Por Pablo Dipierri
“Bronca” y “preocupación” son las dos palabras que más se escucharon en las trincheras combativas del movimiento obrero argentino, en vísperas del 1° de mayo. La firma estampada sobre el acuerdo tripartito en el Consejo del Salario Mínimo por los líderes de los sectores sindicales que resistieron al macrismo no diluye el malestar ante la desautorización que sufre la Casa Rosada frente a los empresarios y sus vacilaciones frente a la necesidad de darle mayor énfasis a la reactivación económica.
El aumento del 35 por ciento en 7 cuotas “está lejos de lo que haría falta para que el salario mínimo, vital y móvil recuperara todo lo que perdió”, admitió el secretario general de la CTA y diputado por el Frente de Todos, Hugo Yasky, en declaraciones a FM La Patriada, y agregó que durante el mandato de Cambiemos se perdieron 30 puntos “que no se pudieron recuperar el año pasado por efecto de la pandemia”. Cerca suyo, conceden que el gremialista docente puso el gancho con los dientes apretados, como si tragara tierra y saliva, después de haberse cruzado en duros términos con el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja.
El capitoste de las alimenticias pidió la palabra durante el mitin que el martes congregó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, las centrales sindicales y las patronales para decir que no aceptaba la cláusula gatillo. El legislador no sólo exigió que se incluyera esa herramienta sino que también reclamó “controles a los formadores de precios”. “A Funes de Rioja no le gustó que Yasky pidiera por las Pymes y señaló que el sector empresario definía quién lo representaba”, ilustraron desde la CTA.
Para el oficialismo, no hay honor en erguirse después de haber sellado el acuerdo para que el salario mínimo llegue a 29160 pesos en enero de 2022, sobre todo porque el presupuesto 2021 proyectaba una inflación del 29%, el Ministerio de Economía estira ahora el pronóstico al 42% y los sojeros reclaman una nueva devaluación sentados sobre sus silobolsas. Este cronista consultó por la especie al titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, a quien se atribuye haber cursado un memo en el que se afirmaba que sólo se liquidaría la parte de la cosecha equivalente a los costos de siembra pero aguardarían al resultado de las elecciones para la venta del resto. El empresario negó que existiera el documento escrito pero no desmintió que la estrategia de los actores del agronegocio se ubique en esa tesitura.
Los datos del comercio argentino indican que en 2020 las exportaciones cayeron 15,7% y las importaciones 13,7% con respecto a 2019. Así, el superávit se ubicó en 12.530 millones de dólares el año pasado, mientras que el saldo comercial para el primer trimestre de 2021 rondó los 1.000 millones de dólares mensuales durante los dos primeros meses del año y se redujo a 400 millones durante marzo, como consecuencia del notable incremento de las importaciones. Si bien el Palacio de Hacienda consigna como un ítem auspicioso el crecimiento interanual a partir de enero pasado, el centro de estudios CIFRA-CTA advirtió que “la suba se sustentó en el aumento de los precios de exportación más que en un incremento de las cantidades que podría generar un aumento de la actividad a nivel local”. “Mientras el incremento en los precios de la canasta de exportación total durante los tres primeros meses del año fue de 12,8% interanual, las cantidades apenas aumentaron el 2%”, aseveró en su informe de coyuntura N° 35.
Publicado esta semana, ese relevamiento recogió el cierre de más de 40 mil empresas y el incremento del desempleo como tópicos que demandan urgente atención por parte de la Casa Rosada. “Desde diciembre de 2017 a noviembre de 2020 se registraron 43.056 empleadores menos, que representan el 7,6% de las empresas que estaban registradas en diciembre de 2017”, reseñó el documento, y precisó: “Durante la crisis de 2018-19, la reducción neta alcanzó a 22.083 firmas, un registro similar al que tuvo lugar en 2020 (-20.973)”.
Por otro lado, graficó el efecto serrucho de la tasa de empleo entre el segundo trimestre del año pasado, cuando los ocupados bajaron del 43,0% al 33,4% de la población entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo de 2020, y el ascenso que se dio a partir del tercero hasta llegar al 40,1% durante el cuarto trimestre. Al tiempo que sus autores, Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, aclararon que se trata de un nivel que es casi 3 puntos porcentuales inferior al del cuarto trimestre de 2019, reconocieron también que “en el cuarto trimestre de 2019 los desocupados eran el 8,9% de la población económicamente activa, treparon al 13,1% en el segundo trimestre de 2020 y descendieron hasta el 11% en el marco de la recuperación del cuarto trimestre”.
Las alarmas se encienden, además, porque más allá de la recuperación de 3 millones de empleos en el segundo semestre del año anterior la pandemia destruyó 1,1 millones de puestos con respecto a igual período del 2019. Sin embargo, el 40% de los puestos de trabajo que se generaron desde que asumió Alberto Fernández constituye empleo precario o, en la jerga del Indec, subocupados demandantes de empleo: la tasa de subocupación acredita un 15,1% a diciembre pasado e que incrementa la informalidad.
Milonga del olvidao
En la marejada de la desocupación y la caída del poder adquisitivo, el sistema mediático opositor tiene siempre a mano el estigma más nocivo para un gobierno popular: la acusación del ajuste. La dificultad actual estriba en que la imaginación teórica se ha vuelto yerma y los economistas heterodoxos más prestigiosos confiesan, desde la irrupción y el estrago del coronavirus, que las recetas del kirchnerismo en sus albores no aplican para los desafíos de esta hora.
En ese trance, se han hundido en disquisiciones sobre la caracterización del ajuste, sus concepciones y aplicaciones, sus alcances y legitimidades, resbalándose en concesiones semánticas arenosas que podrían redundar en derrotas políticas. Ese itinerario del razonamiento omite que la acción contractiva imputable al Estado vale cuando las decisiones gubernamentales diseñan recortes de partidas o transferencias de ingresos de un estamento social a otro. En todo caso, el rigor ideológico para esta etapa debiera desplazar el debate hacia el campo de la puja distributiva, donde a las claras los sectores populares pierden pero no por defecciones del gobierno del Frente de Todos sino por la recomposición de la clase dominante y la permeabilidad política del diálogo y el consenso que demora la agenda de la campaña electoral que eyectó a Mauricio Macri. Aunque el relato periodístico pretenda empardarlos, no es lo mismo Patricia Bullrich blandiendo el cuchillo la noche que amputó el 13 por ciento a los jubilados o la pléyade de funcionarios del gabinete económico macrista que la habilitación del Presidente al celo fiscal de Martín Guzmán.
Tal distinción se convierte en comprensión de las bases a pesar de las lesivas asignaturas pendientes. El mismo bamboleo inquietante sacude preguntas sobre los niveles de pobreza: luego del marcado descenso desde el 59,7% registrado en el segundo semestre de 2003 al 29,3% en el primer semestre de 2015, el Pro elevó los guarismos al 35,5% en 2019 y el Frente de Todos carga con la cruz de anotarse 42% a fines del atípico 2020.
Tras la zozobra experimentada por las presiones sobre el tipo de cambio tras el acuerdo del Gobierno con los bonistas, las corporaciones apostaron todo a la inflación. Como no pudieron empujar a Guzmán al abismo devaluatorio, fueron por los precios.
Según CIFRA, la inflación acumulada entre enero de 2020 y marzo de 2021 fue del 50,4%, al paso que los salarios aumentaron 33,2% en el mismo período. En ese lapso, el índice de precios al consumidor creció 38,5% y los precios de los alimentos y bebidas a nivel local lo hicieron 42,3%. “Los precios parecen alinearse con la variación del tipo de cambio que creció 51,8% entre enero de 2020 y marzo de 2021 (solo 1,4 puntos porcentuales más que el IPC en el mismo horizonte temporal), en tanto que los precios internacionales de los alimentos y bebidas que elabora el FMI mostraron un crecimiento de 15,3%”, apuntó el centro de estudios.
Bajo esa perspectiva, los consultores económicos de diversas extracciones políticas han recurrido a la idea de “inflación importada” para aludir al problema de la incidencia de la cotización de los commodities en la provisión de mercancías para consumo interno. El problema es que las medidas gubernamentales previstas para desacoplar el fetichismo global de las expectativas locales han sido esterilizadas por la derrota del kirchnerismo en manos de los ruralistas en 2008.
En ese marco, quizá carezca de sentido establecer si el Gobierno no sabe, no puede o no quiere. Las tribulaciones plebeyas, por lo demás, no obturan el apoyo todavía vigente a las políticas sanitarias: la penuria económica no diluye el miedo al contagio frente al tsunami en curso. Y si bien la literatura del rumor y las intrigas palaciegas narra pases de factura del gabinete de la Provincia de Buenos Aires al que orbita bajo la figura del Jefe de Estado, susurra pedidos de paciencia entre los que ven cómo se anuda el tándem entre Máximo Kirchner y Sergio Massa en el Congreso y divulga en off la soledad y el ensoberbecimiento de Fernández en las cumbres institucionales del país, sometido los mangazos y los coscorrones de AEA y las demandas de los que lo votaron con hambre y sed, la pandemia amaga con reencauzar el rumbo.
Si cada cual elige su propia aventura, el camino se bifurca a fines de abril entre el sendero que conduce al valle de lágrimas porque el primer trimestre de 2021 se anotó la cucarda de haber sido el de menor déficit en 14 años de gobiernos kirchneristas o el que supone que la segunda ola de Covid19 y la cercanía de las elecciones de medio término obligarán al oficialismo a bajar la carga viral del fiscalismo con subsidios a las tarifas y asistencia con ingresos contantes y sonantes a los sectores vulnerables. Fernández y su vice, Cristina Kirchner, saben que su suerte depende de las vacunas y el asado.
