Por Pablo Dipierri
El imperialismo será un tigre de papel pero, tal como tipeó para un artículo que publicó en Página 12 el economista Andrés Asiaín, soberanía es tener dólares. Los dueños de la Argentina lo saben y, como preceden en organización a los sectores populares, se despacharon ayer con comunicados de prensa desde las entidades que apalancan su lobby.
Las tapas de Clarín y La Nación se manifiestan solícitas como eco de sus demandas. “El Poder Ejecutivo ha vuelto a incrementar la presión tributaria”, postuló la Asociación Empresaria Argentina (AEA) tras las medidas que anunciara el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.
En ese sentido, el sello que conducen el propietario de Techint, Paolo Rocca, y su par del diario más influyente del país, Héctor Magnetto, expresó que las resoluciones sobre la concesión cambiaria para la liquidación de la cosecha del agro y el incremento del impuesto PAIS para la adquisición de dólares con destino a las importaciones “impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas”.
Como si fingiera demencia, la UIA se sumó a la cantinela. “En este contexto, las últimas medidas impactan negativamente en la producción, limitando aún más el acceso a insumos necesarios para la industria”, esgrimió la entente fabril liderada por el abogado Daniel Funes de Rioja.
Asimismo, se licenció para criticar al gobierno en representación de las PyMES, cuya salud financiera augura un horizonte preocupante “a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación”. “Resulta fundamental evitar el sesgo antiexportador y las distorsiones de precios que generan estos esquemas que impactan aleatoriamente en las cadenas de valor”, aseguró.
En tanto, el Foro de Convergencia Económica, que se autopercibe como un núcleo que “reúne más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales”, según consta en una misiva de salutación oficial remitida al presidente Alberto Fernández tras su victoria en 2019, también criticó el herramental dispuesto por el Palacio de Hacienda. “El anuncio del Poder Ejecutivo sobre la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes agrega un peso adicional a la carga tributaria que agobia desde hace tiempo a las empresas y a los ciudadanos en general, trabando la actividad productiva y desincentivando la inversión privada”, consignó ese grupo que congrega desde la Amcham hasta las cámaras de comercio de Argentina con diversos países del mundo.
Los pronunciamientos citados funcionan como el trabajo rústico del utilero que recorre el rectángulo de césped con el tarro de cal para delimitar el campo de juego para el partido de fútbol. Por más concesiones que Massa extienda a los actores del poder permanente, su apetito es insaciable y siempre irán por más, sobre todo si huelen fragilidad en el gobierno de turno.
De ahí la agitación del tipo de cambio paralelo –o ilegal-, que subió más de 20 pesos desde la semana pasada y bajó 16 ayer, en una sola jornada, ubicándose en 536 por cada dólar vendido en las cuevas.
Si bien es cierto que hasta el cierre de este artículo faltaban precisiones sobre los alcances de las excepciones y los detalles de la normativa, la sincronización o habilidad de los técnicos del FMI y la burguesía nacional para correrle el arco al ministro y sus colaboradores no llaman la atención ni es obra de la casualidad. Dos confluencias equivalentes en el Congreso entre oficialistas y opositores ilustran con claridad la situación: por un lado, tanto en despachos encumbrados del peronismo en la Cámara de Diputados y en el Senado como entre los asesores en materia económica de la precandidata macrista Patricia Bullrich se afirma que el nuevo acuerdo con el Fondo no necesita tramitarse por el recinto parlamentario; y por otro, tanto el larretismo como los legisladores que militan la suerte de Juan Grabois prefieren no opinar sobre el entendimiento porque desconocen la letra chica.
Las confesiones de la ex ministra de Seguridad sobre sus chances de apelar a un blindaje, término traumático que remite el epílogo trágico del gobierno de Fernando De la Rúa, explican por qué el ala dura del PRO coincidiría con el kirchnerismo respecto de la intención de evadirse del control legislativo. Más allá de los argumentos técnicos que ponderan que la discusión en curso versa sobre adaptación de las metas, UxP sabe que naufragaría cualquier intento en el Congreso y sus opositores más acérrimos precisan que nadie los someta a la discusión pública cuando golpeen las puertas del FMI en Washington si prevalecieran en las urnas.
Los pícaros que recuerdan la letra del artículo 2º de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que se aprobó el año pasado, antes que se trizara definitivamente el Frente de Todos, quedan casi en soledad frente a los desesperados que hacen equilibrio en el angosto desfiladero hasta diciembre. No obstante, el historiador Alejandro Olmos suele repetir, entre el cansancio y la decepción, que no hubo un solo acuerdo con el FMI que pasara por el Congreso, salvo el de 2022.
En ese trance, Massa se mueve como un profesional de la política, sin banderas flameadoras y bajo el pulso de una época que se apaga. Lo que se alumbre después de las elecciones es todavía insondable.
