisdicción, justo detrás del Cementerio de Bella Vista. Por el contenido de sus interpretaciones, lo cambiaron de ruta y le suprimieron las “regenerativas” jornadas de 8 horas entre las extenuantes de 16 o más.
El agente había detectado movimientos sospechosos con antelación y había intervenido con efectividad y cuidado en los alrededores de la manzana donde anidaba la cocina, hasta que un día se produjo un tiroteo entre dos bandas. Como él se encontraba de franco y los vecinos lo conocían por recorrer las calles, le pidieron explicaciones por WhatsApp y hasta le pasaron la foto de uno de los móviles de la PMSM estacionada en la puerta del lugar donde se vendía la mercancía.
Entonces, el uniformado redactó un minucioso documento con información recogida por él mismo y lo presentó al director de patrulla, Sandro Gutiérrez. El resultado de su corrección fue la sanción que consumió sus energías y casi acaba con su vida.
A 11 meses del siniestro, el policía narró ante este medio que estuvo 2 horas tirado hasta que lo metieron en la caja de la camioneta y lo llevaron a una clínica. En la sala de urgencias, los médicos le diagnosticaron un infarto y, si bien la doctora Marina Mas emitió sucesivamente certificados que indicaban reposo por el “evento sincopal”, desde la conducción de la fuerza se los instaba al regreso a sus tareas. “Yo no podía levantarme ni para ir al baño porque me desmayaba”, recordó Seballes, y acotó que por más que la prescripción de los catedráticos era de 4 meses sin actividad laboral, retomó su rutina a los 90 días por las presiones que ejercían sobre él los mandos superiores.
Ante las averiguaciones que hizo este portal sobre la inclemencia de Gutiérrez, encontró que fue objeto de graves acusaciones y su correspondiente investigación en el seno de la Gendarmería por participar de la bienvenida a jóvenes gendarmes recién llegados a Campo de Mayo, el 26 de agosto de 2011. Según el testimonio asentado por el gendarme Rolando Vázquez, perteneciente por entonces al Escuadrón de Seguridad de “Tecnópolis del Bicentenario”, aquella mañana dos cabos le esposaron las manos por la espalda, le pusieron una bolsa de consorcio por la cabeza hasta la cintura, provocándole sofocación, y lo golpearon en el abdomen y las costillas. Alrededor suyo, otros agentes novatos presenciaban el acto que fungió de ceremonia inaugural del “Curso de Adaptación y Capacitación de Gendarmes a Unidades”.
Por esos hechos, el Consejo de Disciplina de Campo de Mayo destituyó a Gutiérrez, quien fue incorporado a la PMSM hace al menos tres años.
Una policía modelo
Cuando todavía era precandidato a gobernador por una de las fracciones de PRO, De la Torre organizó un acto para mostrarle a la precandidata presidencial Patricia Bullrich la policía municipal cuya expansión promueven ambos. La ceremonia se realizó el 18 de marzo pasado, en el predio que funciona como Centro Operativo Logístico de la PMSM en Barrio Obligado.
Para los trabajadores de la fuerza, es un tinglado y se usa también para guardar las camionetas. De hecho, habían sido citados a las 4 de la mañana y los hicieron trabajar como en un car wash para que las Toyota Hilux relucieran ante Bullrich, De la Torre y el actual intendente, Jaime Méndez.
Los anfitriones y la invitada arribaron al lugar pasado el mediodía. La ex ministra de Seguridad comparó el compromiso del Municipio de San Miguel en el combate a la inseguridad con la presunta impericia de la Intendencia de Moreno en la materia. “San Miguel es el distrito que más ha bajado el delito en todo el país y eso es gracias a todo este trabajo que han hecho”, expresó.
Los periodistas que escuchaban la afirmación no reclamaron precisiones pero los policías de ese cuerpo modelo reconocen que engordan la estadística “bajando” o “poniendo”, en la jerga de los uniformados ambas palabras funcionan como sinónimos de “detener”, a cualquier persona que no encaje en la descripción moral de ciudadanía según el manual de la clase media asustada. Un militante del espacio peronista que orbita bajo la figura de Juanjo Castro, quien reúne magramente las expectativas de un kirchnerismo desorientado, señaló a este portal que “los pibes andan por el centro de San Miguel con la gorrita prendida en la mochila o bajo el brazo para que la cana no los agarre”.
A principios de julio, el agente José Alberto Berrastro, suboficial retirado del Ejército con 11 años y 9 meses de antigüedad como empleado en el distrito, remitió un telegrama al palacio municipal replicando el contenido de la denuncia policial radicada el último 25 de junio, al día siguiente del cierre de listas. Según su declaración, se le ordenó dirigirse al arroyo Los Berros, donde dos jóvenes, uno de 18 años y otro menor de edad, juntaban lombrices para vender a los pescadores. Desde el radio que conecta con el móvil lo instruían para que procediera a la detención apoyando al sargento Guillermo Mereles, miembro del comando de Patrullas de 3 de Febrero y asignado como compañero suyo para esa jornada. El efectivo de la Bonaerense consultó por los antecedentes de los adolescentes a través del 911 pero, ante la inexistencia de cualquier registro sobre ambos, informaron que no había razones para llevárselos y se retiraron. “Les dijimos que volvieran otro día porque desde el Centro de Monitoreo estaban pidiendo la detención”, confesó Berrastro en diálogo con La Patriada.
Enseguida, rechinó la voz en el radio de nuevo para que volvieran y aprehendieran a los dos muchachos pero el ex soldado se negó. “No saben lo que significó en Argentina la Obediencia Debida. Para mí, orden mal dada no debe ser cumplida”, detalló. Al día siguiente, le cambiaron el recorrido y se profundizaron los tratos “inhumanos” hacia su persona de parte de Gutiérrez, los supervisores Jorge Román y Antonela Batchetta, como así también el subsecretario de Seguridad de San Miguel, Ricardo Rojas, y el director general en la repartición, Hugo Lamera. Rojas fue miembro del Ejército bajo el mando de Jorge Rafael Videla, dato de su currículum que resalta con jactancia, mientras que Lamera era domador de Caballos en la Gendarmería. Ahora integran, junto al secretario de Seguridad del Municipio, Héctor Calvente, la tropa que aprieta a los trabajadores para que se endurezcan frente a sus vecinos y conviertan al Municipio en una cárcel a cielo abierto y, cuando alguno se niega a acatar una instrucción, lo tildan de “vago” o de “zurdo”, le descuentan la jornada o lo rigorean con presión psicológica.
Este medio contactó a Calvente para conocer su mirada sobre las acusaciones vertidas por los agentes que dependen del distrito pero el funcionario negó los hechos narrados. En primer lugar, desacreditó la veracidad de la información imputándola a “algún político oportunista en tiempos electorales” y, luego de solicitar el link de esta web porque desconocía a La Patriada como proyecto periodístico, calificó como una “absoluta mentira” lo que los uniformados de San Miguel atestiguan. “Justamente lo que caracteriza a nuestra fuerza es el respeto por la ley y la cercanía con la gente”, argumentó.
En el intercambio, el Secretario inquirió: “¿Cómo vamos a detener a alguien por pescar lombrices? Suena a chiste. Y derechos de los trabajadores, los respetamos, los cuidamos y acompañamos en serio a nuestros agentes. No solo con las palabras”. “Por eso tienen su carrera de policía, capacitación, régimen de ascensos por mérito y no por el dedo de turno. Sinceramente, suena a (que hay) alguien enojado o (es) tema electoral”, manifestó, y concluyó: “los protocolos de San Miguel deben ser de los mejores del mundo en tema de proximidad y prevención, aprobados por ordenanza, como también el régimen de trabajo de nuestros policías”.
No es, a pesar del entusiasmo de Calvente, lo que se desprende de la documentación recabada para este artículo. Sin ir más lejos, el agente Daniel Salvatierra comunicó una serie de intimaciones por telegrama a sus jefes hace dos semanas. A través de esa misiva, reclamó se “proceda a cesar de forma inmediata en maniobras persecutorias, malos tratos y hostigamiento laboral en perjuicio del firmante ocurridas con frecuencia diaria, desde mediados del 2021 por parte del supervisor Brieva Ismael, quien ejerce violencia verbal contra el suscripto”. “Todo se ha intensificado a partir de febrero de 2023, siendo que el Sr. Brieva Ismael, de forma violenta y gritándome, me ha amenazado que debo realizar las horas extras por él determinadas bajo amenaza de despido, implementando la obligatoriedad de realización de horas extras, todo ello siendo que la jornada del suscripto es de 6 días de trabajo por cado 2 de franco en el horario de 13.30 a 23.00hs, a ello se le obliga a realizar horas extraordinarias 3 veces, siendo 24 horas extras por semana, y 96 horas extras al mes, en el horario de 22.00 a 06.00 hs. De esta forma el suscripto no goza del descanso que debe mediar entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra”, abunda el texto.
El maltrato denunciado derivó en un cuadro de hipertensión y depresión. “Las maniobras habidas en mi contra me han causado y me causan un grave perjuicio, sobre el cual se reclamará oportunamente atento el cuadro depresivo y los trastornos psicológicos con los que me veo afectado”, resume la nota de Salvatierra.
El que suscribió el telegrama fue cobijado en los últimos días por el Sindicato de Comercio Industria y Servicios de la CTA, y notificó sobre el asunto al Municipio. La respuesta al mensaje fue denegatoria del derecho a organizarse gremialmente, contra la propia Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical, y está firmada por el director de Asuntos Legales de San Miguel, Ezequiel Tomás Palacio.
Kioscos y listas negras
El articulado de la ordenanza municipal que parió la fuerza bajo la lupa de esta nota consta de 19 páginas y se votó, como se dijo anteriormente, en julio de 2015. De la Torre, por entonces alcalde, se quejó del rechazo de los concejales del Frente Para la Victoria y comparó la potencia de su escuadrón, que ya acreditaba cinco años de despliegue en territorio, con el pergeño de las policías locales que lanzó en aquella época el ex gobernador Daniel Scioli. “Esta Ordenanza es la misma con la que Scioli estuvo de acuerdo y que quiso sacar por Ley pero no pudo porque se la frenó La Cámpora en la Legislatura. Eso se había consensuado con los intendentes. Lo que hizo después con las modificaciones que impulsó por decreto es una división interna de la Bonaerense”, reza el comunicado sin ecumenismo político que todavía cuelga de la web institucional de la jurisdicción.
El artículo 4º de la norma sancionada hace 8 años estableció que la escuadra, compuesta actualmente por no más de 80 agentes, “está institucionalmente subordinada a las autoridades municipales” y, por ende, “acata las políticas fijadas y obedece las directivas que el intendente o el funcionario a cargo de la gestión de los asuntos de seguridad local que se designe a tal efecto”. En buen romance, lo que haga o deje de hacer esa Policía es responsabilidad política de Méndez y Calvente.
Por esa razón, crece la preocupación por el rumor sobre el espionaje por reconocimiento facial que facilitan las cámaras y la operatoria que planifican. Uno de los agentes que conversó con este cronista recordó la ocasión en que se lo mandó a apostarse con su vehículo sobre un domicilio particular para identificar al hombre que entraba y salía de allí. Al abordarlo, el sujeto respondió que trabajaba en un frigorífico y salía todos los días de madrugada para tomarse el tren rumbo a su enclave laboral. La sorpresa del policía fue mayúscula cuando al sábado siguiente se topó con el mismo obrero repartiendo volantes de Unión por la Patria en una de las esquinas de convocatoria militante.
Para esas tareas, los uniformados suelen ser instigados con histeria por radio para que requisen a los sospechosos que imaginan los supervisores que monitorean detrás de las cámaras. Al respecto, uno de los agentes recordó el caso de un hombre y una mujer que tomaban gaseosa en una vereda, junto a un menor, en una suerte de escena familiar. Pero el nerviosismo de sus superiores se cimentaba en un bulto que tenía en el abdomen, que se adivinaba como un fajo de billetes y que atribuían a un negocio del narcotráfico. Ante el pedido de que se identifique el vecino y luego de que mostrara, además, el recibo por el cual se le había otorgado esa suma de dinero, el policía se retiró a pesar del ladrido de la jauría radial en su móvil.
Es un secreto a voces que las incursiones más angustiantes y la vigilancia con tintes políticos están coordinadas por el director general de Apoyo Judicial, Federico Salvatierra, de quien se dice que fue zapatero en el Ejército pero se dedicaría a la inteligencia.
Pero como la persecución ideológica no genera rindes económicos hubo que montar andariveles paralelos que habilitaran externalidades financieras para los jefes. Así, cada tanto los agentes tienen que firmar planillas por daños mayores a los que sufren sus vehículos en algún roce o choque menor, para engordarle el presupuesto a la empresa de seguros por una reparación de mayor cuantía.
Le pasó a Seballes cuando Rojas y Lamera le exigían que estampara su mocha por un coche que supuestamente había volcado y, por el incidente, había resultado herido un grupo familiar. Para eso, pretendían obligarlo a admitir que había patrullado una cuadrícula que no le habían asignado y él mismo y el Centro de Monitoreo tenían la prueba de que su recorrido había sido por otros barrios. “Si querés cortar un auto, firmá vos pero a mí no me jodan”, habría respondido Seballes en una discusión picante con Rojas.
Hasta donde les dio la capacidad intelectual, los militares retirados se hicieron de tiempo para elaborar o, al menos, distribuir un manual de la Secretaría de Seguridad, y La Patriada tuvo acceso al material. En sus primeras páginas, el libraco adelanta que “el presente Manual está destinado al conocimiento exclusivo, estricto cumplimiento y uso ‘reservado’ de los policías municipales y funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Miguel”.
Su declaración de principios acerca de “regular los procedimientos de la Secretaría de Seguridad, para garantizar el correcto cumplimiento de su cometido en el marco de la ley y respetando los derechos de los vecinos” o la declamación de su procura por “sostener la necesaria coherencia conceptual, legal y organizacional entre la doctrina de seguridad pública, el código penal, el código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires, los códigos de contravenciones y faltas provincial y de faltas municipales, las exigencias políticas y las necesidades de la comunidad” caen en saco roto. Aunque tal vez debiera comprenderse que las mentadas exigencias y necesidades son, en realidad, el negocio del propio De la Torre y su sucesor, al servicio del macrismo.